Informalidad laboral creciente. Formalizar, crecer, centralizar*

Fabio Alvarez Giraldo ** A propósito del 1° de mayo, no sorprende constatar que la tasa de sindicalización sea tan baja en Colombia, ante la fuerte desindustrialización. Pero la informalidad laboral es un lastre para la competitividad del país. Las presiones internacionales, la intermediación laboral ilegalizada y la búsqueda de mayor productividad, constituyen una oportunidad para que los trabajadores colombianos se organicen mejor. El 70 por ciento de los trabajadores en Colombia, casi 14 millones, no tiene una relación laboral de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo o las normas de la OIT. Ocho millones son trabajadores independientes o cuenta propia cuya responsabilidad de la afiliación a la seguridad social corre por su cuenta. Los otros seis millones son trabajadores subordinados, vinculados mediante las múltiples modalidades de la intermediación laboral, por fuera del Código Laboral, con lo cual se les desconoce sus derechos laborales y en especial la seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales. A la seguridad social a la que acceden, que es de muy baja calidad y cobertura, lo hacen sobre la base de su precario pecunio. Entre las formas de intermediación preferidas se destacan las Cooperativas de Trabajo Asociado, los contratos de prestación de servicios, la contratación a destajo, contratistas, outsourcing, entre otras. Estas formas precarias empobrecen a la población, evaden los aportes a salud y pensiones a cargo del gobierno y los empresarios, reduciendo de manera significativa los recursos para atender estas obligaciones. Así pues, esta informalidad laboral desconoce derechos y desatiende la seguridad social de la mayoría de los trabajadores. Hay sectores de trabajadores del sector público y privado en esta intermediación laboral. Tales como los trabajadores de la Red Pública Hospitalaria, tanto departamentales como municipales, agrupados en las múltiples CTA, así como también los más de 20 mil trabajadores portuarios, otro tanto en los corteros de caña; más de 30 mil trabajadores en la floricultura, mayoritariamente trabajadoras y miles y miles en la producción y extracción de aceite de palma, entre muchos, todos ellos presos de las variadas formas de la esclavitud moderna de la intermediación laboral en las CTA o contratistas que los superexplotan. Descenso de la afiliación sindical En la década del 70 del siglo anterior, la afiliación sindical llegó a ser hasta del 14 por ciento. A partir especialmente de 1990 derivado de la aplicación del modelo neoliberal, la continua violencia contra activistas y dirigentes sindicales, la aplicación de la intermediación laboral, la privatización, venta y liquidación de empresas, la aplicación de varias reformas laborales que impusieron la flexibilidad e intermediación laboral, las repetidas reestructuraciones del Estado, la imposición del sistema de nóminas paralelas, la violación de los derechos de asociación y de negociación, impulso de los pactos colectivos, se han venido eliminado las organizaciones sindicales, debilitando la afiliación sindical, la cual solo representa hoy el 4,5 por ciento. De esta manera se ha perdido mucha fuerza en las acciones sindicales. Dispersión sindical Los 850 mil trabajadores sindicalizados, se agrupan en tres centrales sindicales, CUT, CGT, CTC. En los últimos seis años se han perdido cerca de 100 mil afiliados, pero lo que es aún más grave, el número de sindicatos ha crecido de 2.600 a más de 2.800 sindicatos. Es decir, menos afiliados más sindicatos, con lo cual se acrecienta la atomización del sindicalismo y por esta vía, se profundiza la ya debilitada fuerza sindical. De las tres centrales. La CUT afilia a cerca de 550 mil trabajadores, de los cuales el 70 por ciento son servidores públicos, a los cuales en su mayoría se les desconoce el derecho a la negociación colectiva. V congreso de la CUT: centralizar Esta delicada situación a la que se ha llegado, no ha estado exenta de errores y desviaciones de los dirigentes y activistas sindicales. Frente a esto y todo lo anterior, el V Congreso de la CUT, realizado en agosto de 2006, debatió esta problemática y concluyó en la necesidad de tener más afiliados y menos sindicatos, para lo cual convocó a toda la CUT a centralizar la organización en grandes sindicatos de rama o actividad económica, dándose un plazo para ello de hasta seis años. Si hace cinco años estas conclusiones eran necesarias, hoy son absolutamente indispensables, todas las dificultades objetivas y subjetivas, que al respecto se mencionan, tales como las políticas neoliberales y antisindicales de gobierno y empresarios, la flexibilización, la inestabilidad laboral, el burocratismo, el egoísmo patrimonial, los fueros sindicales, entre muchos, deben ser superados elevando la conciencia política de afiliados, activistas y dirigentes. Especialmente será conveniente derrotar la contracorriente que en la CUT, oponiéndose a las conclusiones del V Congreso de la CUT, promueven los sindicatos de empresa o las federaciones. Formalizar y crecer Formular una política de crecer en afiliación tal como lo ha señalado la CUT en el último año es muy provechoso, pero si ello no va aparejado de un proceso de centralización en sindicatos de rama, se agravaría la dispersión y sería un esfuerzo que no superaría nuestra actual debilidad. No se puede, entonces, contraponer el crecimiento a la centralización, ni mucho menos crecer abandonando la centralización. En este sentido la experiencia de Sintrainagro y Fecode, que actúan como sindicatos de rama, debiera ser siempre los ejemplos a seguir, de cómo se puede crecer de mejor manera estando centralizados. Obvio que en este punto se vuelve determinante la política y táctica que adopte el sindicato de rama para atraer y atender los intereses del sector de trabajadores que representa. Hoy tenemos una oportunidad para el crecimiento en la afiliación sindical, contenida en desarrollar una política de formalización laboral, que eliminando la perversa intermediación nos permita recuperar el contrato de trabajo. Para ello, debemos exigir al gobierno y los empresarios, el cumplimiento, entre muchas, de la Sentencia C-614 de 2009 de la Corte Constitucional, que ordena que todo empleo permanente en la administración pública debe ser vinculado a las plantas de personal y por consiguiente, deben acabarse todas las nóminas paralelas, que en el sector público sobrepasan los 300 mil trabajadores, de lo cual se conoce por ejemplo: los 23 mil instructores contratistas en el SENA, donde solo hay tres mil de planta, los 24 mil contratistas de Ecopetrol, frente a los cuatro mil de planta; los más de 40 mil contratistas en el Distrito de Bogotá, etc. Así mismo, reclamar la formalización laboral de los cerca de millón 500 mil trabajadores que están en las perversas CTA, exigiendo la aplicación del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que elimina las Cooperativas de Trabajo Asociado, para que todo empleo misional y permanente, tanto en el sector público como privado, sea vinculado directamente mediante contrato de trabajo, con lo cual podríamos constituir y fortalecer los sindicatos de rama en el sector de la salud, la agroindustria (caña, aceite, flores), los puertos, la minería, entre otros. Adicionalmente, en este mismo sentido, la Misión de Alto Nivel de la OIT, que nos visitó en febrero de 2011, se pronunció demandando del gobierno se aplique la prohibición de la intermediación laboral de las CTA y se sancione la violación del derecho de asociación y negociación, por parte de los empresarios que promueven los pactos colectivos o formas análogas. De esta manera, esta lucha por la formalización laboral, podrá abrir una positiva influencia dentro de los trabajadores que nos permita crecer, pero necesariamente debe ir acompañada de la constitución y fortalecimiento de los sindicatos de rama o actividad económica. *Artículo Publicado en la Revista ALAI, América Latina en Movimiento **Fabio Arias Giraldo es Fiscal Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores Fuentehttp://razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1997:informalidad-laboral-creciente-formalizar-crecer-centralizar&catid=26:recomendados&Itemid=356

