La medición de la pobreza en Colombia: respuestas para el debate

El Secretario Técnico de la Misión que propuso el nuevo método y coautor del índice multidimensional de la pobreza aclara cómo fue el proceso y responde con brevedad y precisión las críticas e interrogantes que han sido formulados por otros analistas de Razón Pública y los lectores de nuestra revista.

“Si ha de encontrarse un índice de progreso social,
éste tendrá que basarse en juicios que podamos defender”

Amartya Sen (1998)

Bienvenido el debate

Las medidas oficiales de pobreza por ingresos y el Índice de Pobreza Multidimensional de Colombia (IPM Colombia), recientemente publicados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Misión de Expertos para el Empalme de las Series de Empleo y Pobreza (MESEP) han dado pie a un debate importante y enriquecedor entre académicos, políticos, estudiantes y ciudadanos.

En este artículo me propongo dar respuesta a algunas de las críticas y preguntas expuestas en varios de los artículos o comentarios publicados por Razón Pública, haciendo algunas aclaraciones breves y precisas a propósito de cada una de ellas.

La pobreza tiene muchas dimensiones

El IPM Colombia se construyó a partir de la metodología de Alkire y Foster (2007), cuyo principal aporte a la comprensión de la pobreza consiste en concebirla y en medirla como un fenómeno de muchas dimensiones es decir, como algo que se manifiesta en múltiples carencias que el individuo (o el hogar en nuestro caso) padece de manera simultánea. El IPM Colombia se resume en este esquema (5 dimensiones y 15 variables):

Así, no solo se mejora substancialmente la cobertura de los índices anteriores, como el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) o el Índice de Condiciones de Vida (ICV), sino que se incluyen temas actuales como, entre otros, el cuidado a la primera infancia, la informalidad, el trabajo infantil, o el acceso a servicios de salud más allá del carné de aseguramiento.

Dimensiones incluidas

Los criterios empleados para incluir las 5 dimensiones y las 15 variables indicadas fueron:

1. La Constitución Política de Colombia;
2. La revisión de la literatura sobre dimensiones y variables prioritarias de uso frecuente en los índices multidimensionales aplicados a Colombia;
3. Los estudios de voces de los pobres para Colombia;
4. Los umbrales definidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs Colombia) y por las políticas sectoriales respectivas;
5. La disponibilidad de información en una sola fuente estadística (ECV 1997-2010), y
6. La precisión de la muestra de la ECV en cada una de las variables escogidas como prioritarias.

Dimensiones no incluidas

Al medir la privación simultánea sobre el mismo hogar, la metodología exige que todas las variables provengan de la misma fuente -en este caso la Encuesta de Calidad de Vida del DANE (ECV) del período 1997-2010-. Pero una vez elegida la fuente, sus propias limitaciones reducen el alcance temático. Las mejoras, que pueden ser muchas, pasarán por incluir nueva información en las próximas encuestas del DANE.

Supuestos inevitables

Como en cualquier otro método de medición de la pobreza, existen juicios de valor y decisiones discrecionales subyacentes al IPM Colombia: estos juicios y decisiones son debatibles por supuesto, pero fueron sustentados y pueden defenderse con buenos argumentos.

El peso de las variables

El IPM Colombia le da un peso o una ponderación igual a todas las variables, y esto lo hace para facilitar su comprensión, por creer que todas ellas son igualmente importantes, y porque el índice no pretende reflejar pesos empíricos o examinar la interacción entre las varias dimensiones. Pero justamente la pregunta más sugestiva en la frontera del análisis de Foster y Alkire es la siguiente: ¿Los indicadores multidimensionales deben reflejar valoraciones normativas o la interacción empírica de sus variables? Si es así, ¿con qué método estadístico? Este punto quedó abierto para el debate y la investigación.

El umbral de la pobreza, subjetivo y objetivo

Los hogares que no se reconocen a sí mismos como pobres y que tampoco son pobres por su nivel de ingreso tienen en promedio 3 privaciones sobre las 15 que señalé en el Gráfico anterior. Por otro lado los hogares que se reconocen como pobres, al tiempo que son pobres por ingresos, tienen en promedio 5 privaciones sobre 15. Este último valor -5 sobre 15- fue el elegido como línea para la pobreza multidimensional.

No es un atajo hacia la prosperidad democrática

Una gran fortaleza del IPM consiste en que permite extraer conclusiones consistentes, independientemente del punto de corte que se escoja. En el caso de Colombia, por ejemplo, vemos que la pobreza disminuye entre 1997 y 2010 para cualquier punto de corte escogido. Hay quienes dicen que el umbral escogido para medir la pobreza multidimensional (5 privaciones sobre 15 posibles) es bastante benévolo con Colombia o con el gobierno que exista en el momento. Para calibrar el grado de exigencia del nuevo indicador, basta con observar que la incidencia de pobreza del IPM Colombia (34 por ciento en 2008) es el triple de la que registra el IPM de Oxford calculado para Colombia en el último informe del PNUD (9,2 por ciento en 2005) y el doble del NBI de Colombia (17 por ciento en 2009). El DNP está asumiendo un indicador exigente, si se compara con dos medidas ampliamente aceptadas que se hubieran podido utilizar.

Situación inaceptable y retrocesos

La situación de pobreza que expresa el IPM Colombia no es tolerable y plantea retos fundamentales.

La pobreza multidimensional disminuyó, pasó de 60 por ciento en 1997 a 30 por ciento en 2010. Lo cual debe ser acogido como un logro. Pero los resultados distan mucho de ser aceptables y plantean retos importantes en materia del diseño de una estrategia decidida de reducción de la pobreza:

• El 99 por ciento de los hogares pobres tiene al menos un perceptor de ingresos informal (frente a un 75 por ciento de los no pobres).
• El 95 por ciento de los hogares pobres tiene al menos un joven mayor de 15 años con bajo logro educativo y en el 44 por ciento vive un analfabeta.
• El 20 por ciento de los hogares pobres cuenta con material inadecuado de los pisos.

Un análisis de la evolución más reciente (entre 2008 y 2010) permite observar retrocesos o estancamientos en variables importantes, como rezago escolar, desempleo de larga duración, informalidad, aseguramiento en salud, paredes inadecuadas y hacinamiento crítico.

Articular las políticas y programas del gobierno

El IPM Colombia sí constituye un avance importante para que las acciones de gobierno que buscan atender a los más pobres les lleguen en efecto a los más pobres. Este índice sintetiza 15 metas sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo en función de la población pobre. Si el Plan de Desarrollo 2010-2014 se cumple, la pobreza multidimensional tiene que bajar de 34 por ciento (en 2008) a 22 por ciento (en 2014). En términos de política, esto implica que para el Plan no solo importan las mejoras sectoriales aisladas: se necesita una política integral, multisectorial, sobre los hogares que padecen varias formas de privación. Por eso el IPM se está usando como uno de los criterios de promoción de familias de Unidos.

