En la primera década del siglo XXI, las entidades territoriales de La Guajira recibieron la suma de $ 1.6 billones a precios constante. El tamaño de los aportes y los sectores en donde se debieron invertir, nos reflejan que la obtención de las regalías se constituyó de manera definitiva en los recursos estratégicos indispensables para el mejoramiento de los niveles de bienestar en el Departamento.
Los 34 años de historia recibiendo estas compensaciones de la nación, le han introducido a las administraciones departamentales y municipales una “pereza” en la gestión y uso de otros tipos de instrumentos de generación de ingresos para propiciar el desarrollo social sostenible. La razón de la existencia de las administraciones públicas, se centró en el gasto de las regalías, comportamiento administrativo que debe cambiar con el advenimiento del nuevo periodo de gobierno que se inicia en el 2012.
En un panel sobre los problemas del desarrollo guajiro, convocado por el Observatorio del Caribe en la ciudad de Riohacha, se afirmaba que el más grande obstáculo al desarrollo del departamento ha sido la alta dependencia de las regalías. Los gobernantes, los políticos y la sociedad nunca pensaron sobre lo que pasaría con La Guajira si las regalías desaparecieran como ingresos permanentes en el marco fiscal de mediano y largo plazo o si le tocara renegociar su participación a través de un nuevo instrumento jurídico.
Con el Acto Legislativo que creó el Sistema Nacional de Regalías, ese momento ha llegado. El escenario cambió, muy a pesar de que la Constitución Política ordenaba en su artículo 360, que la explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte.
La frágil condición macroeconómica del país, determinaron que además de la necesidad de ahorrar las regalías en una bolsa nacional para evitar la “enfermedad holandesa” propia de los países que entran en bonanza por la explotación de recursos naturales, la nueva norma está direccionada a tapar el hueco fiscal dejado por la administración del ex presidente Álvaro Uribe. Pero ello no terminará allí. Todo indica que la primera fase consistió en retomar el control por parte de la nación sobre el destino de las regalías.
En el fondo, la meta es crear un marco institucional en donde sea posible reemplazar las regalías por un impuesto, proceso que ya se inició quitándole a las regiones la gobernabilidad sobre dichos recursos. Es decir, La Guajira debe prepararse para seguir apretándose el cinturón.
En la globalización, el pago de regalías y compensaciones es visto por parte de las multinacionales como una restricción económica o un costo adicional que imponen los países a la explotación de sus recursos naturales no renovables. Esta renta diferencial genera distorsiones a los planes de producción. Algunos países la han eliminado o la han bajado, flexibilizando los costos de producción.
México, Canadá, Estados Unidos y Sur Africa no la aplican. Colombia hasta ahora ha tenido un sistema de pago de regalías variable por producto y que va hasta el 12% del valor de la producción bruta. En China es del 2%, Canadá, Argentina, Perú, Brasil, Polonia, Kazajstan y Zambia se encuentran entre el 2% y el 3%. Modificar, las normas que regulan las regalías se impuso como norma en el mercado internacional.
Ello significa que el reto de los próximos gobernadores y alcaldes de La Guajira será la gestión territorial determinado por la transición de la disposición de recursos abundantes a recursos altamente limitados y escasos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario