Vendedores ambulantes y capitalismo salvaje

Arremeter contra los vendedores ambulantes es atacar el eslabón más débil de la cadena y dejar impunes y en la sombra a quienes se aprovechan de su pobreza.

A mí siempre me produce un sentimiento ambivalente el desalojo de los vendedores ambulantes. Por un lado, siento una profunda solidaridad con las personas desalojadas. Por otro lado, me emociona el rescate del espacio público. El dilema parecería ser, entonces, entre el derecho al trabajo de familias humildes versus el derecho al tránsito de los peatones, la superación de potenciales focos de inseguridad y la recuperación de la estética urbana.

Si este fuese el dilema real, sin ninguna duda, yo estaría a favor de sacrificar lo segundo por lo primero. ¿Cómo negarles a personas de escasos recursos su medio de sobrevivencia? ¿Cómo condenar de hambre a familias pobres?  Sin embargo, he descubierto que se trata de un dilema que oculta otras realidades muy crudas e impactantes.

Para ello, decidí hacer un ejercicio muy simple: preguntarle a los vendedores ambulantes por el origen de sus mercancías y por la ocupación del espacio.

Con respecto a lo primero, es evidente que no todos los vendedores ambulantes venden lo que producen. Por ejemplo, aretes, collares o artesanías. La inmensa mayoría dependen de proveedores de todo tipo de mercancías que se lucran de manera criminal con la pobreza y el desplazamiento forzado. Les entregan al amanecer las mercancías (flores, frutas, dulces, helados, etc.) e, incluso artículos de contrabando (tenis, juguetes, cigarrillos, etc.) y así logran unas altas ganancias pues no tienen que pagar ni salud, ni prestaciones, ni gastos de oficina, ni servicios públicos, ni impuestos. Simple y llanamente les entregan a unas personas sus mercancías y éstas deben venderlas bajo el sol y la lluvia, sin baños públicos, sin horarios y sin ninguna protección laboral. Es decir, es el capitalismo salvaje en su expresión más depravada y criminal.

Pero, además, los vendedores ambulantes deben sacrificar parte de sus escasas ganancias pagando una renta a los mafiosos que controlan cada esquina de la ciudad para poder vender sus mercancías. O pagan o son agredidos y expulsados. Punto.

Es paradójico: pero, en muchas ocasiones, cuando defendemos el comercio informal no estamos protegiendo a los humildes vendedores de la calle, sino, a los criminales que los explotan por la comercialización de sus productos o por la ocupación del espacio. Es decir, no estamos en el fondo beneficiando al trabajador informal sino a sus depredadores.

En otras palabras, estos vendedores informales que muchos ven como unos ocupantes ilegales del espacio público y que, por lo tanto, deberían ser desalojados a la fuerza, no solamente son víctimas de la pobreza, sino, además, víctimas de una doble explotación económica y rentística.

Por ello, arremeter contra los vendedores ambulantes es atacar el eslabón más débil de la cadena y dejar impunes y en la sombra a quienes se aprovechan de su pobreza, debilitan  los ingresos de las ciudades al no pagar impuestos, le hacen una competencia desleal al comercio formal y, por tanto, limitan el crecimiento de empleos decentes.

A mi modo de ver para enfrentar las ventas callejeras y la ocupación del espacio público es indispensable, primero, poner en cintura a quienes están detrás de estas ventas informales y quienes se apropian por vía mafiosa de los espacios públicos. ¿Pero alguien investiga a estos empresarios en la sombra? Nadie. Es más fácil y menos riesgoso criminalizar al vendedor de la calle.

Sin duda, las medidas que están tomando muchas alcaldías del país en asocio con las Cámaras de Comercio son importantes: la reubicación de los vendedores en puestos fijos para que puedan evitar a las mafias del espacio público, ofrecimiento de locales apropiados, cursos de capacitación para que puedan reducir la sobreexplotación económica de los “empresarios en la sombra”, esfuerzos para ampliar las plazas de trabajo en el comercio formal, etc. O sea, un trato digno que debe complementarse con mano dura contra las sanguijuelas que viven de su trabajo.

Fuente:http://www.semana.com/opinion/articulo/eduardo-pizarro-vendedores-ambulantes-son-victimas-de-la-explotacion/464491

Política y Delincuencia

Los perseguidos-perseguidores

por ANTONIO CABALLERO

El propio Álvaro Uribe, cuando era presidente, les reconocía a los suyos esa proclividad al delito cuando les pedía con una risita cómplice votar sus proyectos de gobierno antes de que la justicia se los llevara presos.