Regalías en el país de Simón el bobito

Fernando Mosquera Zuñiga * ¿Quién podrá defendernos? La historia de las regalías que recibe el país por gas y petróleo es una muestra de nuestro apocamiento y dependencia. Según donde quede el mar ¿Qué son las regalías? La respuesta está al alcance de todos: son la contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de un recurso natural no renovable, cuya producción se extingue con el transcurso del tiempo. Por lo tanto, forman parte de la renta del suelo y constituyen un beneficio económico importante para el Estado y sus entidades territoriales. Estamos, sobra decirlo, dentro del marco jurídico heredado del derecho romano y español, en el cual el Estado (Colombia, Bolivia, Ecuador, México y Venezuela, entre otros) es dueño del subsuelo y del aire. Otra cosa ocurre en el derecho anglosajón, donde el Estado (Inglaterra, Noruega, Estados Unidos, entre otros) no es dueño del subsuelo ni del aire y, por ende, el petróleo es privado y son las compañías las que cobran impuestos por su exploración, explotación y comercio. Las regalías se establecen por primera vez en forma oficial en la Ley 141 del 28 de junio de 1994, en la que se señala el porcentaje para cobrarlas. Antes de esa norma, eran variables, entre un mínimo del 2 por ciento y un máximo del 15 por ciento. La tabla se aplicaba de acuerdo con la distancia entre los yacimientos y el mar. La ley 141 acabó con esa diferencia y, aparte de las reglas para su liquidación, distribución y utilización, fijó un común 20 por ciento. El juego de los porcentajes Con la Ley 619 de 2000, el gobierno de Andrés Pastrana intentó modificar la Ley 141 de 1994, y estableció un porcentaje variable entre el 5 y el 25 por ciento, considerando ya no la distancia al mar sino el promedio de volumen diario de producción de cada campo. Pero la disposición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en el año 2001. En su informe de gestión, el contralor general de la República, Carlos Ossa Escobar, había señalado que a pesar de que "el gobierno argumentó para sustentar [la fórmula] que el objetivo era incentivar la contratación petrolera y así ampliar el nivel de reservas y acrecentar los ingresos por regalías a los entes territoriales, su esquema de liquidación final no coincidió con su intención, ya que el efecto de dicha ley representó una disminución efectiva de más de diez puntos porcentuales sobre el anterior régimen de regalías". En un segundo intento, el artículo 16 de la Ley 756 del 23 de julio del 2002 modificó la Ley 141 estableciendo un porcentaje variable entre el 8 y el 25 por ciento, teniendo en cuenta el promedio de volumen diario de producción de cada campo. En la montaña R-USA Para la liquidación de las regalías se tienen en cuenta varios factores: La producción de hidrocarburos (petróleo y gas) en un mes determinado; El porcentaje de regalías (según la Ley 141 de 1994 el 20 por ciento, y la Ley 756 de 2002, del 8 al 25 por ciento); El precio del petróleo (US$ / barril) ó gas (US$ / KPC, o pies cúbicos de gas); La tasa de cambio promedio para establecer el valor en pesos. Al tratar de aplicarlo, este último punto se convierte en un galimatías: A mayor producción de hidrocarburos, mayor valor de regalías en pesos, y lo contrario; A mayor porcentaje de regalías, mayor valor de regalías en pesos, y lo contrario; A mayor precio de los hidrocarburos en dólares, mayor valor de regalías en pesos, y lo contrario. Por ende, al aumentar la tasa de cambio (devaluación, más pesos por un dólar), habrá un mayor valor de regalías en pesos, y lo contrario (revaluación, menos pesos por un dólar). Toda una montaña R-USA. Lo que pedimos, lo que dan Si, como propusieron los verdes en la campaña electoral, la educación debe financiarse con las regalías, lo más lógico sería regresar del actual 8 por ciento al 20 por ciento de la ley 141. Aunque es insólito que los colombianos nos empeñemos en esta discusión, cuando se sabe que las compañías están dispuestas a aceptar el 25 por ciento por contrato firmado. Veamos las cifras de 2002, comparándolas con las de 2010 2002: Valor de las regalías en pesos: Producción de barril/mes, por regalías del 20 por ciento, por el precio del petróleo (US$ 28.34), por la tasa de cambio ($2.751.23) = $15.593.97 de regalías por barril; 2010: Valor de las regalías en pesos: Producción de un barril, por regalías del 5 por ciento, por precio del petróleo (US$ 78), por tasa de cambio ($1.950) = $7.605. La diferencia contra el país y las finanzas territoriales es de $7.988.97, lo que equivale al 51.23 por ciento. ¿Qué tal? Eso quiere decir que estamos dejando de percibir más de la mitad de nuestros ingresos potenciales por regalías de petróleo crudo. ¿Qué tal, entonces, si le agregamos las regalías del gas, definidas entre un 60 y un 80 por ciento de las del petróleo? Si la producción de crudo en el 2002 era de 500 mil barriles al mes, y se recibían $15.593.97 como regalías por barril, el ingreso para el país llegaba a ser de $7.796'985.000 pesos mensuales. En el 2010 es de 500 mil barriles al mes, y se reciben $7.988.97 como regalías por barril, lo que da un ingreso para el país de $3.994'485.000. Grosso modo, estamos perdiendo en regalías petroleras $3.802'500.000 mensuales, y, en un año, $45.630 millones. ¿Cuántos proyectos de beneficio social podrían adelantarse con ese dinero? De fondo en fondo Debido al temor de la "enfermedad holandesa" se crearon varios fondos para conjurar el peligro: Fondo Nacional de Regalías, FNR, creado por ley 141 del 28 de junio de 1994, para la distribución y uso de las regalías indirectas; Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, FAEP, creado por ley 202 del 30 de agosto de 1995, para manejar las pensiones de ECOPETROL S.A.; Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, creado por ley 549 de 1999, para manejar las pensiones de los entes territoriales y del magisterio; Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, FEPC, creado por ley 1151 de 2007, por el cual el Estado financia el subsidio a los combustibles y las cuentas en dólares en bancos extranjeros manejadas sin ningún control fiscal por las direcciones de las empresas del Estado parcialmente privatizadas. De verdad que estamos súper vacunados contra ésta y contra cualquiera otra enfermedad que se atreva a atacarnos. Juego limpio Del 2002 al 2010, las condiciones económicas y energéticas cambiaron. En efecto, el petróleo llegó a su cenit en cuanto a producción y reservas explotables de yacimientos a bajo costo, lo cual se ha reflejado en un mayor precio del producto, determinado por la renta del suelo de los yacimientos menos productivos, más pequeños, más lejanos, más profundos, más pesados y más contaminantes, aparte de un procesamiento más costoso. Es el momento de recuperar nuestra dignidad y soberanía controlando nuestros recursos energéticos y mineros. No es demasiado exigirle a las multinacionales, al imperio y al sistema capitalista, que nos dejen jugar en nuestra cancha y con nuestro propio balón. * Profesor y director de Postgrados de la Universidad Cooperativa de Colombia, con sede en Barrancabermeja. Fuente:http://razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1151:regalias-en-el-pais-de-simon-el-bobito&catid=20:economia-y-sociedad&Itemid=29