La pobreza por ingresos

Paso ahora a ocuparme del debate provocado por las nuevas líneas de indigencia (LI) y de pobreza (LP) es decir, por los famosos “790 mil pesos” mes-familia que despertaron tantos comentarios. Jorge Iván González, miembro de la MESEP, ha contribuido a despejar de manera pedagógica gran parte de la confusión sobre la medición de pobreza por ingresos (ver sus artículos publicados en Razón Pública “Pobreza: las confusiones de Angelino” y “La pobreza disminuye, pero las brechas aumentan”). Sin embargo, Manuel Muñoz plantea una serie de preguntas adicionales en su último artículo publicado también por Razón Pública“Pobreza: la confusión es de mucha gente”.

Todas las inquietudes de Muñoz son válidas y por eso me parece importante responderlas, aún con el riesgo de caer en tecnicismos:

-¿Por qué disminuye el valor de la canasta?

Algunos elementos identificados por la MESEP son los siguientes: ú Cambio en las cantidades de alimento para cumplir el requerimiento calórico: sobre la base de sus propios estudios, tanto la FAO como Bienestar Familiar (ICBF) disminuyeron en un promedio de 9 por ciento las cantidades de alimentos para cumplir los requerimientos calóricos. ú Las canastas anteriores sobrestimaban el contenido nutricional: en la metodología anterior, el requerimiento nutricional era sustancialmente superior al estándar de la FAO para algunos “dominios” o tipos de población (urbana, rural...). Esto se debía al método de calibración, o sea al procedimiento para pasar de las dietas observadas en los hogares a la dieta requerida por los nutricionistas, donde quedaban excesos de algunos de los nutrientes. Hoy ajustamos la dieta en función de las calorías solamente, como lo recomiendan los organismos internacionales. ú Cambio en precios: la nueva Encuesta de Ingresos y Gastos del DANE reporta una disminución de los precios urbanos del conjunto de alimentos en relación con la encuesta anterior. ú Cambio en la población de referencia: la población sobre la cual se midió el costo de la canasta anterior no controló diferencias de precios y de hábitos de consumo. En la nueva metodología se adoptó una sola población de referencia, como sugieren los organismos internacionales.

-¿Por qué no se calcularon canastas para cada ciudad?

El tamaño efectivo y la representatividad de la muestra que utilizó la Encuesta de Ingresos y Gastos 2006-2007 no permitían hacer estimaciones separadas para cada ciudad, sino solo para el conjunto de las áreas urbanas y para el área rural. Con todo y eso, se verificó que la población de referencia urbana estuviera balanceada entre las diferentes ciudades.

-¿Por qué se utilizó el coeficiente de Orshansky promedio de América Latina en lugar del colombiano?

Para medir la indigencia se acostumbra establecer el costo de losalimentos necesarios para que la persona o la familia tengan un nivel mínimo de nutrición. Para determinar la pobreza a partir de este valor se necesita calcular el costo de los demás productos o servicios que consume el hogar (rubros como vivienda, vestuario, transporte y otros). Esta conversión se hace mediante el llamado “coeficiente de Orshansky”, que se basa en una encuesta donde se establece la proporción del ingreso familiar que se destina al consumo de alimentos. La decisión de usar coeficientes de Orshansky no basados en la encuesta de ingresos y gastos que sirvió para los cálculos obedeció a las siguientes razones: ú Limitaciones de tales encuestas: éstas en general presentan dificultades para capturar las tendencias de consumo; por ejemplo, la compra de alimentos cada vez más espaciada (mercados quincenales o mensuales en lugar de semanales –que es el periodo de referencia de la encuesta) o aumentos en la compra de mercados completos y de comidas fuera del hogar. Estos hechos subestiman el gasto en alimentos y afectan a cada país en mayor o en menor grado. Para el caso de Colombia, el coeficiente de Orshansky es sustancialmente superior al promedio de América Latina (2,9 frente a 2,4). Tras estudiar la evidencia, la MESEP concluyó que emplear el valor 2,9 haría sobrestimar erróneamente la pobreza. ú Aunque las diferencias de método entre los países dificultan la comparación, se adoptó el promedio para las zonas urbanas de América Latina que encontró la CEPAL (2,4) y para la zona rural se guardó la proporcionalidad que refleja la encuesta (1, 74). El Orshansky rural disminuye con relación a la metodología anterior (sumándose a los elementos que justifican la diferencia de valores entre líneas explicada en la sección anterior). ú Según la revisión que hizo la MESEP, en 7 países de América Latina se utiliza el coeficiente exógeno (por lo general se adopta el de CEPAL) y en 10 países el endógeno. Brasil por ejemplo, tiene un Orshanky de 3,5 pero utiliza un coeficiente exógeno de 2,0 (un “ajuste” bastante más drástico que el que hizo Colombia).

No es una línea arbitraria

En dos cosas tiene razón Manuel Muñoz. Primero, en que la línea de pobreza no es tan arbitraria: tiene elementos arbitrarios pero no es arbitraria por sí misma. La definición que él hace de la línea es satisfactoria: “en términos generales se admite que un individuo es pobre absoluto si no tiene los recursos para alcanzar un nivel de vida mínimo de acuerdo con los estándares sociales. En el caso de la línea de pobreza extrema -un estándar mínimo nutricional- en el caso de la línea de pobreza -un estándar mínimo que incluye otros rubros adicionales al alimentario-.

Sí es una línea mejor

La segunda cosa en la que Manuel Muñoz tiene razón es su sospecha de que “la actual metodología es mejor”.

• Es mejor porque las técnicas de medición han ido avanzando desde 1985, como decir el avance importante en la medición del ingreso (de mejor calidad, más puro y sin los ajustes de antaño que distorsionan la distribución del ingreso).
• Es mejor porque es más actualizada y porque el proceso de construcción ha sido más abierto al incluir por primera vez un grupo de trabajo amplio y heterogéneo, compuesto por Jorge Iván González de la Universidad Nacional/Externado, Manuel Ramírez de la Universidad del Rosario y Carlos Eduardo Vélez (experto internacional) y analistas del Banco Mundial, de la CEPAL y equipos técnicos del DANE y del DNP.

Como ven, la medición de la pobreza no es un ejercicio simple. Amartya Sen (1998) dijo alguna vez que cualquier ejercicio de medición e indización es en el fondo uno de pensamiento, análisis y juicio, y no sólo de observación, registro o crónica. Estos debates, que permiten el intercambio y el contraste de posiciones, no solo son inevitables sino necesarios para el perfeccionamiento continuo de las herramientas de orientación de las política (todas son susceptibles de ser mejoradas). Pero tal vez lo más importante es que son válidos intrínsecamente como espacio de libre expresión. Si vas a decir lo que quieres, también vas a escuchar lo que no quieres sentenció felizmente el poeta Alceo de Mitilene.

Luces y sombras en las finanzas de la Capital

El Distrito exhibe unas finanzas envidiables: ingresos seis veces mayores que hace 20 años, una sólida capacidad de inversión, mejor calificación de riesgo que la Nación, pero también un gran desorden en sus egresos, confusión entre gastos recurrentes e inversión, gigantescas nóminas paralelas y debilidad institucional. La ciudad no está protegida frente a los coletazos de la crisis global.

Fortaleza fiscal, fuente de amenazas

Entre las haciendas públicas locales del país, Bogotá es sin duda la principal y tiene la ventaja de ser tan sólida como la dinámica socioeconómica de la ciudad y la región que la sustentan -lo cual no es poca cosa en medio de las incertidumbres actuales, cuando vemos correr a las naciones asustadas a refugiarse en el oro, como en viejas épocas.

