29 may 2011

Estado de opinión versus Estado de derecho

“El derecho debe mantenerse como cosa sagrada y la política debe doblar su rodilla ante el derecho”. Estas palabras de Kant sirven de marco a la inquietante reflexión de un reconocido filósofo frente a una tesis reciente del Presidente Uribe.

Un 20 de julio de 1944 fracasó la conspiración contra Hitler y un 20 de julio parece que se aceptó en Colombia el Estado de opinión como fase superior de la seguridad democrática, sacrificando todo sentido de derecho, constitución, política y democracia.

Democracia, no sólo la representativa sino también la participativa, y política sin constitución como forma jurídica, la FORMA de las utopías políticas en una lectura moderna del hilemorfismo aristotélico, carecen de horizonte y de toda normatividad.

Cuando en la modernidad se fueron los dioses, "porque los dioses nos aman tanto que nos dejan ser" (Hölderlin) se nos ocurrió a los humanos el derecho, expresión de la moralidad compartida, como capacidad de la sociedad de darse sus propias leyes (Kant). Por eso un Estado de derecho se construye y se desarrolla hacia la paz perpetuamente con más democracia que con menos.

Porque "un país de abogados", como se dice que es el nuestro, no se puso en pie en el momento que se lo declaró en estado de naturaleza, es decir, de opinión y no de derecho, me parece necesario insistir desde la filosofía del derecho, por decir lo menos, en el cinismo e irresponsabilidad del Jefe del Estado, exaltado a doctor honoris causa en derecho por la Universidad Libre precisamente en el momento que la Corte Constitucional en el 2006 daba vía libre al articulito que permitía su reelección por una vez.

El corazón de la modernidad más que la revolución científica es la revolución moral que permite emancipar el derecho de una moral marcada hasta entonces por cosmovisiones y fundamentalismos religiosos, y buscar sus fundamentos y justificación en un sentido fuerte de participación ciudadana ética y política, que significa soberanía popular como procedimiento, y que encuentra su expresión en la constitución de las naciones como constitución del Estado de derecho democrático.

En este sentido puede hablar Jürgen Habermas con toda propiedad de "patriotismo constitucional" y de la necesidad de una constitucionalización del derecho de gentes, en una concepción de constitución como carta de navegación para los pueblos en el sentido de un dispositivo pedagógico, para aprender gradualmente a sustituir la violencia como medio inveterado de solucionar la insociable sociabilidad de los humanos, su conflictividad connatural, por la concertación, el diálogo, los procedimientos políticos en procura de la paz perpetuamente.

Ignorar esta centralidad de la constitución en el paso del Estado de naturaleza al Estado de derecho es volver o a un estado prehobbesiano, el de la guerra de todos contra todos y el Leviatán mesiánico, o al de la postulación de una voluntad general expresada en sentido moralista como buena voluntad en el mundo de la doxa (el de las opiniones o el de la patria muda), sin que tenga que ser sometida al debate público, ignorando de nuevo el principio kantiano de la publicidad, como condición trascendental del derecho, dado que el palpitar de lo público es condición trascendental de la democracia.

Es precisamente en el tratadito sobre La paz perpetua o "Hacia la paz perpetuamente", como lo leemos hoy en día, donde Kant desarrolla sus principios de filosofía moral, política y del derecho. Es allí donde proclama "que los principios del derecho tienen realidad objetiva, es decir, que se pueden realizar y que esta realidad debe ser tratada, por consiguiente, por el pueblo en el Estado y por los Estados en sus relaciones con los demás Estados, objete lo que quiera la política empírica". Por eso concluye en el mismo lugar: "El derecho de los hombres debe mantenerse como cosa sagrada, por grandes que sean los sacrificios del poder dominante. En este asunto no se puede partir en dos e inventarse la cosa intermedia (entre derecho y utilidad) de un derecho condicionado por la práctica; toda política debe doblar su rodilla ante el derecho, si bien cabe esperar que se llegará a un nivel, aunque lentamente, en que la política brillará con firmeza".

Es cierto que para Kant todavía el derecho es dependiente de la moral o como lo expresan algunos juristas, es herencia de cierto derecho natural, mal emparentado con la metafísica, así se hable de la de las costumbres. Pero precisamente al brillar hoy la política con todo su esplendor, bien se puede hablar no de una fundamentación del derecho en una moral de máximos, en los límites de moralismos fundamentalistas, sino de una justificación de la constitución y del derecho a partir de una ética de mínimos y de un proceso político incluyente y deliberativo articulado como democracia radical participativa como lo soñaran los constituyentes de 1991 en Colombia.

Es en este contexto en el que se debe hablar de cambio de estructuras de la opinión pública en la modernidad o de Historia y crítica de la opinión pública, como reza acertadamente la traducción española del famoso libro de Jürgen Habermas sobre lo público en las sociedades actuales. Sospecho que el Presidente, mal asesorado por sus "Joseobdulios", confunde "el perro con San Roque" como dicen en su (y mi) muy querida Antioquia, es decir en este caso la opinión con lo público, y esto lo arroja en los brazos de un comunitarismo de derecha, allí donde hace doctrina el Estado comunitario, fórmula propia de espíritus pusilánimes y atribulados, que excluye de las relaciones entre sociedad y Estado no sólo el conflicto de la insociable sociabilidad natural en personas en sociedad, sino los dispositivos de la publicidad, la política deliberativa y la democracia participativa, para la solución de los antagonismos propios de los procesos sociales y políticos. Estos o se niegan de entrada, como en el caso de la seguridad democrática, o se pretende resolverlos con moralina de acuerdo con las doctrinas del OpusDei, burlándose naturalmente de la política y del derecho.

Dije comunitarismo de derecha. Pero para el Doctor Álvaro Uribe Vélez, Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, hay categorías políticas, que no importa la validez que tengan en la academia y en la sociedad real, carecen de sentido, como lo enfatiza en su discurso en la conmemoración de los 180 años de su Facultad, publicado en (su) Alma Mater, No. 568 de febrero 2008 bajo el ilustrado título, digno de una "inteligencia superior" (expresión del protofilósofo de la seguridad democrática): "Izquierda y derecha. Esa discusión en el continente es obsoleta, polarizante".

Dije categorías políticas. Pero el Presidente de la patria, la de los colombianos, en la última cumbre de Río sostenida en República Dominicana el viernes 7 de marzo de 2008, declaró en su militante intervención delante de todos los jefes de Estado y sus Cancilleres de Latinoamérica: "yo no nací para la política, esto tiene mucho de farsa, lo mismo la diplomacia"; más adelante se confesó demócrata y cristiano. Me temo que ni siquiera podría ser recibido en la democracia cristiana, quien declara farsa la política y la diplomacia en un evento que se caracterizó felizmente por ser muestra fehaciente de hasta dónde puede llegar la política en el camino hacia la paz perpetuamente.

Hablé del camino hacia la paz. Pero para apostarle de forma decidida a la paz antes que a la guerra hay que compartir lo que ya Kant en el escrito que venimos comentando tomaba de un pensador griego: "Lo malo de la guerra radica en que crea más personas malas que las que elimina". Por ello, si no se parte de un compromiso inconfundible con la paz antes que con la guerra, con ciudadanas y ciudadanos en frontera antes que con el protagonismo de los líderes y de los militares, la escena de Santo Domingo queda trasformada, con abrazo final incluido y con frenéticos aplausos, en juego de marionetas en el que se enfrentan y se abrazan como títeres unos a otros como en el teatro de guiñol.

Y es lo que nos quieren poner a jugar nuestros tres mosqueteros en las dos fronteras, de nuevo a pesar de Kant, quien en la conclusión a la doctrina del derecho en la Metafísica de las costumbres afirma:"Ahora bien, la razón práctico-moral expresa en nosotros su veto irrevocable: no debe haber guerra; ni guerra entre tú y yo en el estado de natura­leza, ni guerra entre noso­tros como Estados que, aunque se encuentran internamente en un estado legal, sin embargo, exteriormente (en su relación mutua) se encuentran en un estado sin ley; -porque éste no es el modo en que cada uno debe procurar su derecho." (Los subrayados y los paréntesis son del mismo Kant).

