Transcurría el 2001 y después de participar de diferentes cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota, con el objeto de terminar un ensayo del programa de estudio, me radiqué en Bogotá para observar de cerca el segundo periodo de gobierno liderado por Antanas Mockus. De ello me llamaba la atención como en el Distrito Capital se llevaba a cabo una estrategia de creación de ciudad y ciudadanía a partir del control social, garantizando la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos.
Eran los inicios de la implementación de la Ley 472 de 1998, relacionada con las acciones populares. El propio alcalde de la ciudad capital, acompañado por los medio de comunicaciones, en especial por el canal de televisión distrital, promocionaba este instrumento legal como una alternativa real de participación ciudadana. Recuerdo su lema "accionar si paga".
Aprovechando los incentivos existentes en la ley, Mockus percibió que las acciones populares tenían la suficiente fuerza, vitalidad y utilidad para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Concluido el trabajo académico, regresé a Riohacha y comenté con diferentes personas la experiencia y los activos pedagógicos que podría traerle a la ciudad el uso de esa estrategia de participación social, que se encontraba ávida de gestión y realizaciones.
En su calidad de gestor cultural, Orlando Mejía, inspirado en las propuestas del ingeniero naval Alfredo Orcasitas, hoy director de la casa periodística Ecos de La Guajira, investigó duramente para documentar una acción popular que perseguía conminar la acción del Estado en la protección de la edificación del Centro Departamental de Cultura de La Guajira, amenazado por la erosión marina, adicionalmente, solicitar la continuidad de la Avenida de La Marina, que de acuerdo al actual POT deberá extenderse a lo largo de cinco kilómetros frente a las costas de la ciudad.
En el proceso judicial que impetramos en el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira contra la DIMAR, la Gobernación Departamental y el Municipio de Riohacha, se aprobó una acta de conciliación en donde quedó claro que los espolones deberían ser un instrumento para proteger al edificio del Centro Cultural y extender la Calle Primera en consistencia con el POT.
Después de múltiples solicitudes y advertencias de desacato a la orden judicial por parte de la Procuraduría, en el 2007 la Gobernación de La Guajira dio inicio a la construcción de los espolones, cuya efectividad para subsanar o corregir el efecto erosivo en el área de la edificación, aún está por verse. Adicionalmente, en el sector parece aún muy lejana la posibilidad de generar la suficiente playa para hacer posible la construcción de un viaducto que permita extender el Malecón mucho más allá de la esquina con la Avenida de los Estudiantes.
Los espolones están allí y detrás de ellos se encuentra una gran polémica sobre la eficiencia, el costo, eficacia y el papel de la cuantiosa inversión en la gestión del riesgo. Pero lo cierto, es que las amenazas y las peticiones que se invocaron en la sentencia judicial y que dieron origen a la acción popular siguen vigentes, no han sido corregidas.
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