Pero la fortaleza fiscal de la ciudad es paradójicamente el origen de las amenazas que pesan sobre sus finanzas. Y no son solo los riesgos obvios de la corrupción, sino otros quizás más graves que provendrían de decisiones equivocadas sobre su manejo, como las que ya se anuncian por parte de algunos candidatos, quienes al calor de la campaña prometen hacer miles de cosas aunque -con raras excepciones- nunca señalan la fuente de dónde saldrá tanta belleza.

Porque si antes era necesario ser prudentes, serlo ahora es una obligación absoluta para evitar que la crisis mundial, que inexorablemente acabará contagiando al país, ponga en problemas la sostenibilidad financiera de la ciudad, lo cual terminaría afectando tanto a la población distrital como a la nacional. En efecto: el aporte de Bogotá es fundamental dentro de los ingresos corrientes de la Nación, léase los impuestos-vale decir lo único cierto que quedará cuando se agoten la especulación con papeles tóxicos, los recursos de la venta de activos, los activos mismos y la fiebre del oro y del petróleo.

Si bien no es posible ver el futuro fiscal de la ciudad en una bola de cristal, sí se puede analizar su devenir durante las últimas décadas y sugerir lo que debería suceder en el próximo gobierno. Ese es el propósito de esta reflexión.

El lado de los ingresos

De la salud fiscal de Bogotá en las últimas décadas dan cuenta las cifras. La Gráfica 1 registra los ingresos públicos distritales, que han crecido espectacularmente, varias veces en términos reales entre 1992 y 2009.

Gráfica 1

Ingresos distritales

1992 - 2009

Fuente: Armonización Tributaria, Secretaria de Hacienda, 2010

• En primer lugar se destaca el comportamiento de los ingresoscorrientes, básicamente tributarios y no tributarios: los recaudos por industria y comercio, predial, vehículos, sobretasa a la gasolina y consumo de cerveza, que constituyen las fuentes más importantes y corresponden a los rubros que está dispuesta a pagar la sociedad. Estos rubros representan más del 65 por ciento de los ingresos de Bogotá, lo que define, sin duda, una situación de relativa autonomía y sostenibilidad, en tanto buena parte de los ingresos está asociada con dinámicas socioeconómicas propias de la ciudad y de la región.

En el plano tributario se presentan los mayores retos para la siguiente administración. Si bien los recaudos han mantenido crecimientos satisfactorios durante los últimos años, asociados con el buen comportamiento de la economía, esto podría variar y de hecho, ya se registra un cierto estancamiento:

• Primero por la crisis mundial y su probable efecto sobre la economía y las finanzas nacionales.
• Segundo por la pérdida de confianza de la ciudadanía en la administración distrital, que podría dar pie al aumento en las tasas de evasión y elusión.
• Tercero por la obsolescencia del sistema tributario: estructura de impuestos, procesos y procedimientos.
• Cuarto por la dificultad para llegar a acuerdos regionales que impidan el canibalismo fiscal,
• Y quinto por la excesiva presión nacional sobre la base de contribuyentes distrital, que podría impedir un aprovechamiento óptimo de las fuentes territoriales.
• En segundo lugar están los ingresos por transferencias que, como se observa, son apenas un 20 por ciento y no registran grandes cambios, lo cual no significa que no sean relevantes pues son la garantía de atención parcial de los derechos de educación y salud.

Pero también es cierto que las transferencias no son suficientes para cubrir las demandas actuales, menos aun exigencias como la jornada escolar única, la ampliación de los equipamientos educativos, su reforzamiento estructural o su mejoramiento, necesidades que vienen siendo atendidas -y de manera creciente- con recursos propios de la ciudad.

Este rubro podría aumentar en el futuro, si la participación en las regalías se incorporara al presupuesto distrital. Pero, considerando la reciente reforma de regalías, estos recursos serán administrados por mecanismos para-institucionales, lo cual anuncia de antemano el destino que les espera. Su importancia será coyuntural, esporádica y temporal, y es presumible que estos recursos se destinen a proyectos que posteriormente deberán ser operados y mantenidos por las entidades territoriales, lo que sugiere que la mesura debería prevalecer a la hora de asignar tales recursos, para evitar futuras presiones de gasto.

• En tercer lugar están los ingresos de capital que, además de reflejar una cierta prudencia en la contratación de crédito, ponen en evidencia dos picos, correspondientes a los procesos de descapitalización de la Empresa de Energía y a los excedentes de capital o utilidades de las empresas.

Como se observa, estos recursos son esporádicos, como lo serán los que se obtengan por la venta o capitalización de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), si llegara a ocurrir. Por esta razón conviene mantener controlado el monto de este rubro en el largo plazo y establecer un tope al crédito que no incluya el volumen momentáneo que generan aquellos recursos contingentes.

En este rubro se presentan los mayores riesgos, considerando que una decisión como la de contratar crédito para financiar la megaobra del metro podría copar la capacidad financiera de la ciudad y acarrear una presión excesiva sobre los ingresos distritales.

A este respecto convendría estimular las fuentes asociadas con la renovación urbana, que debería adelantarse de manera simultánea con las grandes obras, de modo que la plusvalía, las valorizaciones y otras fuentes similares sean consideradas en su financiación y se reduzca la necesidad de acudir a la deuda para ejecutarlas.

El lado de los gastos

Los resultados obtenidos en la gestión de los ingresos se tradujeron en un aumento significativo en el nivel de los gastos distritales (Gráfica 2) que ha representado una mejora relativa en la calidad de vida, la productividad y la competitividad de Bogotá. Sin embargo, parece recomendable prestar atención a varias señales de alerta.

Gráfica 2.


• La primera se refiere a la falta de proporción entre el tamaño de la inversión y el gasto de funcionamiento. Sin sugerir aumentos injustificados en la burocracia, no parece sostenible el crecimiento de la inversión sin un fortalecimiento equivalente en el aparato público que debe planearla y ejecutarla. Entre los problemas que crea esta situación están:

i. La debilidad institucional para atender procesos de contratación complejos y para administrar montos de recursos crecientes en ambientes de alta vulnerabilidad.

ii. La distorsión que se introduce a la inversión al incluirle el gasto de funcionamiento disfrazado, que se contrata bajo la forma de órdenes de servicio -en realidad, nóminas paralelas, con la inestabilidad que esto acarrea- para atender funciones que no alcanzan a ser realizadas por la nómina oficial. A esto se suma el desgaste en el proceso de contratación de personal para realizar labores propias del gobierno.

iii. La pérdida de capital institucional que representa la asignación de funciones y tareas a personal provisional, además de la vulnerabilidad que representa entregar a contratistas o profesionales independientes labores misionales como la preparación de pliegos de condiciones, interventorías y similares.

• La segunda alerta corresponde al crecimiento exagerado de la inversión, particularmente en los últimos años, cuando la pendiente de los gastos se ha distanciado claramente de la pendiente de los ingresos, generando una fuerte presión sobre las finanzas distritales.