Precisamente en alguno de los teatros de Cartagena, acompañado de sus íntimos, los Empresarios, a cuyos intereses parece no favorecer ahora la terquedad reeleccionista de nuestros tres mosqueteros y quienes en tiempos de crisis son devastados por vientos de guerra, el Presidente acaba de pedir perdón (¿sin olvido?) público por violar el derecho internacional, buscando naturalmente ante todo esa opinión favorable del poder económico, el que se manifestaría como voto de opinión, para superar a como dé lugar, gracias a la experiencia con el articulito de ese veterano de los empresarios de la primera reelección, todos los obstáculos del Estado de derecho constitucional y democrático.

Los vientos de guerra son provocados sobre todo por el poder de IMPERIO. Es ingenuo o irresponsable pensar que la intensificación de la presencia de USAmérica en el corazón de Latinoamérica y el Caribe favorece a los vecinos, como si ellos compartieran esa doctrina tan novedosa de la seguridad democrática. A propósito de ella no hace mucho el sociólogo alemán Claus Offe sentenciaba en Bogotá:"Considero que uno de los peligros más fundamentales para el sostenimiento de una democracia liberal consiste en que las élites políticas utilizan la dependencia fáctica de los ciudadanos de lo que ofrezca el Estado en seguridad, para burlarse de las limitantes a su actuar impuestas por la Constitución. En este proceso de erosión furtiva de los derechos del hombre y del ciudadano constatamos ante todo el cambio de sentido del fin supremo y abarcante del Estado, de ofrecer seguridad, por el de aseguramiento físico (por policía y militares) de los ciudadanos contra agresiones de enemigos externos ("terroristas"). Este cambio de sentido se presenta en una relación tan íntima, que no puede ser ignorada, con el fracaso del poder del Estado en la obtención de las metas de garantizar los derechos económicos y sociales y las pretensiones de seguridad de los ciudadanos: cuanto menos estado de bienestar tanto más estado de seguridad". (Las comillas entre paréntesis y los subrayados son de Offe).

Estado de opinión como la fase superior y característica por excelencia del Estado de derecho. Sus resultados en 7 años saltan a la vista: negociación con el IMPERIO a espaldas, como entre mudos, y contra casi todos los miembros de esa Unión Latinoamericana y del Caribe, que parece alejarse cada vez más de la Casa de Nariño; intensificación de la guerra interna y provocación de la externa con las consecuencias obvias de empobrecimiento de la gente, desplazamiento y dificultades económicas de toda índole; falsos positivos; espionaje y contraespionaje desde el centro del poder; falsos positivos, que para el Jefe del Estado de opinión son sólo un chantaje para amedrentar a los soldados de la patria. En una palabra desprestigio de la política e instalación de la parapolítica, ni siquiera sólo de la politiquería. Y la política y la democracia que se inventaron para solucionar procedimentalmente y en derecho los conflictos que desembocan en violencia, si se niegan sus causas, son suplantadas por la mera opinión al convertir toda manifestación de violencia en terrorismo y calificar a sus autores de bandidos, rincón de San Alejo al que van a parar inclusive las opiniones diferentes.

* Doctor en filosofía de la Universidad de Colonia, autor de publicaciones numerosas, Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente profesor de filosofía en la Universidad Javeriana.

Fuente:http://razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=370:estado-de-opiniersus-estado-de-derecho&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27

Reelección: La táctica se impone sobre la estrategia

Una mirada a la Rusia de Lenin y de Trotsky serviría para entender por qué Uribe será reelegido sin que la oposición sea capaz de impedírselo.

Un libro viejo y nuevo

"Curzio Malaparte" [1]/ escribió un texto obligatorio para quienes pretendan navegar las aguas turbulentas de la "alta política". El libro se titula "Técnica del Golpe de Estado"[2] y su lectura nos permite aproximarnos al fenómeno golpista de la Europa de comienzos del siglo pasado. Entre otros casos, Malaparte examina la relación entre Trotsky y Stalin respecto del peso que uno y otro concedían a los factores tácticos y estratégicos que por entonces se movían en Rusia.

No me sorprendería que de aplicar las ideas de Malaparte a la América Latina de hoy surgieran pistas importantes para entender el presente y, hablando de Colombia, para dimensionar sus perspectivas políticas ad portas de una segunda reelección.

Rusia, 1917

Mientras Trotsky se aferraba a sus tesis de la "insurrección permanente" como camino para derrocar al gobierno zarista o menchevique, Lenin insistía en estudiar el momento y propiciar el golpe cuando estuvieran dadas las "circunstancias favorables" que hicieran viable la revolución. Por eso el 21 de octubre de 1917, a cuatro días del levantamiento de los sóviets, Lenin se preguntaba por qué Trotsky habría desatado la revuelta sin darle seguridades sobre la fecha escogida, mientras que Trosky llevaba ya muchos días de actuar al mando de una "tropa de choque" que ensayaba movimientos tácticos para tomarse las instalaciones policiales, telegráficas, de transporte y de otros servicios públicos en Petrogrado.

Y mientras Lenin se preocupaba por garantizar ante todo el apoyo de los sindicatos, Trotsky organizaba el levantamiento sobre la base de que no era necesario promover la huelga porque "... el espantoso desorden que reinaba en Petrogrado era más eficaz que una huelga general". Trotsky por tanto se había concentrado en agravar el desorden y para ello había formado grupos de milicianos expertos en cada tipo de perturbación, convencido como estaba de que "las masas no nos sirven de nada" y de que para causar una insurrección "no se necesitan circunstancias favorables" sino "una tropa de asalto...(integrada por) hombres armados mandados por ingenieros".

Colombia, 2009-2010

¿Hay algún parecido entre la Revolución de Octubre y el proceso que nos está llevando a la reelección del Presidente Uribe? Malaparte ofrece pistas para responder esta pregunta aquí y ahora.

En primer lugar, Malaparte notaría que los posibles contrincantes de Uribe aparecen embebidos en analizar cuáles son o cuáles podrían ser las "circunstancias favorables" que harían viable derrotar al incumbente en la próxima contienda electoral. Y sin embargo no lucen muy aptos para contrarrestar las tácticas re-electorales que Uribe puso a funcionar en Colombia desde 2003.

A manera de ejemplo, Fajardo está elaborando sesudos diagnósticos sobre el qué, el cómo y el para qué potenciar la seguridad democrática; Pardo está denunciando la maquinaria del Gobierno que hizo tanta presión sobre la Cámara, y el Polo Democrático está buscando ideologías que mantengan unidas sus corrientes "gavirista" y "petrista" por lo menos hasta el día de elecciones.

Mientras tanto y en segundo lugar, Malaparte notaría que Uribe y la que por asimilación podríamos llamar su "tropa de asalto" siguen consolidando el control sobre los entes de poder en el Estado, sometiendo por vía de "persuasión" a quienes sacan la cabeza oposicionista ó propiciando la sequía presupuestal de los opositores de manera que ninguno tenga siquiera el chance de respirar burocráticamente en la escala nacional, regional o local. De esto da prueba el que buena parte de los puestos y contratos se encuentran cuidadosamente administrados desde la Casa de Nariño en beneficio de la causa "insurreccional permanente" del gobierno, como se aprecia cada vez con menos esfuerzo en las plantas de personal de Procuradurías, Fiscalías, Contralorías, Institutos descentralizados, Notarías, Superintendencias, Comisiones, Alcaldías, Gobernaciones y todo los demás.

¿Pero qué sigue?

De la puja entre la estrategia "leninista" de la oposición y la táctica "trotskista" del gobierno, Malaparte habría inferido tres grandes conclusiones. Primera: que Uribe tendrá éxito. Segunda: que sus oponentes de destacan por estar enredados en su elevada capacidad de ensoñación. Y, por consiguiente, que la oposición despilfarró los siete años anteriores descuidando sus bases electorales y dejándose distraer en la retórica de Uribe sobre si la seguridad democrática funciona o no funciona mientras el Presidente profundizaba paso a paso su "táctica" de "insurrección permanente".

