En términos periodísticos, los manuales de edición dicen que la culpa principal de que un error aparezca publicado en un libro la tiene quien escribió mal la palabra. Eso no quita que luego se establezcan segundas y terceras responsabilidades para todos aquellos que debieron haber alertado el problema y no lo hicieron.
El jueves 9 de junio La Polar estalló igual que un globo que se ha inflado más de la cuenta. Y reventó en las narices del sistema financiero chileno que con el paso de los días ha ido conociendo la realidad que escondía ese retailer que posee –o poseía– cerca del 10% del mercado de las multitiendas.
Los ejecutivos de La Polar ocultaron una cartera de clientes con deuda vencida por más de 12 meses, cartera morosa estimada en $500.000 millones, la que –de haber sido transparentada– obligaba a la compañía a elevar cuantiosas provisiones, según manda la ley.
Desde que el caso se hizo público se han oído acusaciones, explicaciones, exculpaciones y también se han visto intentos por saber de qué manera se podría hacer menos vulnerable y, por ende, más sustentable a las compañías que desarrollan este tipo de créditos.
Para saber qué se puede mejorar, es inevitable conocer qué fue lo que falló exactamente. Pero mientras las investigaciones avanzan en la Fiscalía Centro Norte, analistas y actores del mercado van esgrimiendo posibles mejorías en distintas direcciones, ya que hubo varios factores que se transformaron en tierra fértil para que se diera este caso que va apuntando maneras de fraude.
Esfera pública
El escándalo de La Polar se desató porque un accionista minoritario, Felipe Ponce, encargó a un bufete de abogados de escaso renombre, Silva & Gutiérrez, estudiar los estados financieros antes de inyectar recursos frescos a la compañía, como pedía la plana ejecutiva. Los abogados analizaron la información pública que existía, vieron severas inconsistencias y fueron a pedir explicaciones a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Hasta ese momento, ninguna entidad pública había advertido el hecho. A pesar de que la SVS contaba con la misma información que tuvieron Silva & Gutiérrez y que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y su director, Juan Antonio Peribonio, durante 2010 habían recibido cerca de 150 reclamos de clientes de la multitienda que aseguraban estar siendo víctimas de repactaciones unilaterales de deudas. El Sernac hizo de mediador con La Polar y en noviembre de ese año la multitienda ofreció un acuerdo compensatorio. Así lo relata el director ejecutivo de la fundación Chile Ciudadano, el abogado Tomás Fabres, que asegura que hubo una falta grave de parte del Sernac de no advertir del hecho al Ministerio de Economía.
Un representante de las AFP, que vio gravemente afectadas sus inversiones por el desplome de La Polar (las administradoras de fondos tienen el 24% de la propiedad de la multitienda), lanza sus dardos al Estado: “Si la SVS se va a limitar a ser una simple oficina de partes que recibe las Fecus y no fiscaliza, ¿para qué tiene la enorme cantidad de profesionales que trabaja ahí?”, dice a “Poder&Negocios”.
La misma fuente insiste en que la SVS no hizo su labor y la compara con la Superintendencia de AFP: “Nosotros nos vemos en la obligación de tener un equipo de profesionales especialmente dedicado a contestar los requerimientos que hace la Super (sic) de AFP casi a diario… están todo el tiempo pidiéndonos aclaraciones”, dice para evidenciar un eventual adormecimiento de la SVS frente a La Polar.
El ex superintendente de Valores y Seguros Alejandro Ferreiro (2003-2006) advierte a “Poder&Negocios” que “es demasiado prematuro sacar lecciones”, porque aún no se conocen todos los antecedentes. Pero estima que la SVS, dirigida actualmente por Fernando Coloma, no falló. “Su labor no es comprobar si los estados financieros tienen inconsistencias, eso lo hacen los clasificadores de riesgos y los auditores externos”, asevera Ferreiro.
Además, explica que las empresas entregan su información financiera y en el mismo día se pone a disposición pública, de este modo se evitan especulaciones en el mercado. “Aquí no ha fallado el Estado. No podemos decir que cada vez que alguien se pasa con luz roja, la culpa es de Carabineros”, ejemplifica.