Derecho a la salud versus economía de la salud

Ivan Jarmillo Perez * El último fallo de la Corte Constitucional revoluciona el servicio de salud pero agrava el dilema entre la cobertura universal de calidad y la financiación del sector, como demuestra el conocido especialista en este breve artículo. La gran ambigüedad Según los Artículos 48 y 49 de la Constitución de 1991, la salud es un "servicio público de carácter obligatorio... que se prestará... en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad... (y al cual) todos los habitantes tienen un derecho irrenunciable". De aquí resulta que la salud es un derecho de todos los ciudadanos, pero también es un servicio que debe ser prestado de manera eficiente por "entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley". Con estas palabras, la propia Constitución somete la prestación del servicio de salud a la lógica de las actividades económicas, y ya sabemos, según la célebre definición de Robbins, que "economía es la ciencia que analiza el comportamiento humano como la relación entre unos fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos"[1]. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por supuesto usan los recursos escasos que reciben, no sólo para el fin altruista de atender a los usuarios, sino para el uso alternativo de obtener ganancias. Como cualquier empresa privada (o incluso como una empresa pública) la EPS trata de "reducir al mínimo" el uso de los servicios para "maximizar las utilidades". Dentro de los límites que les imponen la competencia y las regulaciones estatales, las EPS tienden a sacrificar al usuario en beneficio de sus propietarios. Pero mientras la lógica económica les da la razón a las EPS, el derecho a la salud de los afiliados no conoce límites, y los demandantes de servicios buscarán a toda costa maximizar su bienestar, pues en eso consiste el goce del derecho a la salud. La tutelitis Para solucionar ese impasse, la puerta falsa que encontró el sistema creado por la Constitución y desarrollado por la ley 100 de 1993, fue la acción de tutela. Los administradores económicos del sistema, entre ellos el propio Ministerio de Protección Social, obviamente tuvieron que adoptar un mínimo, el llamado Plan Obligatorio de Salud (POS), cuyas definiciones y escapatorias permiten negar ciertos servicios y administrar "eficiente" o "económicamente" los recursos escasos. Para salvaguardar de un lado el derecho de los usuarios y del otro el presupuesto limitado de las EPS, se abrió la puerta falsa de las tutelas, que filtran el derecho y transfieren el gasto a las cuentas del Estado en cabeza del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) - quien debe reembolsar a la EPS el sobrecosto respectivo. Es más: también los recursos del FOSYGA son "escasos" y los usos son "múltiples", de suerte que sus fondos ayudan a financiar la deuda pública mediante la compra de Títulos de Tesorería (TES). En estas circunstancias, en el FOSYGA se han represado cuentas por cobrar de las EPS en el orden de los 600 mil millones de pesos, lo cual mantiene al borde de la quiebra a estas entidades (la suma equivale a la valor de la utilidades obtenidas por todas las EPS en los últimos años). La sentencia de la Corte El más reciente fallo de la Corte Constitucional (Sentencia T-760 del pasado 31 de Julio) define nítidamente la salud como un derecho fundamental y además convierte a la demanda específica de servicios en parte principal de ese derecho. Al mismo tiempo, sin embargo, y aunque hace múltiples recomendaciones acerca de la operación del sistema, el fallo de la Corte no pone en entredicho el principio de "administración económica" de los servicios ni el papel central que corresponde a las EPS. En otras palabras, aunque mantiene la ambigüedad, la sentencia de la Corte acentúa el componente de "derecho a la salud" sobre el concepto de "economía de la salud". Menos tutelas En forma discreta y poco a poco, la Corte Constitucional quiere cerrar la puerta falsa de las tutelas que filtran las demandas. Pare ello traslada la decisión, sobre asuntos que no están definidos claramente en el Plan Obligatorio de Salud, a una instancia con conocimiento médico - el "Comité Técnico Científico" (CTC) de la EPS- en vez de acudir al juez que carece de formación médica. Si el mecanismo funciona quizás disminuyen las tutelas. Pero no así los recobros de las EPS al FOSYGA por los costos de servicios que van más allá del POS y que sean autorizados por los CTC. Con todo, la situación de las EPS mejorará con la sentencia, pues ella ordena al FOSYGA el pago inmediato de al menos la mitad del valor de las facturas presentadas por ellas. Más igualdad El otro componente dramático de la sentencia T-760 es la "igualación progresiva del derecho a la salud" mediante la convergencia progresiva entre el POS del régimen contributivo y el POS del régimen subsidiado. En otras palabras: las personas que no pagan por su seguro de salud irán teniendo derecho a los mismos beneficios que reciben quienes pagan por el seguro. Pero la sentencia de 441 páginas no dice de dónde saldrá en dinero para garantizar esa igualdad. El choque sigue Lo cual nos trae otra vez a la tensión entre el "derecho igual" a la salud y la gestión económica de la salud con "recursos escasos". Inicialmente, cuando se igualen los POS de los niños, no se sentirá el problema; pero ¿qué ocurrirá a medida que los plazos avancen y la igualación tienda a ser completa? Si no hay mas plata... la igualación será nominal, pero el ajuste se dará mediante nuevas e "ingeniosas" restricciones a los servicios (colas como las del viejo ISS) o peor aún, mediante el deterioro de la calidad (medicación a base de aspirina). Y el choque se agrava Pero viene lo peor: dentro de una economía de mercado no pueden coexistir un Plan de Salud pagado por el usuario (régimen contributivo) y otro Plan con el mismo contenido por el cual no hay que pagar (régimen subsidiado). Desde el siglo XVI existe en la economía la llamada "ley de Gresham"[2] según el cual, " cuando una unidad monetaria depreciada está en circulación simultáneamente con otras monedas cuyo valor no se ha depreciado en relación con el de un metal precioso, las monedas depreciadas y por tanto menos valiosas, serán las que circulen, la "buena" se ahorra y a largo plazo, desaparece de las transacciones". Guardando las proporciones del caso, si circulan simultáneamente un POS por el cual hay que pagar y un POS gratis de igual contenido y calidad, acabará por desaparecer aquel por el cual hay que pagar. Dos ejemplos históricos. La Revolución Sandinista hizo la igualación súbita y por ley de los Planes de Salud para todo el mundo y el ISS nicaragüense (régimen contributivo) se quebró. Lo mismo ocurrió en Brasil con la revolución de la "izquierda sanitaria" al crear un seguro único y universal. Al final quien ganó la fue la medicina prepagada, porque los contributivos (que exigían un régimen diferencial de atención) se pasaron a ella (Brasil tiene las empresas de medicina prepagadas mas grandes de América Latina, mayores incluso que las de Chile). Es necesario prever entonces un cambio radical: o se elimina de entrada el régimen contributivo y la salud se financia con impuestos generales, o se "elimina" el régimen subsidiado como existe y se le exige a toda la población contribuir en proporción a su ingreso. Son las lecciones de la historia y no nuestro deseo de igualdad, el cual seguimos profesando y deseando, pero sin caer en engañosas ilusiones. *Magister en Administración Pública, CIDE, México. Ha sido Secretario General del Fondo Nacional Hospitalario y Coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud. Consultor internacional, investigador, docente universitario y autor de varios libros sobre el sector(ijaramil@cable.net.co) Notas de pie de página [1] Lionel Charles Robbins, Baron Robbins (1898 - 1984) fue un economista británico que propuso una de las primeras definiciones contemporáneas de economía. [2] Cuando Sir Thomas Gresham manifestó este hecho, no desarrolló ninguna formulación teórica de su idea, y no fue hasta finales del siglo XIX, cuando este principio comenzó a conocerse como la "ley de Gresham". Fuente: http://razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288:derecho-a-la-salud-versus-economde-la-salud&catid=20:economia-y-sociedad&Itemid=29