Como se observa, tal crecimiento no es sostenible y, por el contrario, el monto de la inversión ya ha empezado a decaer. En estas circunstancias resulta conveniente ajustar las expectativas y recuperar una senda de crecimiento moderado y permanente, más que optar por una vía de inversiones excesivas y discontinuas.

• La tercera alerta se relaciona con la clasificación de la inversión, que puede ser la razón de su aparentemente enorme crecimiento. Según el Balance primario 2009 – 2020 que contempla el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los gastos recurrentes representan en promedio más del 80 por ciento de la inversión, mientras que la inversión propiamente dicha apenas equivale al 20 por ciento, con tendencia a disminuir en los próximos años (link Secretaria de Hacienda. (2010) Marco Fiscal de Mediano Plazo 2010-2020. Bogotá: Alcaldía Mayor. Pág. 33). Si bien no es posible afirmar que todo el gasto recurrente es funcionamiento, es evidente que no todo lo que se denomina “inversión” corresponde al concepto en sentido estricto. Parte del problema es de origen legal, pues el país entero entró en una espiral de “alteración de la información”, que no permite conocer en realidad de qué se está hablando. Por ello, será fundamental atreverse a sincerar y aclarar las cifras sobre estos rubros, a fin de llevar las expectativas de toda índole a sus justas dimensiones.

Modernizar la administración distrital

En 1995, cuando se definió la estrategia financiera que originó la estructura fiscal que en lo esencial se mantiene hasta el presente, se buscaba garantizar un crecimiento sostenido de los ingresos para la modernización y la inversión distrital. De esta estrategia se lograron apenas dos objetivos: el crecimiento sostenido de los ingresos y el aumento de la inversión, ambas con riesgos y limitaciones a estas alturas.

Las dificultades para abordar la necesaria modernización del aparato distrital impidieron avanzar en este sentido y, al cabo, parecen estar poniendo en riesgo los demás resultados. Por eso la reforma de la administración distrital no debería aplazarse más.

La reforma nominal realizada hace algunos años amerita una evaluación y el análisis del impacto que pudo tener en los problemas institucionales recientes. Pero además esta reforma debería superarse para avanzar en un diseño institucional más eficaz y para fortalecer la gobernabilidad o capacidad para “gobernar”, más acorde con la dimensión de la ciudad y con los retos regionales y globales que la esperan.

fuente:http://razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/2401-luces-y-sombras-en-las-finanzas-de-la-capital.html

Concejos y concejales: ¿qué son y qué deberían ser?

En dos semanas se elegirán alcaldes y gobernadores, pero también unos doce mil concejales que jugarán un papel decisivo en cada municipio y sin embargo son poco conocidos. ¿Qué deben hacer, qué no deben hacer, cómo elegirlos y qué reformar para que los concejos contribuyan más al progreso de los municipios?

Por escándalos… y eso

El concejo municipal es una corporación pública que permanece un poco en la sombra, tal vez debido al sesgo presidencialista de nuestro sistema de gobierno. No atrae mucha atención salvo, claro está -y a veces- por los escándalos protagonizados por sus miembros.

En el caso de Bogotá y su reciente debacle, por ejemplo, el papel de los concejales ha sido minimizado y han pasado de agache, cuando precisamente fueron sólo unos pocos concejales quienes destaparon la olla podrida del carrusel de la contratación. Incluso, varios miembros de los partidos de “oposición” al gobierno de la ciudad resultaron finalmente involucrados en decisiones o acciones hoy sujetas a examen de la justicia penal. Sin embargo, la cuenta de cobro política no ha llegado o les ha salido barata: según Bogotá Cómo Vamos, la imagendesfavorable del Alcalde ronda el 73 por ciento, mientras que la del Concejo es del 58 por ciento.

Tienen bastante poder

En Colombia, mientras los alcaldes se eligen popularmente desde hace apenas 23 años, desde el siglo XIX se vienen eligiendo concejales [1] y, salvo algunos ligeros cambios introducidos hace cien años y otros más en la década de 1970, todo se ha mantenido relativamente estable.

No obstante, la reformas descentralizadoras de los ochenta y la propia Constitución de 1991 impulsaron la figura del alcalde como la autoridad central de los municipios. De hecho, hoy son más numerosas y significativas las atribuciones de los alcaldes que las de los concejales: la lista de las más importantes suma diecisiete para el caso de los alcaldes, y nueve para los concejales.

Pero en realidad los concejales disponen de mucho poder relativo:

• tienen funciones administrativas, como fijar el presupuesto municipal;
• ejercen control político, que los compromete o debería comprometerlos con la actuación de los alcaldes, para bien y para mal, por acción o por omisión;
• eligen a funcionarios de control: personeros y contralores (estos últimos en los municipios de mayor tamaño).

Lo que pueden y no pueden

Municipios disparejos

Los concejos son corporaciones públicas cuyos miembros toman decisiones de manera conjunta y no en forma individual o personal. El número de concejales de cada municipio depende del número de sus habitantes y no es menor de siete ni mayor de veintiuno, aunque en Bogotá que tiene ésta y otras particularidades, son 45.

En rigor, los concejales no son empleados públicos: son servidores públicos y no devengan salario, sino honorarios por asistir a las sesiones de debate. Hoy, un concejal de los municipios de categoría especial recibe 365 mil pesos por asistir a una sesión de discusión, mientras los de categoría uno reciben 309 mil y los de categoría seis 90 mil pesos, que equivale casi a la cuarta parte de lo recibido por los de categoría especial y uno.

Estas reglas, junto con la categorización de los municipios, definida también por su número de habitantes e Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) dan a entender que los municipios se gobiernan y administran adecuadamente de acuerdo con sus propias condiciones. Eso es, al menos, lo que está previsto en varias constituciones y muchas leyes, desde hace más de un siglo. Pero la realidad es otra.

Fuente: DANE y Contraloría General de la República.

Prácticamente el 90 por ciento de los municipios pertenecen a la categoría seis, lo que muestra una distancia abismal entre esta gran mayoría y los centros urbanos que por múltiples razones han venido creciendo a un ritmo muy superior.

Pero resulta cuanto menos iluso pensar que basta con graduar el número de concejales entre 7 y 21 en función de la población y de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) para dar cuenta de la heterogeneidad y adecuar las formas de gobierno municipal a esta realidad.

Efectivamente, a pesar de los cambios introducidos por la constitución del 91, las funciones de los concejales siguen siendo casi las mismas desde el siglo XIX. Cambió la fórmula para estimar su número, el lenguaje para establecer las funciones y la forma de calcular los honorarios por su gestión, pero por lo que resta seguimos atrasados más de cien años.

Gobiernos esquizofrénicos

Tampoco cambian las prácticas políticas. Hoy, como ocurría incluso antes de la elección popular de alcaldes, generalmente y al menos en el momento de su elección, los alcaldes tienen una orientación política muy distinta de la de los concejales, lo cual suele conducir a un gobierno municipal ligeramente esquizofrénico [2].

Podría uno pensar que esto responde a que se eligen proyectos políticos distintos para garantizar el control mutuo y evitar la manguala, pero la evidencia muestra una sorprendente continuidad de la participación de los partidos tradicionales en los concejos. Independientemente de quién resulta elegido alcalde, existe una marcada tendencia a seguir eligiendo a los mismos concejales o a los grupos de poder que representan, como los transportadores o los urbanizadores.