Estas "tácticas" no han sido secretas sino que han sido divulgadas ampliamente. Habiendo burlado todas las precauciones morales del clientelismo, ya desde 2005 se veía que la endemia había crecido, resucitando la especie degradante según la cual lo grave es "no pertenecer a la rosca" para participar de sus privilegios[3] . También podría probarse que la Cámara aprobó el Referendo gracias a la lubricación "táctica" que propició el Ejecutivo. Lo que se oye al respecto convertiría en cuento de hadas la que hace 20 años calificaron como escandalosa propuesta de Turbay Ayala por "reducir la corrupción a sus justas proporciones". En esta nueva versión de su original en cabeza de Yidis y Teodolindo algunos de los nuevos miembros de la "tropa de asalto" podrían terminar presos "... pero después de votar". Si con esto no bastara, la Corte Suprema sigue siendo objeto de todo tipo de seguimientos ilegales para ver si se doblega y hasta la Corte Constitucional ha sido ya tocada por el brazo largo de la "tropa" al servicio de la nueva reelección.

Pregunta, respuesta, pregunta

¿Quién hubiera creído en 2002 que la estrategia militar contra el terrorismo terminaría distrayendo acerca de una cuidadosa táctica política que, sin necesidad de esperar al resultado, anunciara con casi un año de anticipación la segunda reelección del Presidente Uribe?

Respuesta: Todo aquel que, con el paso de estos años no hubiere visto el proceso lento pero seguro mediante el cual el Poder Ejecutivo ha cubierto de favores y favoritos a los demás poderes del Estado como precio para consolidar su versión criolla de la táctica insurreccional, sigue siendo leninista.

Ello no es óbice para la otra pregunta: ¿Habiendo sido útil esta táctica para conquistar el poder absoluto, lo será para preservar la salud del Estado y las instituciones sociales después de 2010?

* Magíster en Ciencia Política, Economista, Investigador socio político independiente

Notas de pie de página


[1] Pseudónimo elegido por el italiano Kurt Erik Pelleri (1898-1957).

[2] MALAPARTE, Curzio, 1967, "Técnica del golpe de Estado" en "Obras de...", Ed. Plaza & Janés, Barcelona.

[3] SUDARSKY, John, 2007, "La evolución del capital social en Colombia, 1997-2005", Ed. Fundación Restrepo Barco, Bogotá.

Fuente:http://razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=537:reeleccila-tica-se-impone-sobre-la-estrategia&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27

Estado Ético y Estado Social: Dos caras de una misma moneda

El asesor de la campaña del Polo Democrático propone aquí las bases de un entendimiento para el cambio. “La vía regia para una opción de triunfo –dice él– es el entendimiento programático entre partidos políticos y fuerzas sociales, culturales, étnicas y regionales que compartan una decisión de cambio y logren producir en la segunda vuelta un fenómeno de nuevas mayorías en la opinión y en las urnas”.

Un cambio de percepción

La ética se convirtió en un acontecimiento político. Asombroso. Hoy existe en Colombia un repudio creciente al "todo vale", que puede traducirse en un cambio cualitativo del régimen político. Ese sentimiento está determinando las preferencias políticas en el curso de una campaña presidencial cargada de sorpresas. El panorama político experimenta un profundo cambio: los viejos partidos se deprimen o se diluyen, el azul y el rojo pierden vigencia, se prefieren los nuevos, ahora sobresalen el verde y el amarillo. Hay tendencia a formar combinaciones multicolores. Pero las mafias están ahí, con todo su poder disolvente, y tienen expresión política, solapada o explícita.

No hay mayorías definidas en ninguna orilla. Quien aspire a triunfar tiene que pensar con quien sumar. La doble vuelta facilita el proceso. En esta reñida y sorprendente contienda por la Presidencia de la República, quizá las cosas se definan en la segunda vuelta mediante el entendimiento entre una minoría grande y una minoría pequeña, o varias minorías pequeñas. Eso posiblemente ocurra en Colombia que es un régimen presidencialista, en forma análoga a como recientemente ha ocurrido en Inglaterra, que es un régimen parlamentario. Cada vez es más frecuente en política que de varias minorías se haga una mayoría.

Al momento, 24 de mayo, no hay nada definido, ni se puede hacer un pronóstico relativamente seguro de los resultados. A menos de ocho días de los comicios reina la expectativa y la incertidumbre. La persistencia del empate técnico es la característica que más sobresale en los sondeos y encuestas que se producen casi a diario. Ningún triunfalismo se justifica[1].

Los candidatos Mockus, del Partido Verde, Petro, del Polo Democrático, y Pardo, del Partido Liberal tienen la obsesión del cambio, sin que lo entiendan de la misma manera, pero tampoco en sentidos absolutamente contrapuestos. Mientras Mockus hace énfasis en el Estado Ético, Petro y Pardo lo hacen en el Estado Social. Los tres están afincados en un Estado seguro, constitucional y legal. En sana lógica lo que podría plantearse es que el Estado ético es, per se, Estado social. No podría no serlo. La ética incluye la equidad.

Se supone que esta premisa la comparten no sólo ellos sino muchos otros actores políticos y sociales. Entonces, ¿por qué no ponerle una pizca de audacia a la política y buscar entendimientos que consoliden la posibilidad de triunfo para una opción de cambio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

De la diferencia al entendimiento

Eventuales entendimientos entre los candidatos y partidos mencionados no serían, no podrían ser a la vieja usanza del toma y daca de votos, maquinarias y tajadas burocráticas, propia del desueto país político descrito en su momento por Gaitán y que aún persiste. En realidad, formalmente no se están buscando aún entendimientos. La prioridad, comprensible, es posicionar un perfil, un proyecto y una voluntad política, y ello implica acentuar las diferencias. Pero se observan movimientos que pueden terminar produciendo otra sorpresa en el cambiante paisaje político colombiano. Los contactos entre personas claves de las campañas no han cesado.

En mi opinión hay que ofrecer elementos y explorar caminos que faciliten dar el paso adecuado en el momento preciso. Considero que la vía regia para una opción de triunfo es el entendimiento programático entre partidos políticos y fuerzas sociales, culturales, étnicas y regionales que compartan una decisión irrevocable de cambio. Un frente amplio por el cambio real porque la perspectiva deseable y posible es la de un gran movimiento que enarbole la bandera de la re-creación de la política en profundidad, junto a la de la equidad y la preservación de la legalidad democrática.

Es de esperar que el candidato ético, Mockus, que sin duda está pensando en cómo puede ser social, y los candidatos sociales, Petro y Pardo, que sin duda también se interesan en la ética de la política, liderados por quien pase a segunda vuelta, estén a la altura y sorprendan al país con su aproximación y con una propuesta de reformas básicas que expresen cabalmente el anhelo de cambio y seduzcan a las mayorías en los comicios presidenciales que se avecinan a paso apresurado. Estas líneas contienen nuevas sugerencias y pistas para un entendimiento por el cambio.

Dado que la ética de lo público se ha colocado, por fuerza de los acontecimientos, en el centro de las inquietudes y, por tanto, también de la promesa política, es preciso intentar una clarificación de su sentido y alcance y, sobre esa premisa, construir hipótesis o pistas de entendimiento que abran la posibilidad de conformar un bloque multicolor por el cambio. A presentar esos elementos están dedicados los apartados siguientes de este escrito.

Ética... ¿eso qué es?

Aproximación elemental.

El bien, lo que es bueno para una persona, puede tomar diversas formas: es bueno, o sea agradable, comerse una fruta; es bueno, o sea generoso, obsequiar a otro algo propio; es bueno, o sea justo, pagar lo que corresponde a quien ha hecho un trabajo; es bueno, o sea responsable, cuidar los árboles que preservan el agua y el aire. No es obligatorio hacer lo primero y lo segundo, mientras que sí lo es hacer lo tercero y lo cuarto. Hay un imperativo íntimo que me dice que las cosas valen, que el trabajo vale y que ese valor no se puede desconocer, ni se puede apropiar sin compensación proporcional. Hay un imperativo íntimo que me dicta que es preciso - deber cívico o social- cuidar lo que es de todos y a todos beneficia.

Ahí precisamente está la ética: en discernir valores y en actuar en consecuencia. La ética es la escala de valores de una persona, es ese ordenamiento interior de criterios y preferencias que permite distinguir lo que es bueno y lo que es malo, a lo que estoy obligado y a lo que no lo estoy.