Precio de los alimentos, pobreza y seguridad alimentaria

Alfredo Sarmiento Los grandes damnificados con el aumento del precio de los alimentos son los pobres, pero hasta una economía como la colombiana puede aplicar remedios, dice el experto en desarrollo humano y autor de múltiples estudios sobre la pobreza. ¿Qué significado y qué efecto tiene el aumento inesperado e incontrolado del precio de los alimentos? ¿Quiénes se benefician y quiénes pierden? La respuesta es compleja, no sólo porque el problema involucra múltiples actores, sino porque depende del horizonte de tiempo que se considere, y porque el futuro se afectará tanto por las circunstancias externas a Colombia como por las políticas que aplique el país ahora. El crecimiento desbordado del precio de los alimentos no tiene como única explicación el aumento de la capacidad adquisitiva de los gigantes asiáticos (China e India); también ha sido impulsado por el imparable encarecimiento de los combustibles. Este último no sólo afecta el costo de los insumos químicos para la siembra y el control de plagas, sino que ha venido acompañado de la sustitución de cultivos en grandes porciones de tierras de buena calidad, que antes producían alimentos y que ahora reciben subsidios para que sus cosechas sirvan como insumos de la producción de biocombustibles, como una dudosa fórmula de reducir la contaminación ambiental y cuyos efectos sobre los precios de los combustibles fósiles no han sido hasta ahora perceptibles. Los pobres son los más afectados Según el DANE[i], entre junio de 2007 y junio de 2008 el crecimiento global de precios fue de 7.18 %, en tanto que el precio de los alimentos aumentó 11,98 %, para el promedio de la población. Los promedios no nos dicen, sin embargo, todos los aspectos importantes de la situación: la variación de precios para los hogares de bajos ingresos fue de 14.18%, casi el doble del crecimiento de todos los precios. (Los hogares pobres son la mitad de los hogares del país, pero reciben tan sólo la sexta parte del ingreso total de los colombianos). Las cifras anteriores son elocuentes: el aumento en el precio de los alimentos afecta más a los pobres e intensifica la desigualdad. Afecta más a los pobres, no sólo porque son ellos quienes gastan mayor porcentaje de sus ingresos en alimentos, sino también porque los artículos que mayor incremento han tenido son precisamente los que ellos consumen. Si además se considera que el salario mínimo en el último año creció en menos de la mitad del índice de alimentos, podemos asegurar que en Colombia se ha producido un aumento en el número de familias y personas pobres. Las cifras sobre pobreza que ha producido el DANE para los dos últimos años aún esperan el juicio sobre los efectos del cambio de metodología. Sin embargo, por la misma definición de la pobreza extrema, como el ingreso necesario para que las personas puedan adquirir los alimentos para asegurar la nutrición mínima, el efecto es importante tanto sobre el número de pobres extremos, que era 14 % en 2005[ii], como sobre la ampliación de la brecha del ingreso que les faltaría para salir de la condición de pobres extremos. El problema no ha sido sólo para Colombia. Ha tenido impactos importantes en América Latina, aumentando notablemente ese impuesto forzado que se llama la tasa de inflación, porque afecta principalmente a los más pobres. El efecto sentido por los latinoamericanos ha sido más claro a través del precio de los alimentos que a través del encarecimiento de los combustibles, puesto que, en la mayor parte de los países, se dan grandes subsidios al precio de la gasolina, destacándose los casos de Venezuela y Ecuador. En Colombia se viene ajustando paulatinamente, pero dada la velocidad del aumento en el precio internacional, el subsidio aún significa una importante proporción del costo. Y la tendencia es igual en otras partes del mundo. Según un reciente artículo de dos investigadores del Banco Mundial[iii], "al analizar las encuestas de hogares de nueve países de bajos ingresos, se encuentra que los efectos de aumento de los precios de bienes básicos sobre los pobres difiere considerablemente por país y por bien; pero, es más frecuente que la pobreza aumente... El reciente gran incremento en los precios de los alimentos probablemente aumenta substancialmente la pobreza de todos, en los países de bajos ingresos". Además, recuerda que "un estudio de Ravaillon y Datt[iv] sugiere que un aumento en la tasa de inflación de 3 % incrementa el porcentaje de pobres en 1.2 puntos porcentuales". El desmedido aumento en el precio de los combustibles ha contribuido además a la coyuntura depresiva en los Estados Unidos, que también afecta a América Latina y a Colombia, aunque en el corto plazo no haya arrastrado, ni al continente ni al país, con la misma fuerza que lo hizo en recesiones anteriores. Las estimaciones de la tasa de crecimiento para el continente se siguen manteniendo un poco más altas que el 4.3 promedio del año pasado, según el Banco Mundial, y el efecto directo sobre el crecimiento colombiano sería pequeño[v]. Pero, si bien el alza en los precios del petróleo ha afectado principalmente a los países no productores como son Centro América y el Caribe, el impacto sobre la inflación y especialmente sobre los alimentos se convierte en el reto principal para el manejo de nuestra economía.[vi] Las apreciaciones más optimistas sugieren que América Latina en general y Colombia en particular han adquirido lo que el Banco Mundial llama "un sistema inmunológico bajo prueba"[1], que ha enfrentado en esta coyuntura la disminución de actividad en Estados Unidos, manteniendo posibilidades de crecimiento disminuidas pero positivas. Sin embargo las alertas se están dando en el peligro, ya presente, de una inflación que empieza a generalizarse en la región, y en una tendencia comercial que prioriza la producción de biocombustibles sobre la de alimentos. Se puede dar con alta probabilidad un efecto indirecto sobre la economía colombiana que la afecte de manera significativa, como respuesta a "un choque de crecimiento en Venezuela y Ecuador y a los términos de intercambio", alertan los investigadores del Banco de la República[1]. Las causas y los remedios Las discusiones internacionales sobre cuáles son las causas y los remedios para esta situación se han basado en argumentos que reflejan, en algunos casos, los intereses de quienes los formulan y, en otros, una auténtica preocupación por hallar soluciones. Por supuesto es necesaria una movilización urgente para atender a los más pobres que se ven literalmente enfrentados a morir de hambre. Es el reto que en el plano mundial enfrenta la FAO, que busca movilizar 24.000 millones de dólares -a precios de 2002 - de ayuda internacional, de los cuales 5.000 millones serían para transferencias directas a personas con hambre y "19.000 millones para combatir el problema de la desnutrición y la pobreza rural, impulsando el crecimiento agrícola y la productividad en las zonas rurales"[vii]. Es importante resaltar dos elementos de la propuesta de la FAO. En primer lugar, la lucha contra el hambre se basa en un compromiso ético universal; en el mundo actual "es una vergüenza moral que 840 millones de personas pasen hambre", y así lo reconocen formalmente 185 naciones en la Cumbre Mundial de 1996 y en el compromiso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En segundo lugar, hay suficiente conocimiento para lograr esta meta, pero se requiere construir y cumplir reglas de juego que den prioridad a la lucha contra el hambre, que es la peor expresión de la pobreza, tanto en el plano mundial como en las políticas nacionales. Desde noviembre de 2001 se ha intentado convertir esta propuesta en realidad, en la Ronda de negociaciones de Doha de la Organización Mundial del Comercio, con 149 países. Pero no se logró cumplir el cometido, al menos en los plazos previstos. La Ronda se suspendió transitoriamente con acusaciones mutuas entre Estados Unidos y Europa, por no haberse puesto de acuerdo sobre cómo reducir las barreras comerciales para los países en desarrollo. Y hace unos días, en Ginebra, finalizaron las negociaciones con enfrentamientos entre China, India y Brasil, de un lado, y Estados Unidos y Europa, del otro lado. Las diferencias en torno a las soluciones se basan en el tipo de causas identificadas. La discusión es un reflejo de la complejidad de un problema que responde a múltiples causas y se manifiesta de diferentes maneras en cada país. Un factor claro es el aumento de la demanda, en un volumen poco previsible hace dos decenios, debido a los dos gigantes asiáticos, China e India, que han mejorado su nivel de vida y hoy demandan más granos y más carne. Además los periódicos problemas del clima que se han agudizado en los últimos años, podrían explicar una oferta deficitaria en coyunturas de corto plazo. Sin embargo, el aumento por esta causa está bien por debajo del impacto de la nueva demanda por biocombustibles, demanda que compite con la alimentación de las personas. Todo depende