Pretender gobernar un municipio sin el apoyo del concejo resulta por lo menos arriesgado. Varios ejemplos recientes demuestran el deterioro de la gobernabilidad que se produce en estos casos y el riesgo de caer en la otra práctica histórica: las componendas, generalmente reflejadas en la asignación de “cuotas” burocráticas o de contratos, para obtener respaldo o de lo contrario soportar la parálisis de la administración municipal.

Diferenciar municipios y concejos

Un debate sano, que no se ha dado en la actual campaña electoral, también debería incluir una diferenciación más fina en las competencias y las funciones de las administraciones municipales: no parece razonable que un municipio categoría uno —de los más grandes y ricos— tenga lasmismas funciones de otro en categoría seis.

Esta diferenciación podría ser un instrumento poderoso de regulación y control del crecimiento urbano desordenado, de articulación de los Planes de Ordenamiento Territorial entre municipios vecinos, de una mejor gestión del suelo, de combate a la pobreza y de prevención de las causas de la violencia, entre otras cosas.

Y en este sentido, por consecuencia, también deberían diferenciarse el papel y las competencias de los concejales. Seguir con el diseño actual es seguir de espaldas al país real.

De manera que el tamaño del poder que poseen los municipios, y que se disputa en cada elección, debería ser proporcionalmente mayor y en consecuencia el papel de los concejales. Por “tamaño de poder” podría entenderse la mayor autonomía fiscal, política, administrativa, así como competencias exclusivas, relacionadas con el territorio y no solo con la dimensión sectorial.

Pero está claro que el país va por otro lado: así lo indican la tan esperada y frustrante Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la reforma de las regalías que se adoptó hace poco, así como la recentralización que se ha venido dando en los últimos diez años.

La oportunidad del 30 de octubre

¿Qué papel estratégico puede jugar un concejal en el actual contexto? Sin importar a qué categoría pertenezca su municipio, sin duda cada concejal que resulte elegido podría hacer un gran aporte al republicanismo cívico:

• Ejerciendo sus competencias para prevenir y denunciar la corrupción.
• Manteniendo su independencia y renunciando a cuotas burocráticas.
• Promoviendo la gobernabilidad sin cuotas como un propósito colectivo.

Pero esto requiere gran capacidad técnica y política, voluntad e interés por entender su contexto y ejercer su responsabilidad. El reto parece moverse hacia los electores: consiste simplemente en saber elegir bien.

fuente:http://razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/2476-concejos-y-concejales-ique-son-y-que-deberian-ser.html

Educación superior pública: alternativas de financiación frente a la Ley 30 y al proyecto Santos

La presión estudiantil logró que el Gobierno retirara, en principio, el proyecto de reforma radicado ante el Congreso. Mejor el régimen actual que adoptar la propuesta del gobierno, y mejor todavía un sistema que evite el despilfarro pero nos asegure cobertura, calidad y claridad.

Bases para un proyecto alternativo

Este artículo esboza un esquema alternativo de financiamiento de la educación superior pública colombiana, tanto frente al implícito en la Ley 30 de 1992 como al contenido en el proyecto de ley que el gobierno Santos radicó en el Congreso a comienzos de octubre y acaba de retirar bajo la presión de la comunidad académica.

Un esquema de financiación adaptado a la situación colombiana debería reunir, a mi juicio, las siguientes características básicas:

i. Soportar la expansión de la cobertura de calidad a niveles socialmente deseables y alcanzables, en donde concurran, de manera más o menos balanceada, la educación pública y la educación privada (sin ánimo de lucro);
ii. Inducir mediante incentivos explícitos el logro de las metas decobertura y calidad (creatividad, aprendizaje, producción de conocimiento e innovación), en vez de limitarse a controlar el desperdicio de recursos;
iii. Incorporar criterios de equidad que tengan en cuenta la capacidad de pago de los beneficiarios y favorezcan el desarrollo armónico de las regiones;
iv. Ser fiscalmente sostenible.

La Ley 30 y el proyecto Santos cumplen con la cuarta condición: la de sostenibilidad fiscal. Pero en los demás aspectos dejan mucho que desear. El esquema de financiación a la oferta previsto en el proyecto Santos, que se representa en la Gráfica 1, exhibe tres deficiencias principales;

i. Primero, hay incongruencia entre el monto de los aportes presupuestales y las metas de cobertura y calidad fijadas a través del Plan Nacional de Desarrollo.
ii. Segundo, el proyecto no determina — o no establece reglas para determinar — qué parte de los aportes corresponden a los varios tipos de instituciones que integran, o deberían integrar, un sistema de educación superior (universidades, instituciones técnicas).
iii. Tercero, el proyecto no fija criterios para distribuir los aportes entre las instituciones destinatarias, en particular en el caso de los aportes permanentes.

Gráfica 1

Financiación de la oferta según proyecto Santos: Aportes permanentes

En la práctica, la educación superior pública no podría existir sin el apoyo presupuestal del Estado. En Colombia, ese apoyo ha provenido tradicionalmente del nivel nacional y así debería seguir siendo, dado que los presupuestos sub-nacionales son por lo general demasiado estrechos para el efecto. Por lo tanto, construir la propuesta alternativa en función del presupuesto nacional resulta razonable.

A continuación se presentan los elementos de un esquema alternativo que apunta a corregir o moderar las deficiencias aludidas.

Las universidades públicas reciben menos aportes

En el proceso de elaborar el presupuesto general de la Nación hubiera podido asignarse a las instituciones públicas un monto de recursos consistente con el propósito de ampliar la cobertura de la educación superior de calidad. La Ley 30 de 1992, norma que regula el sector, no lo impedía ni lo impide, ya que ella establece apenas un umbral o valor mínimo de crecimiento de los aportes del gobierno nacional a las universidades públicas.

Cualesquiera que sean las razones, es un hecho que las universidades públicas, consideradas en conjunto, desde inicios de este siglo han recibido aportes presupuestales nacionales relativamente bajos ydescendentes, tanto en términos reales per cápita (por cada estudiante matriculado), como en términos de su participación en el PIB (Cuadro 1 y Gráfica 2) [1].

Cuadro 1

Aportes del Presupuesto General de la Nación a las universidades públicas bajo la Ley 30 de 1992

(Funcionamiento e inversión)

Pr: Provisional
Fuentes: Ministerio de Educación Nacional, DANE, DNP.

El proyecto Santos, en síntesis

El esquema de financiación de la oferta propuesto por el gobierno Santos incluye un componente permanente (artículo 145), que determina el volumen de los aportes de tal modo que ellos aumentan siempre por debajo del crecimiento económico. Es interesante notar que la fórmula prevista resulta más avara que la ya contenida en la Ley 30, dadas las tasas de crecimiento económico típicas de Colombia.

Gráfico 2

Universidades públicas: Aportes del presupuesto nacional por estudiante

Pr: Preliminar. P: Proyectado.

Fuente: MEN, para estudiantes matriculados; DANE y Ministerio de Hacienda para crecimiento del PIB; y estimaciones del autor.