Pero la ética no es una tabla fría de principios, normas o mandamientos. La ética de una persona está constituida por sus resortes morales, es decir, por aquello que la mueve a actuar, porque al hacerlo está procurando un bien o evitando un mal para sí o para otros. La ética es algo propio de cada uno, pero al mismo tiempo forma parte de la cultura general de un colectivo o sociedad. Cada persona o individuo comparte, o es portador de los elementos éticos propios de su grupo, comunidad, o cualquier otro conjunto mayor, pero cada uno es libre de actuar asumiendo o desprendiéndose de los grandes referentes orientadores que le ha transmitido su sociedad a través de la familia, la escuela, la iglesia o la comunicación. La ética es una construcción humana, cultural e histórica.

Los seres humanos no están determinados a actuar de una manera inmodificable -no por leyes físicas como los cuerpos inertes, no por leyes biológicas como las plantas, no sólo por leyes instintivas como los animales-. En un contexto dado ellos son libres de escoger la forma de actuar según su criterio del bien y el mal. Cuando una persona actúa como tal, esto es, cuando su acto es realmente humano, se constituye en un acto responsable porque con él está haciendo el bien o evitando el mal que debe. Por eso, la ética es ante todo responsabilidad consigo mismo y con los demás. El discernimiento, la palabra, la libertad, la responsabilidad, la conciencia son capacidades inseparables que distinguen al hombre de todos los demás seres y lo hacen ético.

Se aceptan en general como principios éticos o axiomas de una ética básica, entre otros, los siguientes:

  • Reconozco plenamente mi dignidad y la de todas las personas.
  • Mis derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás.
  • Yo debo hacer o procurar a los demás lo que considero bueno para mí mismo.
  • Una persona o grupo no puede apropiarse o disponer en forma arbitraria del conjunto de bienes que pertenecen a todos.
  • El primer bien que merece el respeto pleno de todos, es la vida.
  • Los recursos de la naturaleza pertenecen no sólo a las generaciones actuales sino a las futuras.
  • Ante la presencia de dos males, se evitan los dos si posible; si no, se opta por el mal menor.

Relación entre ética y política

Según la premisa que se acaba de exponer, es obvio que la ética tiene que ver estrecha y directamente con la política. Hagamos una referencia explícita al segundo de dichos elementos: la política. Esta, que surge en el campo plural de las personas, las comunidades y los pueblos, es la actividad mediante la cual se toman decisiones libres sobre asuntos, problemas y proyectos comunes entre sujetos diferentes, individuales o colectivos.

  • La política constituye un campo específico de responsabilidad consigo mismo y con los demás: el campo del poder público.
  • La política implica asumir responsabilidad en relación con derechos, intereses y proyectos comunes.
  • La política no podría orientarse con sentido humano si no obedece a una escala de valores concientemente construida.
  • La política en cuanto ejercicio del poder público tiene su primera responsabilidad en el respeto y cumplimiento de la Constitución y la ley.

Relación entre ética y ley

La ética es más amplia que la ley. En una sociedad no hay una sino múltiples éticas, de diverso origen e inspiración. Entre las múltiples éticas y la ley median acuerdos y consensos. La ley misma es fruto de la deliberación y el acuerdo en el seno de una sociedad plural. El acuerdo fundacional, o acuerdo sobre lo fundamental, se expresa en una ley básica o Constitución.

La ciudadanía tiene potestad para plantear exigencias a los gobernantes tanto en el campo de la ética como en el de la ley. La ciudadanía no sólo constituye el poder público sino que lo controla, no sólo elige gobiernos y autoridades sino que participa cotidianamente en el gobierno. Una nueva ética de lo público renueva la representación e inspira prácticas innovadoras en el ejercicio de la democracia participativa, la democracia deliberativa y la democracia directa.

El ejercicio de la política es el campo en el que surgen y maduran los actores o sujetos políticos que en el plano individual son los ciudadanos, y a nivel colectivo las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y los partidos políticos. Los sujetos políticos, individuales y colectivos son sujetos éticos si sus decisiones se toman según escalas de valores concientemente asumidas o construidas en un determinado tiempo y lugar. Afortunada y feliz la sociedad que determina una escala de valores y se esfuerza en ser coherente con ella.

Más allá de la transparencia

En el cruce entre ética, ley y política hay varios referentes que son ya de aceptación general y constituyen pistas seguras de orientación para los actores o sujetos políticos:

  • La ética en sí misma no es un proyecto político, pero sí es una condición básica de toda política.
  • Los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe, los gobernantes sólo pueden hacer lo que la ley les permite.
  • Los ciudadanos crean las instituciones para el servicio de los ciudadanos mismos. En una democracia ellos no están en ningún caso al servicio de las instituciones, mandatarios o funcionarios. Si así no fuera habría siervos y no ciudadanos.
  • Quienes ejercen autoridad y poder institucionales, que es una facultad en función del interés común, público o colectivo, tienen el deber moral de cumplir las funciones para las cuales han sido elegidos o nombrados.

Por eso no basta que alguien anuncie que va a gobernar sin robar o sin abusar del poder o sin mezclarse con las mafias. El compromiso básico que debe adquirir y la capacidad fundamental que debe demostrar el candidato a gobernante es que va a gobernar fundado en la Constitución y la ley, legítimamente establecidas, y lo primordial de su quehacer radicará en cumplir con los fines del Estado social de derecho. De ahí que el compromiso ético en la política no se reduce a términos de transparencia, sino que va mucho más allá buscando involucrar el inmenso y urgente tema de la capacidad para avanzar en justicia y equidad social. Ese es el compromiso que se adquiere cuando se jura cumplir la Constitución. El compromiso ético de hoy se traduce no sólo en respetar y mantener la democracia dentro de la legalidad sino en empeñarse seriamente en la democratización en pos de la equidad. Si así no fuere, la ética pública se estaría reduciendo a la administración limpia de un sistema inicuo.

Ética como sustento de un Estado Social

Además de la ética procedimental como transparencia, el país necesita que se instaure la práctica intensa y extensa de una ética sustantiva capaz de asegurar el cumplimiento de los fines del Estado social de derecho, avanzando decididamente en el campo de los derechos, la equidad y la calidad de vida. No basta la ética que se reduce a no matar, no robar, no desaparecer, no secuestrar, no comprar ni coaccionar el voto, no abusar del poder, no transgredir la separación de poderes. No puede un gobernante presumir de ético y al mismo tiempo continuar con políticas de empobrecimiento y exclusión.

La gente no quiere solamente oír que nos van a gobernar con honradez y sin mafias sino que todos, en todas las regiones, en los diferentes contextos socioculturales, queremos estar seguros que vamos a vivir mejor, con más amplias posibilidades para hacer realidad nuestros proyectos de vida. El compromiso ético de hoy se traduce no sólo en respetar y mantener la democracia dentro de la legalidad, sino en empeñarse seriamente en la democratización en pos de la equidad, el ejercicio de derechos y la realización de las aspiraciones individuales y colectivas.

En nuestros días, es un hecho, dolorosamente comprobado, que la economía capitalista de mercado, dejada al curso de su propia lógica de acumulación, sin la intervención del Estado democrático, sólo produce depredación y miseria para las mayorías, y las generaciones actuales y futuras.

En este país, inscrito en un capitalismo dependiente, periférico y neoliberal, se registra periódicamente el crecimiento imparable de la desigualdad social, al tiempo que se constatan las ganancias enormes de la economía, en particular, las exorbitantes del sector financiero. Esto indica que ciertamente hoy en Colombia hay que separar la política y el ejercicio del poder público del crimen, la corrupción, la violencia y la mafia, pero al mismo tiempo, con igual o mayor empeño, como la otra cara de la moneda, hay que encaminar la acción de los partidos políticos, la de las empresas y la de las instituciones públicas a la realización de los derechos de todos, la justicia social y los intereses de la nación. Es preciso hacer de la equidad la mejor garantía de seguridad.