de que existan tierras sobrantes para los cultivos de alimentos. Si así fuera, la solución sería lograr un ajuste gradual para impedir que una masiva utilización de tierras para los biocombustibles afecte la oferta de alimentos con sus indeseables efectos sobre pobreza y equidad. En este caso, la situación se convierte en una oportunidad para los exportadores netos del grano. No obstante, este no parece ser el caso para el mediano y largo plazo. Los daños que se han hecho al ecosistema ponen un límite a la tierra utilizable y a la forma de explotarla. Además, cada vez se escuchan más voces de alerta sobre el hecho de que el impacto ambiental de los biocombustibles puede acabar siendo negativo pues no logra reducir la contaminación ni reducir la demanda de los combustibles fósiles. Una riqueza para unos pocos que se construye sobre el daño para muchos. Definitivamente se requiere una decisión ética universal sobre la prioridad humana de las finalidades de la actividad económica[viii]. Otro aspecto de la discusión, que también pone en evidencia la necesidad de reglas universales y nacionales para favorecer la producción y distribución de alimentos, es la existencia de regulaciones que restringen el comercio libre. Hasta ahora la presión de los países desarrollados ha logrado disminuir notablemente los aranceles que protegían la producción nacional de los países en desarrollo. Sin embargo, uno de los puntos de desacuerdo de la ronda de Doha es la afirmación de los países en desarrollo de que los subsidios a los agricultores de Estados Unidos y la Unión Europea y las barreras (aranceles, limitaciones cuantitativas, cuotas y prácticas restrictivas disfrazadas de controles) deprimen la producción y los ingresos de los países más pobres. La respuesta suele ser una defensa del mercado libre. Dado que la población que se dedica exclusivamente a la agricultura tiende a ser una proporción cada vez menor de la población, es fácil afirmar que los vendedores netos son menos numerosos que los compradores netos de alimentos. La realidad es que se trata de importadores netos de insumos, lo cual se agravará con las técnicas de semillas genéticamente transformadas y, mientras se presiona a los países en desarrollo para que bajen sus aranceles de importación, se mantienen las restricciones para que puedan exportar sus productos, y se construyen monopolios sobre semillas mejoradas. Buena parte de los insumos para siembra y control de plagas sufre el impacto de los crecientes costos de los combustibles. En todo caso, las dificultades de la Ronda de Doha ponen de presente la necesidad de un frente amplio de los países en desarrollo, si se quiere lograr un comercio justo y una apertura comercial en los países más desarrollados. La diversificación de la demanda internacional ha permitido a estas economías defenderse mejor de las fluctuaciones de Estados Unidos, y el futuro inmediato del crecimiento de Asia ha mejorado recientemente sus perspectivas (7.3% para Asia y 9.8% para China). Soluciones para Colombia Hay espacio para expandir las exportaciones colombianas, pero el reto es lograr una notable mejoría en la infraestructura y en innovación, que aceleren nuestro precario crecimiento de productividad. Como acertadamente afirman Rolando Avendaño y Goril Bjerkhol Havro[ix], a diferencia de México, la estructura de las exportaciones colombianas no se asemeja a la china, pero tampoco está exenta de competir con ella pues nuestras exportaciones no se limitan a recursos naturales, como es el caso de Bolivia y Venezuela. La crisis es la ocasión para hacer evidente que en Colombia se requieren dos tipos de políticas, bien diferenciados, para enfrentar un fenómeno que tiene claros rasgos de coyuntura pero que tiende a convertirse en una constante de mediano plazo. Tal como se presenta la actual coyuntura, el mundo enfrenta lo que Amartya Sen llama una privación endémica, pero con un peligro muy real de que se convierta en hambruna para los grupos de población más pobre. En Colombia estos grupos significan algo más de seis millones de personas, aún en el improbable caso de que no sean más numerosos que ese 14 % calculado hace tres años. Dado el origen de esta situación, que tiene múltiples causas y afecta simultáneamente de formas diversas el bienestar del país, la solución exige construir una verdadera política pública, donde converjan los sectores estatales y privados. Se requiere así mismo un conjunto de instrumentos que por supuesto estén atentos a la prevención de los posibles desastres humanos que significarían las hambrunas recurrentes, que ya se han presentado principalmente en grupos indígenas residentes en Chocó o desplazados que han llegado a varias ciudades grandes. No basta con devolverlos al lugar del que han huido por miedo y hambre. A pesar de la gravedad y urgencia de esta situación, el mayor problema se encuentra en las perspectivas de mediano y largo plazo que exigen acciones concertadas a nivel nacional y universal. En el campo nacional hay un reto general sobre manejo de la política social que reconozca las interrelaciones entre crecimiento económico y desarrollo social. Mejorar las condiciones de salud, calificación, educación, vivienda y saneamiento es un buen negocio económico y una condición necesaria para la competitividad. Se han incorporado ya en la política de largo plazo del país estrategias para "Mejorar la innovación tecnológica en los sistemas de producción y comercialización agropecuarios. "[x] Las estrategias deben comprender acciones que mejoren la capacidad de los trabajadores más pobres del campo, para generar ingresos como lo prevé el gobierno nacional. Por supuesto, se requieren acciones para diversificar su trabajo en diversos sectores, que aunque se desarrollen en áreas rurales no necesariamente deben ser agrícolas. Pero la solución de mediano y largo plazo, la que puede realmente superar las condiciones de vulnerabilidad, es lograr el acceso a los activos de tierra, crédito y calificación que han probado universalmente su eficacia. Eventualmente debe considerarse la posibilidad de un estímulo a la migración, especialmente para los más jóvenes. Cuatro elementos fundamentales se deben tener en cuenta si se quiere enfrentar el efecto que sobre los más pobres pueda tener la coyuntura internaciona: - Uno es generar una estrategia de comercio interno de alimentos, para que no quede rezagado de los ambiciosos programas de sanidad e inocuidad de los alimentos que ha hecho el país para el mercado internacional. -El segundo reto es diseñar y aplicar estrategias diferenciadas, según el grado de urbanización y desarrollo de los departamentos. -El tercero es fortalecer esa parte de la investigación de utilidad pública, que va más allá del conocimiento que aporta a la competitividad nacional en el mercado de alimentos. La investigación en el manejo adecuado de aguas y de bosques protectores y la mejora de las condiciones sanitarias que permanecen nacionalmente iguales a las medidas en el censo de 1993. -El cuarto es involucrar en la estrategia sectores complementarios, especialmente los de infraestructura, de comunicaciones y de educación para mejorar la competitividad internacional. En el mundo actual las oportunidades de desarrollo no surgen de la lotería de los recursos naturales; se crean, con estrategias que involucren a toda la sociedad en su desarrollo y en su beneficio. Notas de pie de página [i] DANE. IPC por grupos junio de 2008 anuales; y boletín especial,1 de julio de 2008. [ii] Departamento Nacional de Planeación, Misión de Pobreza, Resumen p.30. [iii] Maros Ivanic y Will Martin, Implications of Higher Global Food Prices for Poverty in Low Income Countries Policy Research Working Paper. Abril de 2008 [iv]M Ravallion y G. Datt, Why Has Economic Growth Been More Pro-poor in Some States of India than Others?, Journal of Development Economics, 68, p.389. Según [v]Según Ricardo Bernal y Luz Adriana Florez, por comercio y finaciamiento "la relación es nula"; pero " Una caída (incremento) de 1punto de los términos de intercambio produce una reducción (crecimiento) de 0.21 puntos en el PIB"; en cuanto a las remesas pueden ser sustituidas por otros países si la recesión no es mundial. Banco de la República. Informe sobre Inflación, Marzo de 2008 pp.42-46 [vi] Banco Mundial, Latinoamérica frente a la Recesión de EEUU, Guatemala 26 de febrero 2008 [vii] FAO. Programa de Lucha Contra el Hambre, Noviembre de 2003 p.38 [viii] El impacto sobre alimentos difiere por el tipo de producto que se usa (maíz o caña de azúcar) pero el balance ecológico sigue siendo de beneficios netos al menos muy discutibles. [ix] Avendaño Rolando y Goril Bjerkhol Havro, La Oportunidad de América Latina en Asia, Latin American Economic Outlook, Abril de 2008. [x] Departamento Nacional de Planeación, Aprovechar las potencialidades del Campo, Bogotá, 2007 Fuente: http://razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=547:precio-de-los-alimentos-pobreza-y-seguridad-alimentaria&catid=20:economia-y-sociedad&Itemid=29