En efecto, la Ley 30, en su artículo 87, establece que “a partir del sexto año de vigencia de la presente ley [esto es, a partir de 1998], el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30 por ciento del incremento real del Producto Interno Bruto”. La frase clave aquí es “no inferior al 30 por ciento”.

En contraste, según el proyecto Santos, “la Nación incrementará sus aportes para las Instituciones de Educación Superior estatales que reciban recursos de la Nación, en un porcentaje que dependerá del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), así: si el crecimiento real del PIB es mayor al 0 por ciento y menor del 5 por ciento, el incremento será del 30 por ciento de dicho crecimiento (…)”, en donde la frase operativa es “será del 30 por ciento”.

Si el crecimiento económico de Colombia continúa por una senda similar a la observada en el siglo pasado (alrededor de 4,5 por ciento promedio anual), el crecimiento real de los aportes permanentes, bajo el proyecto Santos, no sobrepasaría el 1,5 por ciento anual, una restriccióninexistente en la Ley 30.

El proyecto Santos incluye también un componente de aportes adicionales transitorios para financiar la oferta (artículos 146 y 147), equivalentes a “tres puntos reales” con respecto a los aportes totales del año anterior, componente que operaría entre 2012 y 2022.

Puesto que los aportes permanentes, que constituyen el grueso del total, crecen menos que el PIB y los aportes transitorios se calculan, en lo fundamental, como una fracción fija de los aportes permanentes, el total de los aportes (permanentes más transitorios) necesariamente perdería participación en el PIB con el paso del tiempo.

Los aportes transitorios del proyecto Santos exhiben, pues, tres rasgos: son transitorios; podrían aprobarse acudiendo a la Ley 30 vigente, y son relativamente exiguos.

Como se muestra en el Cuadro 2 — que utiliza pronósticos oficiales de crecimiento económico favorables a la propuesta gubernamental — los aportes totales pasarían de representar un 0,38 por ciento del PIB en 2011, a 0,28 por ciento en el 2022, al final del período de transición, y a 0,15 por ciento en 2042 (recuérdese que la ley seguiría vigente después de la transición), en vivo contraste con el 0,51 por ciento que habían alcanzando en 2003.

Voceros ministeriales han planteado en declaraciones recientes una interpretación más benigna de la forma de liquidar los aportes en el proyecto. Aunque la redacción del texto dista mucho de ser un monumento a la claridad, un punto fundamental permanece incólume aun con la interpretación más benigna: Presupuestalmente hablando, el proyecto Santos, que establece máximos relativamente bajos, es más restrictivo que la Ley 30, que establece mínimos, al tiempo que hasta el 2022 ocasiona una caída de la participación de los aportes en el PIB para, entre otras, las tasas de crecimiento de mediano plazo previstas por el propio gobierno y la tasa de crecimiento histórico.

Téngase en cuenta, además, que después del 2022 quedaría operando la fórmula para determinar los aportes permanentes que asegura su caída relativa progresiva, en tanto que los recursos adicionales desaparecerían o, por lo menos, quedarían en entredicho.

Cuadro 2

Aportes del presupuesto nacional a las universidades públicas colombianas:

Estimación de los efectos del Proyecto de ley Santos sobre la financiación de la oferta

P: Proyectado

Supuestos y parámetros del ejercicio: i. Crecimiento real promedio del PIB: 5,0 por ciento ii. Factor aplicable a crecimiento real del PIB (Art. 145, Proyecto Santos): 40 por ciento. iii. Crecimiento real de los aportes presupuestales: 2,0 por ciento. iv. Porcentaje de los aportes presupuestales transitorios:3,0 por ciento

De este modo, el proyecto Santos da un tratamiento presupuestal a la educación superior como si fuera un bien inferior, esto es, un bien cuya demanda cae a medida que aumenta el ingreso nacional, aproximado por el PIB.

Para una sociedad como la colombiana, con un grado de desarrollo modesto, agravado por una muy desigual distribución del ingreso, dicho tratamiento luce no sólo innecesariamente riesgoso, sino contraproducente.

¿Conviene una destinación específica?

Como lo muestra el caso de la Ley 30, no toda destinación específica garantiza un mejor desenlace presupuestal para un sector. Depende de los pormenores de la fórmula que se utilice. Y depende, en últimas, del proceso político rutinario en el ámbito presupuestal, más aún cuando la fórmula está consagrada en una ley ordinaria que el propio Congreso puede modificar con relativa facilidad.

La destinación específica para la educación superior pública se ha convertido, no obstante, en expresión del grado de compromiso estatal con el sector, un compromiso más bien deleznable en décadas recientes, a juzgar por la cifras. Si de veras se pretende aumentar la cobertura, como ocurrió en períodos recientes y como el gobierno lo busca explícitamente, resulta paradójico que la fórmula del proyecto Santosdisminuya los aportes por estudiante o, en el mejor de los casos, los mantenga [2] frente al presupuesto asignado bajo los parámetros de la Ley 30. El umbral fijado por la Ley 30 ha resultado ser demasiado bajo en la práctica, y la fórmula del proyecto Santos no desembocaría en resultados presupuestales significativamente diferentes, e incluso es inferior en términos de flexibilidad y diseño.

Haciendo la tarea en orden

Hay, desde luego, una gran variedad de formas para determinar el monto de los aportes del presupuesto nacional para financiar la oferta de educación superior pública que arrojarían presupuestos menos estrechos, pero sostenibles. Hágase como se haga, resulta aconsejable tener en cuenta dos dimensiones de los aportes: i) el nivel inicial; ii) el cambio anual. Habría primero que revertir la tendencia descendente de los aportes para las universidades públicas, hasta situarlos en un nivel deseado compatible con las metas: ¿1 por ciento del PIB? ¿0,8 por ciento del PIB? [3]. Convendría fijar también un horizonte de tiempo para alcanzar gradualmente el nivel seleccionado: ¿cuatro años serán suficientes? Luego habría que fijar la regla de cambio anual de los aportes, con miras a mantenerlos en el nivel deseado. En la institucionalidad fiscal colombiana existen ya mecanismos de ese estilo, entre los que sobresale la regla que opera para el Sistema General de Participaciones de las entidades territoriales, adoptado mediante el Acto Legislativo No. 4 de 2007.

Según el artículo 4 de dicho Acto Legislativo, “El Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores, incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución”.

Nótese que entre las destinaciones prioritarias de los recursos del Sistema de Participaciones se cuenta la educación preescolar, primaria, secundaria y media, un campo directamente relacionado con la educación superior.

La utilización de un promedio móvil (“variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores”) busca imprimirle una cierta estabilidad al monto de las participaciones.

También podría elevarse el umbral o valor mínimo del aumento de los aportes significativamente por encima del previsto en la Ley 30. Un umbral más elevado enviaría una señal de mayor compromiso del gobierno con la educación superior y le permitiría al Congreso conectar anualmente la asignación de recursos con los objetivos de cobertura y calidad.

¿Financiar la oferta o la demanda?

Si el Estado canalizara todos los recursos hacia la demanda, a través de créditos educativos por ejemplo, cabe esperar que la financiación de las universidades y otras instituciones públicas sería considerablemente inestable e incierta, dadas las fluctuaciones del tamaño de la población estudiantil entre instituciones y, en general, entre el sector público y privado — más aún en ausencia de colchones financieros significativos, como las dotes con las que cuentan las universidades estadounidenses.