Colombia necesita entusiasmarse con un proyecto ético, ambiciosamente humano, guiado por la obsesión de conservar la libertad y avanzar en igualdad, proyecto que incluya a todos, que dignifique la vida de todos y que abra horizontes de prosperidad colectiva. Ya es tiempo de que las relaciones entre colombianos dejen de ser depredadoras y pasen a ser relaciones constructivas y estéticas. Sin duda somos un país en el cual lo tenemos todo para que cada uno se proponga hacer del otro -sus vecinos, sus prójimos, sus conciudadanos- la mejor de sus obras. Crear las condiciones culturales y materiales para ello es el papel del gobierno.

Un decálogo para el entendimiento

Es preciso expresar en proyectos de gobierno el concepto de Estado Seguro, Democrático, Ético y Social de Derecho. Mínimo diez temas o asuntos centrales de política pública se corresponden con ese criterio.

  1. Legalidad democrática. Un Estado al servicio de los ciudadanos y no lo contrario.
  2. Cultura ciudadana y sentido ético de lo público.
  3. Los avances en seguridad y los nuevos retos en este campo.
  4. Necesidad de profundizar la democracia participativa.
  5. La política económica para el desarrollo humano, el trabajo, la inclusión, los derechos en un contexto de integración continental y de comercio justo con el mundo. .
  6. Política integral hacia los desplazados y víctimas del conflicto interno.
  7. La reforma de las instituciones (Congreso, Partidos, Registraduría, Consejo Electoral, Órganos de Control, Ordenamiento Territorial) y de las costumbres políticas.
  8. Mínimos en la vía ciudadana para la paz.
  9. La transformación de las relaciones internacionales para abrir el país al mundo con lealtad a los intereses de la nación.
  10. Nueva política frente a los cultivos de uso ilícito y el tráfico de estupefacientes.

Estos temas se enuncian tomando en cuenta la percepción de problemas por solucionar que tiene la sociedad colombiana de hoy, pero al mismo tiempo atendiendo a contenidos explícitos de la oferta programática de los tres candidatos mencionados. Y se hace de manera simple, sin entrar en una prolija explicación o sustentación, porque no es necesario. Ya habrá lugar para ello.

Todo indica, según mi apreciación, que hay un contenido o sentido básico de tales puntos que es compartido por los candidatos Mockus, Petro y Pardo. No podría ser de otra manera porque ellos están orientados a traducir en realidades el tipo de Estado y de vida social que promete y trata de encauzar la Constitución Política.

Un eventual acuerdo podría producirse sobre todos los temas o sobre aquellos que se consideren prioritarios para desatar un auténtico proceso de cambio. El cambio necesario tiene dimensiones culturales, institucionales, económicas y de relacionamiento internacional, acerca de las cuales las diferentes propuestas hacen diferente énfasis. Las competencias asentadas en cada proyecto son también diferentes porque distintas son las trayectorias y las motivaciones.

Puede también asumirse que si la adhesión de los tres candidatos no es igual a cada uno de los 10 temas enunciados, no hay, sin embargo una resistencia invencible hacia ninguno por parte de cualquiera de ellos. Cabe, entonces, resaltar que, en principio, existe un margen amplio para el diálogo y muy posiblemente para el acuerdo que sirva de fundamento a una eventual acción compartida desde el gobierno. Podrían surgir también, a falta de acuerdos explícitos y formales, modalidades de apoyo crítico condicionado como es usual en política.

Los actores y sujetos del cambio

Colombia necesita una reestructuración del poder político para que acceda al poder un bloque de fuerzas, políticas y sociales, decidido a hacer realidad el proyecto incluyente de país contenido en la Constitución Política de 1991. El próximo período de gobierno debe ser una oportunidad para avanzar en esta perspectiva. Puesto que no existe un partido con mayoría posible a corto plazo, sino una constelación de minorías grandes y pequeñas, el horizonte de desarrollo de un proyecto político de esta naturaleza está necesariamente vinculado a la conformación de alianzas entre fuerzas afines. Este es el único camino de futuro para la propuesta de cambio.

El acuerdo de fuerzas que hoy se logre en función de conformar las mayorías por el cambio y así convertirse en gobierno de transición, puede desatar un proceso de hegemonía expansiva y quizá, más temprano que tarde, quizá el próximo 7 de agosto, se cree la posibilidad de conformar un gobierno nacional que signifique, en el curso de los próximos años, el advenimiento jubiloso de la paz en democracia y compromiso con la equidad.

En mi opinión en el movimiento social que se expresa en la ola verde por la legalidad democrática, en la ola amarilla por la seguridad con equidad y en la ola roja por una Colombia justa, está dada la oportunidad y la posibilidad de un nuevo comienzo para el país. Pero, es obvio, todo depende de la amplitud de visión y generosidad con que actúen a raíz de los resultados del 30 de mayo los candidatos Antanas Mockus, Gustavo Petro, Rafael Pardo y sus respectivos partidos políticos. Estamos en tiempos de innovación y audacia política.

* lucho_sando@yahoo.es

Nota de pie de página

[1] La información que CNN está trasmitiendo al mundo en relación con las últimas encuestas es que en la primera vuelta Juan Manuel Santos del Partido de la U, tendría el 35 % de los votos, y Antanas Mockus del Partido Verde el 34%, mientras que en la segunda vuelta las cosas se invertirían para un 45% a favor de Mockus y un 44 a favor de Santos. A los otros candidatos ya no los menciona esta cadena. Sabido es que Noemí Sanín, del Partido Conservador, continúa en un descenso pronunciado y que Gustavo Petro del Polo Democrático muestra un ascenso lento pero consistente, protagonizando un segundo empate técnico alrededor del 7 % de la votación en la primera vuelta.

Fuente:http://razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:estado-ico-y-estado-social-dos-caras-de-una-misma-moneda&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27

Ciudades sin ciudadanos

Hernando Gomez Buendia

La tensión entre la ciudad física y su dimensión política no está construyendo verdaderos ciudadanos en Colombia, solo sobrevivientes urbanos, terreno estéril para el republicanismo cívico.


La mayoría de los colombianos ya vivimos en grandes ciudades. Pero entendámonos: vivir en ciudades no es lo mismo que ser ciudadanos.

La ciudad, como hecho físico, es apenas una multitud en un campamento. La ciudad, como hecho social, es un modo de vivir. Un modo donde lo privado se refugia en el interior de cada vivienda, pero donde la mayor parte de la vida - es decir, el trabajo, la educación, el transporte, la cultura y la recreación - transcurren en espacios públicos y bajo reglas que son- o deberían ser- de carácter público.

Y de aquí nace el hondo malestar de nuestras grandes ciudades: son, sí, el hecho físico -la urbe - pero no son, o apenas son, el hecho social - la polis-. Tienen la infraestructura necesaria para dar asiento y sustento a millares de familias, pero la vida colectiva no se rige por una racionalidad colectiva, sino por el entrecruce aleatorio de racionalidades privadas o semi-públicas.

Lógicas que se cruzan

En efecto, los grandes protagonistas de la vida urbana colombiana actúan según tres lógicas particulares:

1. Los urbanizadores y comerciantes formales tienen por supuesto la racionalidad del lucro, que supone apropiarse el máximo de beneficios y evitar el máximo de costos asociados con la producción y conservación de los bienes públicos urbanos. Más aún, cuando la estrechez o el colapso de lo colectivo en la ciudad llega a un nivel crítico, la lógica del sector privado desemboca en franca usurpación de lo público: ciudadelas cerradas, policía particular y hasta justicia privada.

2. El gigantesco "sector informal" no es en realidad otra cosa que la invasión masiva de lo público ante el empujón de la pobreza. Hacer barrios piratas no es más que ahorrarse el costo de los servicios públicos domiciliarios. Hacer vivienda informal es economizarse la cesión de terrenos y demás reglamentos que protegen el espacio público. Hacer trabajo informal es ocupar las calles, que son espacios públicos, o es evadir los impuestos, que son bienes públicos. Hacer transporte informal es invadir rutas públicas... Precisamente de aquí surge la ambigüedad irresoluble de todas las "políticas" urbanas para regular o siquiera convivir con el hecho apabullante de la informalidad: el sector informal es ilegal, por el hecho simplísimo de que la ley se inventó para defender lo público.