A ojos de Ferreiro, los responsables más evidentes serían los auditores externos, además de la gestión y el directorio de la multitienda. En todo caso, dice que ésta podría ser una oportunidad “para hacerse las preguntas sobre los roles que cumplen o debieran cumplir las instancia reguladoras y controladoras del sistema financiero”, y perfeccionarlas, si eso cabe.
También se han dejado caer críticas sobre la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), pero esta entidad afirma que la ley sólo le confiere “regular” las tarjetas de crédito que emiten las casas comerciales, pero no fiscalizarlas. Que ese rol en cambio sí le toca cumplirlo con “los plásticos” de los bancos y las entidades financieras.
El Banco Central, el Ministerio de Hacienda y las superintendencias de Valores, AFP y de Bancos se reunieron a las 48 horas de estallar el escándalo para analizar si podría evitarse que un caso así vuelva a ocurrir perfeccionando la legislación, con medidas como unificar los controles y fiscalizaciones para todos los emisores de tarjetas de crédito o poner en línea la información sobre los deudores bancarios y de casas comerciales. El senador DC Jorge Pizarro dijo que ha quedado al descubierto que las tarjetas de crédito de las casas comerciales no tienen fiscalización del Estado y eso deja en desprotección al consumidor.
Desde el gobierno se afirma que este caso revitaliza la vieja propuesta del presidente Sebastián Piñera de crear un Sernac Financiero, cuyo rol principal sea fiscalizar las instituciones crediticias y su relación con los clientes. En tanto, parlamentarios de la Concertación han propiciado la creación de una superintendencia para el retail.
Cuestión de estilos
La auditora externa que tenía La Polar, Price Waterhouse, sirvió de aval a los estados financieros que la multitienda presentaba. Muchas críticas han caído sobre sus hombros. Lo mismo ha ocurrido con las corredoras de bolsa que constantemente situaban a la empresa entre las favoritas para invertir, y con las clasificadoras de riesgo que promovían la adquisición de sus bonos.
Un alto ejecutivo señala que muchas veces los que trabajan en estas instituciones son jóvenes que están despuntando en su vida profesional y no quieren “ir contra la manada”. Explica: “Si todas las corredoras están diciendo que La Polar es fantástica, un joven corredor de bolsa, en la práctica, no puede llegar y decir ‘La Polar es un globo’. Existen presiones tácitas, porque los directores de la empresa pueden ser –a la vez– sus clientes, o bien sus jefes están muy relacionados con los directores de la compañía… En estos casos también finalmente aflora el problema de la concentración del poder económico”, reflexiona.
En los propios directores de empresas han surgido lecciones que apuntan al cambio de actitud personal y que concluyen que lo importante es que cada cual tenga una actitud más alerta frente a lo que le toca.
Un miembro del directorio de La Polar cuenta que, al verse involucrado en el hecho, recordó lo que dijo la ex ministra de la Vivienda Magdalena Matte que aseguró que debería leer muy bien todo antes de firmar, a propósito del caso Kodama.
Y también afirma: “Entre los directores tenemos muy generalizada la práctica de que si nos presentan informes que van bien, no los miramos mucho. En cambio, les hincamos el ojo a los estados financieros que nos muestran que las cosas van mal”.
En esa línea, el economista Enrique Goldfarb afirmó en Estrategia: “De aquí en adelante todos los directores tendrán que aprender que a las reuniones (de directorio) no se va solamente a tomar té y a cobrar bonos y dietas”.
El caso de La Polar se ha establecido como inédito en Chile, por ser el único retailer sin un controlador sino que tiene una propiedad diluida entre muchos dueños. Este modelo de empresa se posibilitó con el sesgo que los gobiernos de la Concertación imprimieron sobre las regulaciones; es un modelo proveniente de Estados Unidos y que ha dejado varios casos poco felices en ese país, como Enron, Citi o Chrysler, en los cuales los ejecutivos de las compañías hicieron y deshicieron con la obsecuencia de un directorio atomizado.
En tanto, economistas y actores públicos y privados siguen con atención las diligencias que ordena la Fiscalía Centro Norte que investiga el caso. Desde el gobierno se asegura que las culpabilidades que establezca la justicia probablemente servirán de piso para aplicar reformas al sistema. Los actores del mercado dicen que lo más evidente por ahora es que habrá “un antes y un después” de La Polar. Qué duda cabe.
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