En términos de calidad, no luce muy prometedora la situación de una universidad que contrata y despide docentes e investigadores al ritmo de los vaivenes semestrales o anuales de la demanda (por lo demás, los contratos laborales en las universidades públicas suelen tener términos mayores al semestre o el año). Esa es una razón crítica para justificar la financiación de la oferta. El proyecto Santos deja ver cierta preferencia por la financiación a la demanda. Pienso que si se aspira a que la universidad pública juegue un papel importante en términos de cobertura, el grueso de los aportes presupuestales debería orientarse a la financiación de la oferta: ¿entre un 85 y un 95 por ciento del total?

En lugar de sustituir la financiación a la oferta, la financiación a la demanda, vía créditos o subsidios directos a los estudiantes, debería sercomplementaria, destinada a suavizar los desfases entre oferta y demanda de cupos.

Distintas instituciones y funciones, distinta financiación

El proyecto Santos propone la creación de una gran bolsa de aportes presupuestales destinados a financiar la oferta, sin distinguir entre recursos destinados a universidades y a otras instituciones técnicas, como el SENA. Una alternativa mejor sería distinguir varios tipos de instituciones: universidades de investigación, que otorgan hasta títulos de doctorado; universidades vocacionales o de profesionalización, que otorgan hasta títulos de maestría; e instituciones técnicas, por ejemplo. Dado que estas entidades cumplen funciones distintas, bien podría determinarse el monto de los aportes por tipo de institución.

Para contribuir al desarrollo armónico, podría haber al menos una universidad pública de investigación en cada gran región del país, con las universidades vocacionales asentadas en ciudades intermedias, con atención al balance regional, pero sin llegar al extremo de una repartición milimétrica.

De ordinario, el presupuesto nacional debería financiar sobre todo losgastos recurrentes representados, por ejemplo, en remuneraciones de docentes e investigadores y en gastos administrativos esenciales, y de manera extraordinaria los gastos de inversión, en el sentido de añadido a lo ordinario.

Los gastos recurrentes deberían estandarizarse tanto para evitar la asignación insuficiente de recursos, como para desestimular el exceso de gastos. La estandarización podría efectuarse mediante una tabla de remuneraciones de referencia, de cobertura nacional por tipo de institución, que indicaría el costo base de un profesor con o sin doctorado, asistente, asociado y titular, en ciencias, ingeniería, etc.

Entre dos males

En términos presupuestales el statu quo asociado con la Ley 30 ha arrojado resultados insatisfactorios, como consecuencia sobre todo del proceso político conducente a la asignación de recursos y, en menor medida, de las restricciones derivadas de esa norma.

Por su parte, las desventajas del proyecto Santos -en especial, el tratamiento presupuestal de bien inferior que le otorga a la educación superior- son más protuberantes que las ventajas -en particular, la asignación de unos exiguos recursos adicionales transitorios.

En estas circunstancias, la falta de alternativas probablemente forzaría a escoger al menor entre dos males (el exceso de alternativas también puede tener sus consecuencias adversas, ya que se torna difícil dilucidar sus pros y contras, aparte de que suele favorecer a la propuesta de quien sienta la agenda).

El esquema de financiación que se ha delineado en el presente documento aspira a ser, desde el punto de vista de su diseño, una alternativa al statu quo más satisfactoria que la ofrecida por el proyecto Santos.

fuente:http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2548-educacion-superior-publica-alternativas-de-financiacion-frente-a-la-ley-30-y-al-proyecto-santos-.html

La presunta reducción de la pobreza (o el déficit ético de la tecnocracia)

El debate sobre cómo medir la pobreza sirve para dar una mirada penetrante sobre qué en realidad es la pobreza y, más aún, sobre la pobreza moral de los tecnócratas que se ocupan de medirla en Colombia.

Atajo hacia la prosperidad democrática

Tecnócratas esclarecidos acaban de concebir una línea divisoria entre pobres y no pobres, un rasero tan caprichoso y arbitrario como las fórmulas populares de “salud, dinero y amor”, y “casa, carro y beca”, o como las loterías salariales que premian a los “genios” con doctorado y castigan a los “brutos” sin títulos.

Corremos el riesgo de empobrecernos aún más si nos marginamos de la discusión y renunciamos a la libertad para hacer nuestras propias comparaciones interpersonales: ¡Angelino se atrevió!

Fukuyama pretendió que la humanidad estaba asistiendo al fin de la historia y declaró que las ideologías habían muerto. El parlador José Obdulio Gaviria materializó el hábito de pensar con el deseo del presidente Uribe, y quiso decretar que en Colombia no había conflicto armado sino una “amenaza terrorista” contra la democracia, y que en lugar de desplazamiento forzado había una masa de emigrantes voluntarios.

Otros maestros de la publicidad y diseñadores de “soluciones” efectistas han apelado a conceptos inverosímiles, como los de

• Post-conflicto (como si ya hubiesen sido solucionados todos los conflictos sociales, económicos, políticos y aún emocionales de la sociedad);
• Reparación a las víctimas (como si la reparación factible en los artefactos mecánicos pudiera llevarse a cabo en sociedades que viven el conflicto y sufren daños irreparables… que aún demandan la verdad y castigo ejemplar para victimarios).

Hoy se comenta una muy buena noticia: ¡En Colombia, la pobreza ha disminuido notablemente… se redujo en un 12,2 por ciento entre el 2002 y el 2010! ¡3.402.871 personas salieron de la pobreza! [1] La buena nueva se expone en los dos últimos artículos de Jorge Iván González, enRazón Pública.

No obstante este hallazgo puede ser catalogado como un falso positivo (¡de aquellos que abundaron bajo Uribe!): el avance hacia la prosperidad resulta de una métrica novedosa y controvertible, como diré a continuación.

El estrecho índice de pobreza multidimensional

El nuevo índice de pobreza multidimensional (IPM) es un avance decididamente tímido en relación con las nociones de bienestar y libertad que implican, entre otros, los enfoques de estados sociales [2], bienes primarios [3], capacidades [4], y recomendaciones de la Comisión Sarkozy.

En el artículo de González “El nuevo índice de pobreza” aparecen la explicación general de la metodología y algunos de los valores computados del IPM. Sus autores apenas buscaron estimar si las familias lograban un acceso minimalista a:

• educación (medida como bajo logro educativo y analfabetismo);
• niñez y juventud (medida por inasistencia escolar, rezago escolar, no acceso a los servicios de cuidado de primera infancia, y trabajo infantil);
• trabajo (desempleo de larga duración, y tasa de informalidad);
• salud (no aseguramiento y no acceso a servicio de salud cuando hay necesidad);
• vivienda y servicios públicos (no acceso a fuente de agua mejorada, eliminación de excretas, pisos inadecuados, paredes inadecuadas, y hacinamiento crítico).

Se supuso que un hogar clasifica como pobre si presenta al menos 5 carencias, entre las 15 variables anteriores. Sin embargo se admite que haría falta incluir otras variables y a que a menudo los datos no existen para un año o una región determinadas.