La gestión económica de Uribe, entre pésima y peor

JORGE GAITAN VILLEGAS El gobierno se cuidó muy bien de dar a conocer esas cifras. Pero, entre otros datos demoledores, Colombia ocupa el puesto 45 entre 57 en competitividad (en el año 2009 perdió diez puestos), el último lugar en infraestructura científica, el penúltimo en educación...Un examen completo y comprensible de los más serios estudios internacionales sobre el potencial relativo de nuestra economía. Este compró un huevito... Colombia acaba de entrar en una nueva era, el post-uribismo, tras ocho años de un régimen particular, caracterizado por el uso y el abuso del poder en función de tres pilares o "huevitos por empollar", repetidos ad nauseam, que justifican plenamente una reflexión 1. La militarización del país, alias Seguridad Democrática; 2. La apertura a la inversión extranjera, alias Confianza Inversionista; 3. La ampliación de un sistema de distribución de subsidios, alias Cohesión Social. Este lo cocinó... La militarización del país con el objetivo de elevar la presión estratégica y táctica sobre una guerrilla en descomposición, activa a pesar de todo, y de incentivar la desmovilización de los ejércitos privados de mercenarios creados y financiados por sectores latifundistas, industriales y de narcotraficantes, en connivencia con políticos, como "reacción por la ausencia del Estado" (alias Seguridad Democrática). Naturalmente, los puntos adicionales del PIB en gasto militar reflejan el poder ganado por las fuerzas armadas y sus socios estratégicos, que no estarán dispuestos a ceder sus gabelas en beneficio de sectores más productivos o que induzcan a una mayor competitividad sistémica. La justicia transicional será otro de los fraudes y estrategias turbias del gobierno saliente para proteger o encubrir a muchos de sus aliados. Este le echó la sal... La apertura a la inversión extranjera, que se canalizó esencialmente hacia la extracción de recursos naturales, renovables y no renovables, de alta demanda mundial y bajo valor agregado para la economía nacional, pero, eso sí, de altísimos costos ambientales a largo plazo y de efecto mínimo en la creación de empleo productivo (alias Confianza Inversionista). Esta reorientación del modelo de desarrollo económico del país constituye una amenaza histórica, nada menos que una regresión de 180 grados. Ya no trataremos de ser una economía orientada hacia la innovación, con base en el conocimiento y el desarrollo tecnológico (única fuente de competitividad sistémica sostenible en el siglo XXI). Ahora seremos una economía de expoliación de recursos naturales propia del siglo XVI, pero con una lógica y una tecnología más avanzadas y eficientes: la locomotora del crecimiento pasará a ser el sector de la minería, los energéticos y la biodiversidad. Este lo rebulló... La ampliación de la cobertura de un sistema de distribución de subsidios directos e indirectos a los grupos más pobres e improductivos de la población, incluyendo la atención de masas migrantes conformadas, entre otros sectores, por víctimas de las dos primeras prioridades, bajo la forma de desplazados, desmovilizados, desempleados, discapacitados, todo lo cual constituye una auténtica emergencia humanitaria a gran escala (alias Cohesión Social). Esta enorme obra de beneficencia, de alta rentabilidad en lo político como acaba de verificarse en las elecciones, supone una ingente y torpe asignación de recursos para mantener una clientela cautiva, creciente, obediente y de bajo capital humano, que frenará por muchos años todo esfuerzo por cerrar la brecha de productividad total de los factores, raíz de la enfermedad crónica de nuestra economía: el lento y aleatorio crecimiento del PIB per cápita, como se verá más adelante. Y este pícaro gordo se lo comió Es hora, pues, de hacer un balance sobre el legado de un gobierno que tuvo todo el tiempo y el poder para resolver los tres problemas que, a su entender, requerían un tratamiento de choque: el conflicto interno, la inserción internacional y la inequidad. El supuesto implícito del gobierno que termina era llevar a Colombia a un punto de no retorno, logrando que la remoción de los obstáculos externos e internos -que han impedido una inserción internacional ventajosa para el país- indujera un círculo virtuoso que garantizara, hacia el futuro, elevar la competitividad sistémica en forma sostenible. Un ejemplo, según parece, podría ser el de Chile. Desde esta perspectiva amplia de la competitividad sistémica comparada y de las posibilidades económicas de los próximos años, pretendo elaborar un cuadro descriptivo de la situación en la que el nuevo gobierno recibe al país, más allá de los aspectos éticos, ideológicos, políticos, jurídicos, o simplemente anecdóticos, que, con seguridad, estudiosos más autorizados que yo realizarán en lo que se suele llamar el "juicio de la historia". Competencia, raíz y perspectivas He organizado la reflexión en tres partes: 1. Competitividad sistémica comparada de Colombia durante el período 2002-2008; 2. Raíz del problema colombiano: la brecha de productividad; 3. Perspectivas económicas de Colombia para los próximos cinco años. Competitividad sistémica comparada de Colombia A. Resultados del International Institute for Management Development (IMD) para Colombia en 2009 y 2010 El pasado 19 de mayo, con la habitual puntualidad de los trenes suizos, se dieron a conocer los resultados del World Competitiveness Yearbook 2010, elaborado desde 1989 por el equipo del International Institute for Management Development (IMD) de Lausana, Suiza. A continuación se presenta el "tablero de posiciones" de 58 países para 2010 y la comparación frente a las de 2009: Una primera mirada revela un hecho sorprendente: Estados Unidos, la potencia mundial hegemónica desde el punto de vista económico y militar, ya no es la sociedad más competitiva del mundo: en el año 2010 fue relegada al tercer lugar. La superaron Singapur y Hong Kong. Esto no ocurría desde 1995, cuando Japón (hoy en profunda decadencia, como que ocupa el puesto 27), que estaba en el primer lugar, fue desplazado a su vez por Estados Unidos. Sin duda, la crisis mundial, que estalló silenciosamente en 2007, produjo un violento choque externo que golpeó a todos los países. Sin embargo, cada uno ha respondido en forma particular. El estudio del IMD permite, entre otras cosas, observar la capacidad de cada país para absorber el choque y para recuperarse, es decir, su resiliencia[1] relativa -o capacidad de cada país para absorber el choque y para recuperarse. En boca cerrada no entran moscas En países europeos, en el sudeste asiático y en Chile, por ejemplo, es habitual que las variaciones en la posición de cada país en el estudio, de gran prestigio por su objetividad, sean objeto de un escrutinio riguroso y de un serio debate en el parlamento. En Colombia, prácticamente ni nos enteramos del estudio. Hace un año, el país perdió bruscamente 10 puestos (pasó del 41 al 51 entre 57), pero el gobierno se cuidó bien de que este fracaso no trascendiera. Para 2010, Colombia aparece en el puesto 45 entre 58 países (recuperando así 6 puestos), que en medio del coletazo de la crisis mundial tiene mucho mérito o refleja los problemas de nuestros rivales directos. Todo es relativo. Pero este hecho tampoco trascendió, y su significado no se incorporó al debate político más importante de los últimos años: la contienda electoral, polarizada entre una propuesta de continuidad de la Seguridad Democrática, y una de cambio hacia la Legalidad Democrática. Del rejo del capataz al sombrero de mago Ahora bien, del sombrero del mago salió la "Unidad Nacional", cuyo contenido preciso está por definirse, pero cuya forma se acerca mucho a la de un salpicón post-uribista, con dosis inciertas de continuidad y de legalidad. Salió también el regreso de la tecnocracia sofisticada de siempre, que controlará de nuevo al Estado, en reemplazo de esa serie de sub-ministros dirigidos a rejo por un capataz hiperactivo y de clara extracción agropecuaria, condiciones poco propicias para un salto sostenible en la competitividad sistémica comparada del país. En un esfuerzo continuo y responsable, el equipo de investigadores suizos ha elaborado una sorprendente base de datos sobre 58 países, compuesta por 320 variables organizadas desde cuatro grandes perspectivas: Desempeño económico Eficiencia del gobierno Eficiencia del sector privado Infraestructura A modo de ejemplo, esta es la información gráfica que permite comparar, con precisión, los diferentes perfiles competitivos de cuatro países latinoamericanos: Chile, Perú, Colombia y México: Último, penúltimo, antepenúltimo La gráfica presenta la posición relativa de los cuatro países en 2009 (del puesto 1 al 57) con respecto a 20 variables centrales. Cabe resaltar, por ejemplo, la evidente diferencia en términos de disciplina y responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas (Chile, puesto 3, Colombia puesto 45). Pero resulta todavía más preocupante la paradoja colombiana de tener un sector privado que, a pesar de disponer de cuadros directivos bien preparados (Prácticas Gerenciales, puesto 23), se muestra incapaz de obtener resultados aceptables a partir de los activos de producción que se le confían (Productividad y Eficiencia, puesto 56 entre 57), probablemente debido a un mercado laboral mediocre (puesto 35) y a una pésima asignación del ahorro nacional por parte del sector financiero (puesto 40), que lo canaliza obsesivamente hacia sí mismo o hacia el sector público deficitario e improductivo y no hacia el sector real de la economía. Igualmente, en términos de Infraestructura, Colombia arroja resultados lamentables para 2009: puesto 57 (el último) en Infraestructura Científica, y puesto 56 en Educación. No resulta difícil inferir que en un entorno de desgreño administrativo en lo público y de captura generalizada de rentas, sin productividad ni eficiencia en lo privado, se cocinen las condiciones ideales de un caldo de cultivo que perpetúa la corrupción, el narcotráfico y la violencia. Por desgracia, Colombia y México se parecen cada vez más. En competitividad, el peor de los peores La siguiente gráfica representa los cambios en las posiciones relativas que año tras año han ocupado los veintinueve países con población superior a veinte millones de habitantes, es decir, la ‘cancha de los grandes' donde, a medida que avanza el proceso gigantesco de interconexión de los circuitos económicos que se ha dado en llamar ‘globalización', le corresponde a Colombia jugar su papel en una competencia despiadada. A pesar de la crisis o, a lo mejor, gracias a ella, algunos países como Polonia, Indonesia o Brasil, han mejorado su posición competitiva de manera evidente. En cambio, otros han caído en forma estrepitosa, como Japón o Perú. Colombia, por desgracia, es el caso extremo de pérdida de competitividad. Al seguir la curva gruesa azul, que representa la posición relativa de Colombia entre 2000 y 2010 y describe una parábola cóncava casi perfecta, se hace evidente un salto espectacular de 2002 a 2003 (del 24 al 50 por ciento), luego entre 2004 y 2008 cuatro años continuos de alto nivel de competitividad relativa, y en fin, entre 2009 y 2010, una caída abrupta y un lánguido final, para regresar a los niveles de comienzos de la década. Esta es la evidencia de que pesaron más los factores favorables externos que los logros internos. En América Latina, nos superan Brasil y Perú, estamos virtualmente empatados con México, y nos ubicamos por encima de Argentina y Venezuela. La brecha de competitividad se ha hecho mucho más amplia para Colombia, cuando precisamente comienza a abrir su mercado, ahora sí de verdad, a economías como Canadá (puesto 3), la Unión Europea (Alemania, puesto 6; Reino Unido, puesto 8; Francia, puesto 10; España, puesto 16), y tal vez pronto a Estados Unidos (puesto 1 entre los grandes). No resulta difícil inferir que un previsible cortocircuito competitivo producirá un violento choque externo hacia 2012, en un sector productivo que, entre nosotros, no se ha preparado en forma suficiente, y que, por lo tanto, aparece como débil y vulnerable. Quedarán por fuera las grandes empresas que, por razones estratégicas y para defender su mercado, invirtieron con inteligencia, sin contar con que, además, fueron premiadas con jugosos subsidios por la vía de incentivos fiscales a todas luces innecesarios y redundantes. B. Resultados del Foro Económico Mundial para Colombia (2009-2010) Esta gráfica resume y compara los resultados de otro prestigioso estudio, el del Foro Económico Mundial, para Colombia y Chile en el último estudio que corresponde a 2009-2010: Su metodología consiste en medir 12 ‘pilares' de competitividad, como se observa en el siguiente cuadro: Cada país se encuentra en un ‘estadio' que corresponde al grado de desarrollo combinado de los pilares, dando como resultado cinco posibles posiciones para cada uno, en una especie de tablero de ajedrez mundial: a) Estadio 1 (economías orientadas a organizar sus factores productivos); b) Estadio de Transición entre 1y 2; c) Estadio 2 (economías orientadas hacia la eficiencia); d) Estadio de Transición entre 2 y 3; y, finalmente e) Estadio 3 (economías orientadas hacia la innovación). De para atrás, como el cangrejo El contraste entre Colombia y Chile es elocuente: Colombia va en reverso, siendo casi un país típico de Estadio 2, pero que se mueve rápido hacia la Transición 1-2, con buenas probabilidades de que, en la distribución mundial del trabajo, se le asigne el papel de simple peón-proveedor de materias primas y otras commodities: petróleo, carbón, ferro-níquel, oro, café, banano y...coca. Es decir, lo mismo que venimos haciendo desde hace 30 o 50 años. Por el contrario, Chile ya aparece en la Transición 2-3, con claros avances para alcanzar el Estadio 3 en un futuro relativamente próximo. Espere: La raíz del problema colombiano: La Brecha de Productividad Nota de pie de página [1] Resiliencia: En sentido literal, es la propiedad mecánica de algunos sólidos que les permite recuperar su forma tras un choque externo. En sentido figurado, es la capacidad de recuperación tras un choque externo. Fuente: http://razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1211:la-gestion-economica-de-uribe-entre-pesima-y-peor-&catid=20:economia-y-sociedad&Itemid=29