3. La racionalidad electoral de los políticos desemboca en la apropiación privada de la vida pública. Puesto que los partidos en realidad no toman partido en los grandes conflictos de la ciudad, el poder no se concibe como instrumento de cambio social, sino más bien como prebenda para los activistas de cada concejal. De modo que los empleos públicos tienden a ser privatizados por prácticas clientelistas; los servicios públicos, por prácticas patrimonialistas; y las reglamentaciones públicas, por prácticas mercantilistas.

Urbes sin polis, ciudades sin alma

Este tener ciudades físicas pero no tener polis explica por qué nuestra política urbana de hecho ha girado en torno de lo físico - red vial, servicios domiciliarios, vivienda social, transporte - pero no se ocupa sino retórica, marginal e ineficazmente de los grandes temas políticos -o de la polis- comenzando por los problemas de la tierra, el trabajo, la calidad del medio ambiente y la urbe como proyecto colectivo.

Explica por qué la planeación - que es pensar el futuro en función pública - es tan débil en la práctica, y por qué las empresas de servicios se reducen a confirmar hechos creados por la demanda política en los sectores informales y por la demanda económica en los sectores formales.

En fin, la precariedad de la polis explica por qué el celebrado "milagro bogotano" - la afirmación de lo público bajo Mockus, Peñalosa y Garzón - está siendo borrado por el amiguismo y el clientelismo del alcalde Moreno. Y explica también por qué, en sus propias escalas y en sus tiempos, esos "milagros" se producen pero no duran mucho en Medellín o en Neiva, en Pasto o en Manizales, en Barranquilla o en Cali.

Y es porque no necesitamos más leyes, ni más planes, ni más calles, ni más demagogos: necesitamos más ciudadanos.

Fuente:http://razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1739:ciudades-sin-ciudadanos&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27

¿Para qué sirve el Plan de Desarrollo?

Jorge Gaitan Villegas

En pocos días el gobierno radicará su Plan para estos cuatro años. Y aunque podría pensarse que los planes en Colombia sirven poco, esta vez se trata de retos novedosos, de una estrategia de desarrollo distinta y de algunas innovaciones que podrían marcar la diferencia.


El ritual

Dentro de pocos días, hacia el 6 de febrero, se radicará el Plan Nacional de Desarrollo[1] ante el Congreso, última fase del trámite que culminará con la expedición de la Ley del Plan para el período 2010-2014.

Es un proceso largo y difícil, que con cada cambio de gobierno moviliza todas las energías y los recursos tecnocráticos del Ejecutivo entrante. Como se aprecia en el gráfico siguiente, la elaboración del Plan supone consultas dentro del gobierno y sujeción al escrutinio de la sociedad civil representada por el Consejo Nacional de Planeación, para ser presentado a discusión en el Congreso.

A1
Algunos se preguntan si este procedimiento iniciado en los años 60 todavía tiene algún sentido. ¿Es un ritual vacío que se repite cada cuatro años, un baile predecible entre la tecnocracia, la sociedad civil y los políticos, para tratar de dar un sentido a la acción pública durante el período presidencial de turno?

Al pasar de una planeación normativa a una planeación indicativa, es decir, de una concepción del Estado como motor de la sociedad a la de un Estado regulador que interviene lo mínimo posible en el mercado, hoy en realidad nos encontramos ante una planeación rutinaria que lleva a preguntarse si sirve para algo el Plan Nacional de Desarrollo.

Gobernabilidad insuficiente

En la gráfica siguiente se presentan los resultados para Colombia del estudio mundial de Indicadores de Gobernabilidad[2]. Cada año, un equipo liderado por Daniel Kaufmann de la Brookings Institution, famoso think tank de Estados Unidos, entrega la investigación más completa conocida sobre gobernabilidad para más de cien países. Este estudio se refiere a seis dimensiones de la gobernabilidad: Voz y Rendición de Cuentas, Estabilidad Política, Efectividad del Gobierno, Calidad Regulatoria, Imperio de la Ley y Control de la Corrupción.

A2

Frente a los resultados obtenidos por Colombia desde 2002, francamente mediocres al compararlos con los de Chile por ejemplo, cabe dudar de la capacidad real del Estado colombiano para ejecutar este Plan de Desarrollo o cualquier otro.

¿Para qué sirve el Plan?

Pero como de todas maneras va a haber un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, conviene tratar de entender su contenido, pues él puede revelar las intenciones verdaderas del Ejecutivo, una vez decantadas las promesas y pasados los afanes de campaña.

La estructura del Plan de Desarrollo "Prosperidad para Todos", elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, es la siguiente:

A3

Lo que resulta menos obvio es la naturaleza estratégica del Plan. Podría decirse que este documento es necesariamente complejo y múltiple porque al mismo tiempo debe ser Carta de Navegación del gobierno de turno (figura de cajón propia de la retórica colombiana) y Exposición de Motivos de la Ley del Plan, que los congresistas despedazarán con todo el rigor para ver qué prebendas obtienen del gobierno en el tira y afloje que llaman discusión del articulado.

Y en fin, pasando a lo que vinimos, el Plan debe ser también un plan plurianual de inversión pública bien estructurado y sin embargo expuesto a la rapiña de los políticos y de las regiones. El gobierno tratará de salvar lo esencial de políticas públicas racionalmente tejidas por los técnicos de Planeación, que esta vez parecieron tener conciencia clara del interés superior de la Nación. Pero el gobierno no tiene los medios para lograr sus deseos: tiene que convencer al sector privado para que aporte el 72 por ciento de los recursos necesarios para el cierre financiero del Plan.

En todo Plan de Desarrollo tiende a darse una tensión explicable entre el diagnóstico, generalmente lúcido y basado en buenas evidencias empíricas, de un lado, y de otro lado las políticas o medidas concretas que deban aplicarse. Se trata de un ejercicio difícil de escoger prioridades, generalmente mediado por modelos y prejuicios del equipo económico que estrena su poder, no tan grande como se cree, pero con una tremenda capacidad de daño si se equivoca.

Los desafíos

Las Bases del Plan ofrecen un diagnóstico completo y muy interesante sobre la situación general del país, su entorno y las tendencias en el futuro próximo y más lejano. La propuesta del gobierno se concentra sobre tres objetivos de igual importancia: lograr un crecimiento sostenible de la economía, corregir las inequidades mediante el desarrollo social y la igualdad de oportunidades, y fortalecer la institucionalidad tanto en el nivel central como en las entidades territoriales, consolidando la paz.

El primer reto significa impulsar la economía unos 2 puntos por encima del escenario base. Dada la inercia que llevamos, o sin mayores estímulos, el país debería crecer alrededor del 4,5 por ciento anual. Lo difícil va a ser llegar al 6 por ciento, o aún sobrepasarlo.

Al ritmo normal del escenario base, sin embargo, Colombia no podrá resolver sus problemas más delicados en los próximos cuatro años: el desempleo, el subempleo, la informalidad y la pobreza. Todos estos tenderían a corregirse si se crece al 6 o 7 por ciento durante un período de unos diez a quince años y con una condición: entrar realmente en la economía del conocimiento propia del siglo XXI. Pero el país se resiste, especialmente los empresarios rentistas y protegidos, los terratenientes y los políticos regionales.

De manera que el primer reto - crecimiento por encima del 6 por ciento - está íntimamente conectado con el segundo - igualdad de oportunidades -: la innovación en escala masiva a todo lo largo de la cadena de valor y la educación de alta calidad para todos.

El tercer objetivo es a su vez condición para alcanzar los dos primeros: la institucionalidad fortalecida mejorará la gobernabilidad que tanta falta hace, haciendo viables las políticas diseñadas desde el centro, pero que han de adaptarse en las regiones para que tengan un efecto real en el territorio.

Las locomotoras

Tratando de ilustrar la interacción entre los tres objetivos básicos del nuevo Plan de Desarrollo, sus autores idearon la imagen algo barroca que transcribo a continuación. Se trata, efectivamente, de superar los obstáculos estructurales o el cáncer económico que está frenando al país: la baja productividad, tanto del capital como del trabajo, y manifiesta en la baja productividad total de los factores (PTF).

A4Fuente: Presentación en PowerPoint. Juan Mauricio Ramírez, Subdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP).