Esta excusa es inadmisible para justificar un índice insuficiente, como el actual IPM. Seguramente unos ojos aguzados y una fina sensibilidad frente a los problemas sociales permitirían ampliar el rango de las variables hacia límites inferiores (algo dignos) y límites superiores (muy dignos y deseables), y, además, añadir otras vitales variables como:

• salud mental (una visa sin vicios, sin emociones demasiado negativas, etc.);
• salud corporal (sin desnutrición, sin enfermedades pulmonares y digestivas, etc.);
• adecuada ocupación y uso del suelo rural y urbano (sin riesgos evitables por inclemencias climáticas como las temporadas de intensas lluvias; sin riesgos a causa de la locomotora minera; sin ganadería extensiva);
• ambiente político (sin asesinatos de líderes cívicos o sindicalistas, con libertades civiles y políticas, oportunidades de participación…);
• ambiente laboral (salario digno, ocupaciones dignas, menores riesgos laborales…);
• ambiente familiar (oportunidades de empleo digno para las mujeres, no violencia intrafamiliar).

Pero además habría que tener en cuenta que en condiciones de conflicto armado, narcotráfico, mafias y corrupción, se reducen ostensiblemente el acceso y la calidad de los bienes colectivos y privados: hay inestabilidad en los derechos de propiedad, hay problemas de acceso a la justicia, está en riesgo la vida misma.

A esto se suman los estragos de la política pro ricos como la regla fiscal para poner en cintura gastos en salud y educación. ¡Claro, con semejante ampliación cualitativa y cuantitativa, posiblemente se dispararía el número de pobres en Colombia a mucho más que un tolerable 30 por ciento global y un preocupante 53 por ciento para el campo!

Menos pobres, pero más liliputienses

Los expertos del DNP presumen saber más de pobreza que los mismos pobres. Según ellos, si una persona tiene un ingreso aproximado de 78.000 pesos al mes (esto equivale a 2.600 pesos o a 1,40 dólares diarios) es indigente.

Pero si su ingreso se eleva a 190.000 pesos mensuales (que son 6.333 pesos o 3,40 dólares diarios), entonces tal persona estaría por encima de la línea de pobreza. Para que alguien salga de la pobreza se requiere el supuesto adicional de que la persona tenga una familia de 4 miembros (¡para completar, se presume que no hay infantes, ni ancianos, ni cesantes!) pues todos trabajan, entonces todos ganan la cuantiosa suma de 760.000 pesos.

Infortunadamente las inteligencias superiores de tales expertos no incluyeron importantes supuestos adicionales como que:

• En tal familia prototipo han de existir amor o al menos cumplimiento de los deberes (¿qué ocurre si alguien se bebe parte del ingreso?) y consenso (¿qué pasa si tienen preferencias disímiles o distintas prioridades?);
• Los 4 trabajadores de la familia tipo no deben incurrir en gastos de transporte ni de almuerzo (si cada uno viaja en Transmilenio, y cada cual consume gaseosa y pan francés y dos tinticos, despilfarrarían 500.000 pesos en 25 días laborales).

Por esta vía llegaríamos a concluir que los miembros de la familia-tipo podrían vivir encima de la línea de pobreza con la sola condición de ser pigmeos, pues 4 de ellos tal vez podrían gastar en vivienda, transporte, servicios, comida, etc., lo que demanda una persona de tamaño normal…¡cero hambre, cero hacinamiento!

Sospecho que, con sabia razón, los tecnócratas han omitido el tema de las libertades (la voz, la libre expresión, etc.) pues los liliputienses son inaudibles e imperceptibles para los opulentos gigantes.

Experimento y comparaciones

Hace unas semanas el presidente Santos clamó para que le aceptaran la renuncia al “bolillo” Gómez por haber golpeado a una mujer. Hoy los tecnócratas dan una burda bofetada a nuestra inteligencia y dignidad.

Dado que parecen carecer de empatía, de sentimientos morales y de principios éticos como el de ponerse en el lugar del otro, deberían experimentar si pueden vivir, al menos por un mes, con la suma que según ellos se necesita para salir de pobre. ¡La percepción subjetiva y la aún lúcida imaginación moral del ex sindicalista Angelino Garzón desbaratan en 5 minutos el truculento modelo de los tecnócratas!

Los pobres no son extraterrestres: la pobreza es un asunto de interacción e interdependencia sociales.

Para no sucumbir a la dictadura de los expertos, cada persona debería realizar sus propias comparaciones. Comparar permite contrastar: la fealdad se hace más atroz comparada con la belleza; la pobreza se torna más cruda comparada con la riqueza. Comparar ayuda a detectar injusticias y a valorar las transferencias de ingreso y de riqueza: en las sociedades dominadas por la competencia no todos podemos ganar el primer lugar: para que unos ganen otros deben perder, y los empobrecidos acaban transfiriendo ingreso o riqueza a los más opulentos.

Hoy deberíamos proceder a un ejercicio de comparación interpersonal de oportunidades salariales:

• tomar el irrisorio salario mínimo (535.600 pesos mensuales) y sumarle las extenuantes jornadas y los tratos humillantes que debe soportar cualquier obrero raso;
• contrastarlo después con los pocos millones que puede ganar un “pobre” profesor universitario (con el precioso consuelo del buen ambiente interpersonal que brinda la atmósfera académica);
• compararlo con las decenas o centenas de millones de pesos que significan los honorarios de consultores prestigiosos (¡a los cuales se agregan una corta jornada laboral, las cenas y cocteles, y el prestigio social!);
• finalmente, compararlo con los millones de dólares que puede ganar uno de los súper ricos de Colombia, un Luis Carlos Sarmiento (¡y sumarle la inaudita intensidad de su voz y de su voto político!).

Pobreza relativa, frustración y pugna distributiva

Lauchlin Currie mostró que era factible acabar la pobreza absoluta (entendida como la carencia de satisfactores físicos en relación con necesidades biológicas), pero quedaría pendiente el colosal problema de la pobreza relativa (el efecto privación y los deseos sociales traducidos en moda, estatus, ostentación, reconocimiento, honores, etc.)[5].

Fred Hirsch explicó el concepto de “bienes posicionales” o “riqueza oligárquica”, para referirse a los bienes (obras de arte, viviendas en sectores exclusivos) o servicios (educación y sexo de las más altas calidades), cargos (ministerios, embajadas, consultorías, etc.) que sólo están disponibles para unos pocos privilegiados y, por tanto acarrean problemas de pobreza para el resto de la sociedad en términos de frustración y de congestión social [6].

Michal Kalecki mostró que la pobreza está relacionada con la pugna de clases en torno a la distribución del ingreso: una lucha entre asalariados (quienes gastan lo que ganan) y capitalistas (quienes ganan lo que gastan) [7].

Por último, en la perspectiva de Sen habría que ir más allá de la pobreza y examinar la distribución de las libertades reales [8] ¡aun suponiendo que la gente pueda tener mejores niveles de consumo y de la llamada prosperidad (u opulencia), pueden padecer una crónica falta de libertad o tener unas nimias libertades cosméticas! [9].

fuente:http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2414-la-presunta-reduccion-de-la-pobreza-o-el-deficit-etico-de-la-tecnocracia.html