Tecnologías de la Información y la Comunicación o TICs

http://es.scribd.com/doc/37520568/Guia-Tics

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CONCEPTO 011792 09 de Febrero de 2006

Análisis del Concepto y analogía para el caso de aplicación de Retención en la fuente en contrato de impresión de LIBROS MEMORIAS DEL PROGRAMA ONDAS.

Nota: La empresa Contratista dentro de su objeto social realiza actividades distintas, una de ellas es la Publicidad (que no es este caso) y otra, que es la de Impresión de Libros (este si es el objeto del contrato). Para analizar el caso, la empresa contratante ordena comprar la impresión de 1.000 libros memorias (Años 2007 y año 2008) de los trabajos de investigación cientifica auspiciados por el programa Ondas de Colciencias, y desarrollados por los estudiantes y profesores de los colegios del Departamento de la Guajira, para el cual aporta el material creativo que son las investigaciones científicas realizadas por los alumnos de los colegios (este material creativo o investigativo lo socializaron los distintos colegios ante programa Ondas, osea no se les puede modificar el contenido), El contratista solo interviene sistematizando u ordenando el contenido e imprimiendolo en el papel y la tinta acordada. A la luz del concepto en mención la retención aplicable seria el de COMPRAS.

ÁREA: Tributaria

Señor

JESÚS ALBERTO LUGO V.

Imágenes Gráficas,3. A.

Carrera 3 No. 49- 08

Santiago de Cali � Valle

Ref: Consulta radicada bajo el número 56542 de 11/07/2005

De conformidad con el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999 y el artículo 1ª de la Resolución 5467 del 15 de Junio de 2001, este Despacho es competente para absolver de manera general las consultas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional. En este sentido se emite el presente concepto.

TEMA Retención en la fuente

DESCRIPTORES RETENCIÓN EN LA FUENTE EN CONTRATOS DE IMPRESIÓN

FUENTES FORMALES Estatuto Tributario, artículo 392

Código Civil, artículos 1495,1517, 1849, 1973 y 2053

PROBLEMA JURÍDICO:

¿Cuál es el concepto de retención en la fuente a título de Impuesto sobre la Renta que debe aplicarse en los trabajos de impresión, donde el diseño creativo lo realiza el contratante y el contratista aporta las materias primas para la impresión?

TESIS JURÍDICA:

En los trabajos de impresión en los que el contratante aporta el diseño creativo o Contenido creativo (Trabajos de investigación del programa ONDAS ) y el contratista aporta las materias primas (Papel y tinta etc para la impresion de los Libros Memoria), procede la retención por compras

INTERPRETACIÓN JURÍDICA:

Se trata de determinar el concepto por el cual se debe practicar retención en la fuente en los trabajos de impresión realizadas para una agencia de publicidad, en donde la imprenta suministra insumes tales coma tinta, papel, tela, etc., y la empresa contratante por su parte, aporta el diseño creativo

La controversia surge por la diferente interpretación que contratante y contratista hacen de la tesis expuesta en el concepto 006349 de febrero 12 de 2003 y, como consecuencia de ello, el primero aplica una retención a título de honorarios y el segundo considera que lo procedente es la retención por compras.

En el citado concepto a propósito de dar respuesta a la pregunta sobre cuál es la tarifa de retención en la fuente que se debe aplicar a una empresa que realiza actividades de impresión, cuando en unos casos suministra la materia prima y en otros es el cliente quien lo hace se dijo

�Como quiera que el elemento que predomina en la actividad de impresión es el de hacer algo, implica desde el punto de vista fiscal, para quien contrate los servicios de impresión la obligación de aplicar la retención en la fuente por concepto de servicios a la tarifa vigente�.

'Sin embargo, este Despacho en distintos pronunciamientos ha manifestado que cuando en una factura se relacionan varios conceptos diferentes, cada uno se someterá a la tarifa de retención prevista en la ley, a menos que se trate de la prestación de servicios que involucran varios conceptos, evento en el que se debe establecer si los diferentes conceptos son identificables o no Si son identificables a cada concepto se le aplica la tarifa de retención que le corresponda. Si no lo son, debe determinarse cuál de los conceptos predomina y se tomará una sola base de retención.

'En consecuencia, a cada concepto se le debe aplicar la respectiva tarifa de retención en la fuente. Si no existe tarifa especial se aplica la tarifa general del tres punto cinco por ciento (3.5%).

'Por otra parte el artículo 2053 del Código Civil, suministra algunos elementos para establecer si se trata de un servicio o de la compra de un bien. Así, será compra cuando quien ejecuta la obra suministra la materia principal y por el contrarío será servicio cuando la materia con la cual se va a ejecutar la obra, la suministra quien ordena el servicio.