Esta imagen incluye las famosas" locomotoras", que en forma algo pueril han recogido los medios de comunicación, oscureciendo la estrategia global de desarrollo que propone el gobierno. Hasta los propios padres de la criatura y sus críticos están hablando de "deslocomotorizar" el Plan de Desarrollo.[3]

A propósito de las locomotoras, la siguiente tabla presenta información detallada acerca de los aportes específicos de cada una de ellas al logro de cuatro metas necesarias e importantes: aumento de la productividad, reducción del desempleo, crecimiento de la inversión productiva y expansión del producto interno bruto.

A6


Una mirada con lupa a las contribuciones marginales de cada locomotora revela, en la tabla siguiente, algunas diferencias significativas: la que más contribuye, en general, al desarrollo del país es claramente la Innovación. En segundo lugar viene la Vivienda, con un aporte notable a reducir el desempleo. Infraestructura sigue luego, con impactos medianos sobre el desempleo y el crecimiento económico. En fin, la Agricultura hace las menores contribuciones marginales.

A7


La Minería merece mención aparte porque sus aportes macroeconómicos son relativamente mediocres y volátiles, salvo en lo tocante a inversión. Pero existe una abrumadora evidencia empírica que señala cómo la "paradoja de la abundancia" plantea "una relación inversa entre intensidad de la explotación de recursos naturales y crecimiento económico" Sobre una muestra de 154 países para el período 1962-2000, todos los escenarios contemplados generan un coeficiente de signo negativo que vincula al crecimiento económico y la extracción minera. La locomotora de la minería puede estar ya lanzada en contravía y a toda velocidad, en línea de colisión con las otras cuatro[4].

Desde el punto de vista estratégico, hay que equilibrar un análisis puramente económico con otras consideraciones. Por ejemplo, el rezago en Infraestructura viene frenando toda la economía, lo que explica en parte la baja productividad relativa. Igualmente resulta crucial atender las heridas del sector rural si se aspira a consolidar la paz algún día.

Dos innovaciones importantes

No todos los planes de desarrollo han corrido en Colombia con igual suerte. Algunos han sido francamente exitosos en lograr objetivos concretos de política, otros pasaron sin pena ni gloria, y con frecuencia el propio gobierno de turno los olvidó a mitad de camino. Por eso, al examinar las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para Todos" hay que reconocer que trae dos innovaciones particularmente interesantes:

  • El enfoque de convergencia regional, que busca distribuir en forma equilibrada los beneficios del desarrollo a lo largo del territorio nacional, con especial atención a un nuevo arreglo institucional para el manejo de las regalías. La compensación de los desequilibrios regionales mediante políticas flexibles y adaptadas a las condiciones socioeconómicas propias de cada zona constituye un esfuerzo inédito y laudable.
  • La introducción a Colombia de un instrumento avanzado, sofisticado y exitoso: la contractualización para ejecutar las políticas públicas, mediante un proceso de negociación entre el gobierno central y los entes territoriales, técnicamente llamado el Contrato-Plan.

Con la creación de las regiones en Francia en 1983, entes territoriales ubicados entre el nivel central y los departamentos, se inventó este instrumento de política pública. Se hizo primero una clara repartición de competencias: el nivel central tenía a su cargo los grandes proyectos de infraestructura (Trenes de Alta Velocidad TGV, autopistas), la región debía ocuparse del desarrollo económico y el departamento del desarrollo social. Además, las regiones nacían ricas (financiadas por los fondos regionales europeos de desarrollo regional), autónomas y con responsabilidades claras.

Lo original del dispositivo fue la metodología de negociación del gobierno central con cada región por separado, mediante un proceso cuidadosamente preparado, donde cada parte llevaba a la mesa prioridades propias y recursos importantes. El objetivo común era negociar la cofinanciación de proyectos prioritarios para ambos, una vez alcanzado el consenso y fijados los objetivos de largo plazo. Es decir, de lo último que se hablaba era de plata. Este acuerdo se convertía en un sencillo Contrato-Plan con una duración de cinco años y revisiones anuales[5].

En la Ley del Plan se ha incorporado este mecanismo como una innovación importante orientada a fortalecer a los departamentos y otros entes territoriales, como los Distritos, las Áreas Metropolitanas y las Asociaciones de Municipios.

Puede acabar por ser un mecanismo muy hábil para meterle la mano a las regalías, sin disminuir la autonomía de los entes territoriales ni debilitar la descentralización. De tener éxito, sería un gran paso hacia recuperar la gobernabilidad democrática sacrificada en aras de la seguridad democrática bajo el gobierno de Uribe.

Habla la sociedad civil

Para complementar esta mirada al documento de las Bases, recomiendo examinar el concepto emitido por el Consejo Nacional de Planeación[6]. Un ejercicio agotador, hecho de afán y relativamente inútil, puesto que solo tiene el carácter de recomendaciones no vinculantes para el gobierno. Se rescata el hecho de ser el último vestigio de una planeación participativa, donde la sociedad civil tiene voz, pero no dice mucho.

Sin embargo, el concepto del Consejo Nacional de Planeación mereció los honores de un editorial crítico del Grupo Bancolombia "por la falta de coherencia en política económica...Parece que en Colombia no sólo no tenemos clara la política económica, sino que finalmente no sabemos ni comprendemos bien cómo se logra una productividad ni una competitividad sostenibles en el largo plazo para alcanzar altas tasas de crecimiento"[7].

Entonces, ¿para qué sirve el Plan Nacional de Desarrollo?

En conclusión, "Bases del Plan Nacional de Desarrollo ´Prosperidad para Todos´" es un documento de alta calidad técnica, que contiene un diagnóstico lúcido sobre el punto de arranque y las tendencias que determinan las posibilidades y los límites de una estrategia de desarrollo integral para Colombia.

De esta reflexión técnica se pasa ahora al forcejeo político. De ser aprobados en la Ley del Plan, la introducción del eje de convergencia regional con instrumentos para mejorar la gobernabilidad, como los Contratos-Plan, mejorará significativamente las probabilidades de éxito en la apuesta por un crecimiento sostenible con igualdad de oportunidades y fortalecimiento institucional del gobierno central y los entes territoriales.

Ojalá sea así, por el bien del país.

Bibliografía:

1."Bases del Plan Nacional de Desarrollo - Prosperidad para Todos". DNP. Noviembre de 2010.

2. Kaufmann, Daniel , Aart Kraay y Massimo Mastruzzi. : "The Worldwide Governance Indicators Methodology and Analytical Issues". Policy Research Working Paper 5430. Brookings Institution and The World Bank Development Research Group - Macroeconomics and Growth Team. September 2010.http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp

3. Morales, Carlos Andrés.: "Bonanza minera ¿una amenaza para el crecimiento de la economía colombiana?" Carta Financiera 152 (octubre-Diciembre 2010). ANIF.

4. Contrato-Plan entre el Gobierno Central y la Región Midi-Pyrennées, 2007-2013.

5."Concepto del Consejo Nacional de Planeación sobre las Bases del Plan Nacional de Desarrollo - Prosperidad para Todos". Consejo Nacional de Planeación. 9 de enero de 2011.

6. Niño, Daniel Ignacio. "Conceptos del Consejo Nacional de Planeación".Editorial Semanal. Investigaciones Económicas y Estrategias. Enero 17 de 2011. Grupo Bancolombia.



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Notas de pie de página


[1] "Bases del Plan Nacional de Desarrollo - Prosperidad para Todos". DNP. Noviembre de 2010.

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=PmpNQzO2JFg%3d&tabid=1157

[2] Kaufmann, Daniel , Aart Kraay y Massimo Mastruzzi . "The Worldwide Governance Indicators Methodology and Analytical Issues". Policy Research Working Paper 5430. Brookings Institution and The World Bank Development Research Group - Macroeconomics and Growth Team. September 2010.
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp

[3] Diálogo entre Juan Mauricio Ramírez y Alejandro Gaviria en Uniandinos, el jueves 20 de enero de 2010.

[4] Ver Morales, Carlos Andrés: "Bonanza minera ¿una amenaza para el crecimiento de la economía colombiana?" Carta Financiera 152 (octubre-diciembre 2010). ANIF.

[5] Ver un ejemplo francés: Contrato-Plan entre el Gobierno Central y la Región Midi-Pyrennées, 2007-2013.

