Los modelos de desarrollo económico y social no se pueden aplicar de manera homogénea en todas las sociedades. Los planificadores al plantearse la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente, asumen posiciones encontradas cuando se enfrentan al reto de articular las comunidades indígenas al circuito de consumo masivo de bienes y servicios prestado por el Estado.
Los conceptos de nivel de vida, calidad de vida y bienestar no se pueden aplicar para las comunidades indígenas en las mismas condiciones con que los aplicamos en las no indígenas. Es claro que el comportamiento social y cultural en un sistema económico donde prima el mercado, es totalmente distinto al que practican los campesinos e indígenas, dado que priman otros valores y arraigadas tradiciones.
Muy a pesar de que en la nación y en nuestro departamento nos reconocemos como plurietnico y multicultural, las diferencias existentes entre los tipos de sociedades que conviven en el territorio departamental se perciben como un obstáculo al desarrollo económico y social. Para algunos empresarios, la comunidad wayuu y con ella el territorio de propiedad colectiva protegido bajo la figura del resguardo, representan serias restricciones a la transformación productiva local y regional.
Los wayuu ocupan 15.300 km2 de los 20.848 km2 que tiene La Guajira. Se encuentran ocupando cerca de 350 kilómetros de costas y los 249 kilómetros de frontera con Venezuela. En blanco y negro, ello significa que cerca del 73% de esas tierras se encuentran por fuera del mercado, es decir, las tierras no se pueden comercializar, no se pueden comprar y ni vender libremente. La propiedad colectiva del territorio ancestral se constituye en el talón de Aquiles del desarrollo productivo departamental.
Las iniciativas relacionadas con la producción de agrocombustibles con base en jatropha curcas e higuerilla, los desarrollos portuarios de Brisa S.A y MPX, la construcción del relleno sanitario intermunicipal de Manaure, el aeropuerto regional de la troncal del Caribe, la laguna de oxidación de Riohacha, así como la construcción del Hotel Decamerón en Mayapo, tienen esa gran debilidad. En diferentes discusiones y foros convocados por los gremios y la sociedad civil, Weildler Guerra Cúrvelo y Francisco Justo Pérez han demostrado que es todo lo contrario. Si bien los resguardos indígenas están excluidos del mercado de tierras, presentan múltiples bondades en su proceso de articulación con el desarrollo económico y en la prestación de servicios públicos.
El resguardo permite tener seguridad sobre la tierra. No se pueden cambiar las reglas de juego sobre ese factor productivo. Las comunidades se organizan por grupos familiares que acceden al establecimiento de acuerdos con interlocución específica y con responsables directos. Los wayuu cumplen acuerdos de palabra y tienen antecedentes en el trabajo colectivo, experiencias que se pueden apropiar y encadenarlas a los procesos productivos destinados a los mercados. Las comunidades wayuu no se han opuesto al gasoducto nacional e internacional, al contrario, no se reconocen suficientemente sus aportes en este negocio de las multinacionales.
La estrategia para incluir a las comunidades indígenas wayuu en el desarrollo productivo, no puede ser propuesta como desarrollo desde “afuera”, sino desde “dentro”. La cultura propia es el capital inicial para el desarrollo ya que se establece desde los valores, las aspiraciones y el potencial de los pueblos. El desarrollo y la identidad cultural de los wayuu no se excluyen, sino que son parte del mismo círculo virtuoso de desarrollo sostenible y adecuado desde el punto de vista sociocultural. Ello se convierte en la clave para garantizar su participación en procesos productivos más complejos, independientemente de que el territorio no se pueda comercializar por ser de propiedad colectiva.
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