La Asociación de Profesionales de La Guajira al inicio de la década de los años ochenta planteó la necesidad de afianzar el bienestar regional y municipal a partir de un desarrollo institucional para “sembrar” las regalías.
En sus diferentes pronunciamientos propuso la expedición de planes de desarrollo y el fortalecimiento técnico del recurso humano, con sentido ético que pudiera liderar el departamento en su nueva fase.
La entrada en vigencia de la Constitución del 91 reforzó la necesidad de los planes de desarrollo y a partir de allí La Guajira los ha adoptado. Fueron muchos los foros y acuerdos que se generaron para acometer soluciones a la problemática de los servicios públicos. Documentos como el Acta de Villanueva y el documento CONPES “Plan de Acción para La Guajira 1995 –1998” se frustraron en sus objetivos.
Fedesarrollo realizó en el año 2001 un estudio del impacto regional de las regalías en La Guajira, conceptuando que en un periodo de seis años, que ellas se invirtieron en proyectos no prioritarios, es decir, por fuera de los planes de desarrollo. El departamento y los municipios elevaron sus gastos de funcionamiento (pago de nómina) por encima de los ingresos. Nos endeudamos en el largo plazo. La inversión fue voluntarista y a discrecionalidad del gobernante de turno, lo que llevó a que el impacto en los niveles de vida de la población fuera muy bajo. La falta de planificación primó en todos los sectores.
El estudio realizado por la Contraloría General de la República también en el 2001, confirmó que al contrario de lo que se creía en los años ochenta, los planes de desarrollo económico y social de los gobiernos no se constituyeron en los instrumentos o en la tecnología que permitiera invertir o “sembrar” con eficacia y eficiencia las regalías.
Se abusó de la autonomía relativa que tienen los gobernadores y alcaldes para ejecutar sus presupuestos. En La Guajira generó los llamados “boilouts”, es decir, el endeudamiento indiscriminado que tiene como respaldo directo los ingresos futuros de las regalías y como fianza indirecta a los recursos del gobierno central. El departamento y sus entes municipales terminaron endeudados al entrar el siglo XXI. Es por ello, que muchos se acogieron a la Ley 617 de 2000 y otros a la Ley 550 de 1999 o ley de quiebras.
Al llegar los 46 años de vida institucional, los guajiros debemos profundizar sobre lo que será nuestro futuro con limitaciones en los ingresos de regalías. Es obligante que se respondan los interrogantes utilizados por Michael Porter en las investigaciones de especialización económica y competitividad regional, las cuales que giran en torno de que si La Guajira agotó su modelo de desarrollo con base en las regalías; si debe seguir haciendo más de lo mismo; puede o debe continuar haciendo lo mismo, pero mejor. ¿Vale la pena cambiar y diversificar la base económica con reglas de juego claras para asumir como sociedad nuevos retos?
La historia nos obliga a cambiar y a generarle un quiebre histórico al transcurrir institucional, ya que hemos estado determinado por una crisis estructural por la existencia de liderazgos sin proyectos sociales. El cambio debe ser ahora para no seguir repitiendo errores y erradicar definitivamente las fórmulas que no funcionaron en el pasado.
fuente:http://www.periodicolaguajira.com/index.php/opinion/editorial/2153-liderazgos-sin-proyectos-sociales
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