[6] El concepto completo del Consejo Nacional de Planeación se puede bajar del siguiente sitio en la red:

http://www.ecofondo.org.co/ecofondo/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=40

[7] Niño, Daniel Ignacio. "Conceptos del Consejo Nacional de Planeación".Editorial Semanal. Investigaciones Económicas y Estrategias. Enero 17 de 2011. Grupo Bancolombia.

Fuente:http://razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1748:ipara-que-sirve-el-plan-de-desarrollo&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27

Informalidad laboral creciente. Formalizar, crecer, centralizar*

Fabio Alvarez Giraldo **

A propósito del 1° de mayo, no sorprende constatar que la tasa de sindicalización sea tan baja en Colombia, ante la fuerte desindustrialización. Pero la informalidad laboral es un lastre para la competitividad del país. Las presiones internacionales, la intermediación laboral ilegalizada y la búsqueda de mayor productividad, constituyen una oportunidad para que los trabajadores colombianos se organicen mejor.


El 70 por ciento de los trabajadores en Colombia, casi 14 millones, no tiene una relación laboral de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo o las normas de la OIT. Ocho millones son trabajadores independientes o cuenta propia cuya responsabilidad de la afiliación a la seguridad social corre por su cuenta. Los otros seis millones son trabajadores subordinados, vinculados mediante las múltiples modalidades de la intermediación laboral, por fuera del Código Laboral, con lo cual se les desconoce sus derechos laborales y en especial la seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales. A la seguridad social a la que acceden, que es de muy baja calidad y cobertura, lo hacen sobre la base de su precario pecunio.

Entre las formas de intermediación preferidas se destacan las Cooperativas de Trabajo Asociado, los contratos de prestación de servicios, la contratación a destajo, contratistas, outsourcing, entre otras. Estas formas precarias empobrecen a la población, evaden los aportes a salud y pensiones a cargo del gobierno y los empresarios, reduciendo de manera significativa los recursos para atender estas obligaciones. Así pues, esta informalidad laboral desconoce derechos y desatiende la seguridad social de la mayoría de los trabajadores.

Hay sectores de trabajadores del sector público y privado en esta intermediación laboral. Tales como los trabajadores de la Red Pública Hospitalaria, tanto departamentales como municipales, agrupados en las múltiples CTA, así como también los más de 20 mil trabajadores portuarios, otro tanto en los corteros de caña; más de 30 mil trabajadores en la floricultura, mayoritariamente trabajadoras y miles y miles en la producción y extracción de aceite de palma, entre muchos, todos ellos presos de las variadas formas de la esclavitud moderna de la intermediación laboral en las CTA o contratistas que los superexplotan.

Descenso de la afiliación sindical

En la década del 70 del siglo anterior, la afiliación sindical llegó a ser hasta del 14 por ciento. A partir especialmente de 1990 derivado de la aplicación del modelo neoliberal, la continua violencia contra activistas y dirigentes sindicales, la aplicación de la intermediación laboral, la privatización, venta y liquidación de empresas, la aplicación de varias reformas laborales que impusieron la flexibilidad e intermediación laboral, las repetidas reestructuraciones del Estado, la imposición del sistema de nóminas paralelas, la violación de los derechos de asociación y de negociación, impulso de los pactos colectivos, se han venido eliminado las organizaciones sindicales, debilitando la afiliación sindical, la cual solo representa hoy el 4,5 por ciento. De esta manera se ha perdido mucha fuerza en las acciones sindicales.

Dispersión sindical

Los 850 mil trabajadores sindicalizados, se agrupan en tres centrales sindicales, CUT, CGT, CTC. En los últimos seis años se han perdido cerca de 100 mil afiliados, pero lo que es aún más grave, el número de sindicatos ha crecido de 2.600 a más de 2.800 sindicatos. Es decir, menos afiliados más sindicatos, con lo cual se acrecienta la atomización del sindicalismo y por esta vía, se profundiza la ya debilitada fuerza sindical. De las tres centrales. La CUT afilia a cerca de 550 mil trabajadores, de los cuales el 70 por ciento son servidores públicos, a los cuales en su mayoría se les desconoce el derecho a la negociación colectiva.

V congreso de la CUT: centralizar

Esta delicada situación a la que se ha llegado, no ha estado exenta de errores y desviaciones de los dirigentes y activistas sindicales. Frente a esto y todo lo anterior, el V Congreso de la CUT, realizado en agosto de 2006, debatió esta problemática y concluyó en la necesidad de tener más afiliados y menos sindicatos, para lo cual convocó a toda la CUT a centralizar la organización en grandes sindicatos de rama o actividad económica, dándose un plazo para ello de hasta seis años.

Si hace cinco años estas conclusiones eran necesarias, hoy son absolutamente indispensables, todas las dificultades objetivas y subjetivas, que al respecto se mencionan, tales como las políticas neoliberales y antisindicales de gobierno y empresarios, la flexibilización, la inestabilidad laboral, el burocratismo, el egoísmo patrimonial, los fueros sindicales, entre muchos, deben ser superados elevando la conciencia política de afiliados, activistas y dirigentes. Especialmente será conveniente derrotar la contracorriente que en la CUT, oponiéndose a las conclusiones del V Congreso de la CUT, promueven los sindicatos de empresa o las federaciones.

Formalizar y crecer

Formular una política de crecer en afiliación tal como lo ha señalado la CUT en el último año es muy provechoso, pero si ello no va aparejado de un proceso de centralización en sindicatos de rama, se agravaría la dispersión y sería un esfuerzo que no superaría nuestra actual debilidad. No se puede, entonces, contraponer el crecimiento a la centralización, ni mucho menos crecer abandonando la centralización.

En este sentido la experiencia de Sintrainagro y Fecode, que actúan como sindicatos de rama, debiera ser siempre los ejemplos a seguir, de cómo se puede crecer de mejor manera estando centralizados. Obvio que en este punto se vuelve determinante la política y táctica que adopte el sindicato de rama para atraer y atender los intereses del sector de trabajadores que representa.

Hoy tenemos una oportunidad para el crecimiento en la afiliación sindical, contenida en desarrollar una política de formalización laboral, que eliminando la perversa intermediación nos permita recuperar el contrato de trabajo. Para ello, debemos exigir al gobierno y los empresarios, el cumplimiento, entre muchas, de la Sentencia C-614 de 2009 de la Corte Constitucional, que ordena que todo empleo permanente en la administración pública debe ser vinculado a las plantas de personal y por consiguiente, deben acabarse todas las nóminas paralelas, que en el sector público sobrepasan los 300 mil trabajadores, de lo cual se conoce por ejemplo: los 23 mil instructores contratistas en el SENA, donde solo hay tres mil de planta, los 24 mil contratistas de Ecopetrol, frente a los cuatro mil de planta; los más de 40 mil contratistas en el Distrito de Bogotá, etc.

Así mismo, reclamar la formalización laboral de los cerca de millón 500 mil trabajadores que están en las perversas CTA, exigiendo la aplicación del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que elimina las Cooperativas de Trabajo Asociado, para que todo empleo misional y permanente, tanto en el sector público como privado, sea vinculado directamente mediante contrato de trabajo, con lo cual podríamos constituir y fortalecer los sindicatos de rama en el sector de la salud, la agroindustria (caña, aceite, flores), los puertos, la minería, entre otros.

Adicionalmente, en este mismo sentido, la Misión de Alto Nivel de la OIT, que nos visitó en febrero de 2011, se pronunció demandando del gobierno se aplique la prohibición de la intermediación laboral de las CTA y se sancione la violación del derecho de asociación y negociación, por parte de los empresarios que promueven los pactos colectivos o formas análogas.

De esta manera, esta lucha por la formalización laboral, podrá abrir una positiva influencia dentro de los trabajadores que nos permita crecer, pero necesariamente debe ir acompañada de la constitución y fortalecimiento de los sindicatos de rama o actividad económica.

*Artículo Publicado en la Revista ALAI, América Latina en Movimiento

**Fabio Arias Giraldo es Fiscal Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores

Fuentehttp://razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1997:informalidad-laboral-creciente-formalizar-crecer-centralizar&catid=26:recomendados&Itemid=356