"De acuerdo con lo anterior, para establecerla tarifa de retención en la fuente que debe aplicarse a una empresa que realiza actividades de simple impresión, debe analizarse si quien suministra la materia prima es el contratista o el cliente. En el primer caso como se trata de una compra, la tarifa da retención será del 3.5%, mientras que en el segundo como se trata de un servicio la tarifa es del 0%.

'Cabe anotar que cuando se trate de impresión de material publicitario en pancartas, impresos, vallas, insertos, avisos y en general a través de cualquier medio que conlleve a divulgar anuncios cuyo destinatario final sea el público, se trata del servicio de publicidad, el cual por tratarse de un servicio calificado está sometido a retención en la fuente por concepto de honorarios a la tarifa del 11%, cuando los pagos o abonos en cuenta se realizan a favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta que sean personas jurídicas y asimiladas o a una persona natural que cumpla las condiciones para ser declarante de dicho impuesto. La tarifa es del 10% cuando el pago o abono en cuenta se realiza a una persona natural no declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.'

Con este pronunciamiento se adicionó el Concepto 069614 de julio 31 de 2001, en el cual se afirmó en términos generales que los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a una empresa por realizar actividades de impresión, se les debe aplicar retención en la fuente por concepto de servicios.

Para resolver se considera:

Desde el establecimiento de la retención en la fuente sobre servicios y compras, la doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha sido persistente en establecer una clara diferenciación entre estos dos conceptos, a partir de la interpretación de los artículos 1495, 1517, 1849, 1973 y 2053, entre otros, del Código Civil, a partir de los cuales se infiere que la distinción está dada por el objeto de la prestación de las obligaciones contraídas, es decir, que si la obligación es de darse estará ante una compra (Entregar los Libros Memoria del programa Ondas impreso) y si es de hacer se tratará de un servicio (pancartas, vallas, avisos), e igualmente en considerar el suministro de insumes como un factor fundamental de dicha distinción.

Igualmente, se ha conceptuado que en la prestación de servicios procede la retención por honorarios, cuando en su ejecución predomina el aporte del factor intelectual por parte del contratista.

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En el caso en consulta, se tiene que el contratante (COMFAGUAJIRA) es quien realiza o suministra el diseño creativo (labor intelectual que consiste en suministrar el trabajo investigativo realizado en los años 2007 y 2008 por los alumnos y profesores de los distintos colegios del Departamento y auspiciado por el programa Ondas de Colciencias), elemento principal que da especificidad y valor al producto final, y el contratista es quien hace la impresión (labor material, suministrando los insumos para la impresión como es el papel, tinta, etc), razón por la cual se considera que no hay lugar a practicar retención por concepto de honorarios al contratista sino por concepto de COMPRAS.

Por otra parte, si el contratista es quien suministra los insumes del material impreso (papel, tinta, tela, etc.), hechos que a la luz del artículo 2053 del Código Civil determinan la existencia de un contrato de venta y no de prestación de servicios, lo cual indica que, para efectos tributarios procede la retención en la fuente por compras.

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Otra es la situación cuando se contrata a una empresa para realizar trabajos de publicidad, en virtud del cual realiza tanto el diseño creativo o contenido creativo (osea, cuando no son los alumnos ni profesores de los colegios del Departamento quienes realizan la investigación científica, ni es auspiciado por el programa Ondas, sino la empresa publicitaria) así como también la impresión del material (aparte de inventarse el contenido científico supuestamente realizado por alumnos y profesores también suministra el papel, la tinta para su impresion); en donde, por predominar el factor intelectual en la ejecución de la obra, la retención se debe practicarse a título de honorarios. Esta es el escenario que plantea el último párrafo del concepto en cuestión y, por tanto, es correcta la interpretación sobre la tarifa de retención aplicable que allí se hace.

En los anteriores términos se aclara el concepto 006349 de febrero 12 de 2003.

Atentamente
CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ VARGAS
Jefe Oficina Jurídica

Fuente:http://www.actualicese.com/normatividad/2006/Conceptos/Febrero/011792-06.htm

LOS ABUSOS DE LOS BANCOS Y DEL GOBIERNO

Es legal que los bancos nos cobren por las transacciones y nos descuenten el 4 x mil. Sin embargo, lo que no es ético es que lo hagan en silencio, sin decírselo al cliente en el recibo de las operaciones

Recientemente el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, tuvo la inaudita valentía de criticar públicamente a los bancos por las altísimas tarifas que cobran por sus servicios. Dijo Garzón que los bancos en Colombia cobran más que los bancos en Suiza, país en donde los usuarios promedio tienen altos ingresos comparados con los colombianos. El vicepresidente propuso que los bancos cobren una tarifa única mensual para evitar los abusos.

Tomemos como ejemplo dos casos: el BBVA y el Banco Popular. Los profesores de Riohacha se quejan de que un retiro por el cajero del BBVA les cuesta 2.000 pesos. Un retiro por ventanilla, por cualquier cantidad, les cuesta 7.000 pesos. En un año, cada profesor le paga a este banco más de 84.000 pesos por el cobro de los retiros. En Maicao, el costo de la comisión por retiros del cajero del BBVA es de 4.000 pesos. Un maestro que hace tres retiros de 400.000 para sacar su salario, termina pagándole al BBVA la suma de 16.800 pesos: 12.000 por comisiones más 4.800 de 4 x mil. Esto es un verdadero abuso contra los trabajadores.

Por el pago de nomina, el cajero electrónico del Banco Popular nos dice que el costo de las tres primeras transacciones del mes es de 0.00 pesos. En el recibo solo se registra el valor retirado, el saldo que queda y el costo de la transacción. El cobro del impuesto del 4 x mil no aparece impreso en el recibo. Por eso nos vamos creyendo que no nos cobraron nada. Pero si tomamos los recibos y comparamos el saldo restante con el que teníamos, notamos que nos han cobrado el 4 por mil en cada retiro. En el extracto de la cuenta de ahorros, vemos que por 400.000 pesos nos descuentan 1.600 pesos por concepto de “N.D. GMF AUTOMATICO” (Nota débito por gravamen de movimientos financieros). Multiplique el total de sus retiros al mes por 0.004 y verá que parte de su salario va a parar a las arcas del estado como 4 x 1000 sin que usted se entere. Si no quiere hacer la cola en el cajero de la oficina donde tiene la cuenta y se va para un cajero ATH del grupo Aval, le cobran 1604 más 1.000 adicionales (“uso de cajero propio”); o sea, cada transacción de 400.000 le cuesta 2.604 pesos. Haga la cuenta y verá que en un año el uso del cajero electrónico le puede salir por más de 100.000 pesos.

Es legal que los bancos nos cobren por las transacciones y nos descuenten el 4 x mil. Sin embargo, lo que no es ético es que lo hagan en silencio, sin decírselo al cliente en el recibo de las operaciones. Si el cajero nos dice que la operación cuesta 0.00 pesos y sucede que en silencio nos cobra el 4 por mil, entonces el banco nos está engañando de alguna forma. Omitir la información en el recibo es una forma de engaño e irrespeto contra el usuario.

Gracias al gobierno de Uribe, el 3 x mil que era una medida temporal aumentó a 4 x mil y se convirtió en un gravamen permanente. Metiéndonos la mano en el bolsillo a los colombianos, recuperaron los ingresos que dejó de recibir el estado por culpa de la venta de las empresas productivas de la nación como los bancos y Telecom.

El problema del 4 x 1000 es que genera una doble tributación por el mismo concepto. Cuando usted paga con tarjeta débito un artículo que le cuesta 600.000 realiza dos tributos: el banco descuenta 2.400 (4x100) y el establecimiento comercial cobra 96.000 correspondientes al IVA del 16 %. En total, usted tributa al estado 98.400 pesos.

Mientras esperamos que las gestiones de Garzón den sus frutos, debemos llevar a cabo dos acciones urgentes para evitar el detrimento de nuestro salario por parte de los bancos y el estado. Primero, solicitemos a la oficina bancaria la exención del 4 x mil con base en el numeral 1 del Artículo 879 del Estatuto Tributario. Segundo, retiremos nuestro salario completo en la taquilla del banco. Aunque el costo de estos retiros es caro, nos ahorramos los costos de comisiones por varios retiros por cajeros electrónicos

Fuente:http://orlandocarcamo.com/los_abusos_de_los_bancos_y_del_gobierno.html