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 Antonio Caballero Foto: León Darío Peláez

Dentro de tres semanas el fiscal Eduardo Montealegre termina su agitado periodo. Como regalo envenenado de despedida le deja al presidente Juan Manuel Santos el pastel del encarcelamiento por paramilitarismo del ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Montealegre, que es amigo del bombo y del espectáculo, deja prendida la mecha de sus fuegos artificiales, y se va a Alemania como embajador, dejando atrás sus

nóminas paralelas, sus contratos mirobolantes, el secreto de por qué se llama von Schwartzenberg la señora Springer. Y a un vicefiscal encargado que le cubra las espaldas, pues el presidente ha dejado pasar los días y los días sin presentar la obligatoria terna de nombres para su reemplazo. ¿Por qué? Otro misterio. Montealegre se va con sus maletas, y Santos se queda cargando y casi ahorcando al preso, como los pinta Osuna en El Espectador. Y para no verse involucrado en la probable condena le toca solicitar veedurías internacionales de todas las pelambres, y auxilio al mismísimo procurador, su enemigo. El cual por su parte pide la liberación del acusado porque “nunca se ha comportado de manera que demuestre algún deseo de evadir la justicia”. Lo cual es cierto.

Así que el veneno es para Santos, y el regalo es más bien para Uribe. Le sirve para reforzar su tesis (que acaba de exponer quejándose en el hombro de los Estados Unidos) de que aquí hay una conspiración del gobierno y la justicia para perseguir judicialmente por motivos políticos a él, a su familia (una cuñada y una sobrina han sido extraditadas acusadas de narcotráfico), y a su partido, el Centro Democrático. En cuanto se dio la noticia de la detención de Santiago Uribe los parlamentarios uribistas se declararon “en rebeldía” en el Congreso y se echaron a la calle con pancartas exigiendo la renuncia inmediata de Santos y denunciándolo por instaurar “un régimen de terror”. El exvicepresidente Francisco Santos aseguró con estridencia que el gobierno se comportaba como la mafia, ofreciéndole a la oposición “plata o plomo”. El senador José Obdulio Gaviria farfulló incoherencias tomadas de su maestro Schmit. La senadora Paloma Valencia lanzó una amenaza; “Por menos comenzó la Violencia política (de los años cuarenta y cincuenta)”. El propio Uribe anunció compungido que “reflexionaría sobre su tristeza”, y solo el domingo (hoy) hablaría sobre Santos y la independencia de la justicia. De paso, se quejó de que su teléfono está interceptado por la corte, como hace unos años lo estaban los de la corte por él.

La prueba que aducen los uribistas sobre el “ensañamiento” político-judicial contra ellos es, según la senadora Valencia, “el sentido común”. Su pregunta de batalla es: ¿por qué son tantos los uribistas perseguidos por la justicia? Y dan una lista impresionante de presos o de fugados del país “por falta de garantías”: los exdirectores del DAS Noguera y Hurtado, los exembajadores Arana y Montoya, los exministros Pretelt, Palacios, Uribito, los exjefes de la casa militar generales Buitrago y Santoyo, el exsecretario jurídico Del Castillo, los de la Presidencia Velásquez y Moreno, el ex alto comisionado Restrepo, el primo Mario Uribe (socio, al parecer, del hermano Santiago, y de convictos y confesos narcoparamilitares), el exdirector espiritual del partido, Hoyos. Y a esos perseguidos les suman los azucareros multados, Fedegán despojado, las víctimas de un posible apagón eléctrico, los niños guajiros que mueren de hambre y sed, la rebaja en la calificación de riesgo del país por las agencias norteamericanas, el fenómeno de El Niño, la caída en los precios del petróleo.

Pero la pregunta habría que formularla al revés: ¿por qué tantos uribistas son delincuentes? ¿Y acusados o condenados por tan diversos delitos? Peculado, homicidio agravado, prevaricato, cohecho, concierto para delinquir, falsas desmovilizaciones, paramilitarismo, trasteo de votos, chuzadas telefónicas…O de esta otra manera: ¿por qué tantos delincuentes son uribistas? El propio Álvaro Uribe, cuando era presidente, les reconocía a los suyos esa proclividad al delito cuando les pedía con una risita pícara que votaran en el Congreso sus proyectos de gobierno antes de que la justicia se los llevara presos. Todos rieron con él, con risotada cómplice. Y votaron. Y a continuación se los llevaron presos, o se fugaron del país.

Ahora denuncian indignados la persecución política, olvidando los días en que los perseguidores eran ellos.

Y alguien se cuela en la custodiada residencia del vicefiscal y le roba su computador personal y sus archivos. Tal vez no sea otro misterio. Sino simplemente otra casualidad.

Nota: sobre el caso específico de las acusaciones contra Santiago Uribe recomiendo la lectura del libro de Olga Behar El clan de los Doce Apóstoles. (Ícono Editorial).

Fuente:http://www.semana.com/opinion/articulo/antonio-caballero-uribismo-ahora-perseguido/464036