La capital colombiana responde más a una especie de realización de la ciudad que a la construcción planificada de una urbe. Bogotá refleja la problemática de un país en desplazamiento, hipertrofiada y carente de bases realmente racionales.
Entre las muchas distorsiones y omisiones en el estudio de los problemas del desarrollo de Latinoamérica y el Caribe –y la casi exclusiva concentración de los economistas, políticos y analistas en general en torno al crecimiento del Producto Bruto Interno (PIB) de los países, así como la deliberada exclusión de los aspectos sociales, urbanísticos, ambientales y político-administrativos–, la problemática de las ciudades viene quedando soslayada y subestimada. Esta circunstancia requiere hoy la mayor atención por cuatro razones principales: (i) la mayoría de la población de los países se torna urbana, y desde allí demanda, sin éxito y cada vez con mayor vehemencia, empleo, servicios y oportunidades de progreso, cuya circunstancia se puede agudizar en los próximos años, cuando podrá constituir ente el 80 y el 90 por ciento de las respectivas poblaciones nacionales; (ii) casi todas las ciudades se acercan al límite de saturación demográfica, depredación ambiental, organicidad funcional, eficiencia y conflicto social; (iii) porque ha comenzado a hacerse efectiva la amenaza de los efectos catastróficos del cambio climático ya en marcha; y (iv) el surgimiento del compromiso imperativo de adaptar y replantear las estructuras de nuestras viejas ciudades en función de la nueva sociedad urbana del siglo XXI, y los sorprendentes cambios tecno-científicos, urbanísticos, sociales, culturales, geopolíticos y administrativos que la nueva centuria traerá aparejada.
Entre tanto, la mayoría de las ciudades grandes y medianas de la región, como México, Caracas, Bogotá, Lima, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santiago, Quito y La Paz, sucumbe a: impacto de la aglomeración excesiva, creciente deterioro de sus estructuras urbanísticas y ecológicas, desajustes de sus economías, descenso de la calidad de vida, agudización del conflicto social y la violencia, ausencia de planificación y ordenamiento territorial, desgreño administrativo y corrupción. Y Bogotá parece llevar la delantera en este drama urbano y metropolitano.
En efecto, en los últimos 60 años, Bogotá y su entorno regional han sido escenario de un acelerado y complejo proceso de urbanización, crecimiento, desarrollo y modernidad, el cual –por falta de adecuado control, encauzamiento y manejo político-administrativo– hoy se presenta traumático, conflictivo y casi inmanejable. En tal período, la capital recibió amplios contingentes de migrantes de todo el país, la población se decuplicó, sus actividades sociales y económicas crecieron y se tornaron cada vez más dinámicas y complejas; su comunidad experimentó transformaciones y reducciones en la calidad de vida y sus valores, actitudes, motivaciones, aptitudes y aspiraciones; y, al impulso del movimiento internacional denominado arquitectura moderna, la ciudad adquirió la apariencia de una urbe típica del siglo XX.
Pero por falta de planificación prospectiva, conocimiento ecológico; y visión de ciudad, suficiente dinamismo económico, solidaridad social y compromiso político de la clase dirigente, este interesante proceso sociocultural y urbanístico se tornó conflictivo, la ocupación territorial operó contra natura, la producción se hizo depredadora, la calidad de vida descendió, la segregación social se afianzó, el conflicto social se agudizó, la producción se tornó depredadora, y la funcionalidad urbana comenzó a entrabarse hasta el punto de aproximarse al colapso. A esto se agrega el comienzo de los efectos adversos del referido cambio climático, el recrudecimiento y la agudización de las falencias político-administrativas que afectan al país desde hace 200 años, con su impronta de limitada capacidad de gestión, escaso espíritu de servicio, ausencia de voluntad política para resolver los problemas, bajo compromiso, y con frecuencia desgreño y corrupción.
Por este camino de crecimiento, y desarrollo espontáneo y anárquico en poco más de medio siglo se llegó a la convulsionada ciudad-región de hoy, así como a la angustiosa percepción colectiva del fracaso político-administrativo. En ausencia de conocimiento y análisis histórico de esta situación, también se percibe erróneamente que ésta es sólo imputable a las últimas administraciones.
Dos factores estructurales explican esta penosa realidad de la ciudad. El primero es la característica típica del funcionamiento de la urbe capitalista –en particular la subdesarrollada y periférica–, según la cual:
(i) la tierra urbana y sus servicios públicos constituyen la mercancía más costosa; (ii) la ubicación de la población en cada ciudad se produce en función del poder de compra familiar, dando paso a la segregación social; (iii) el capital y la inversión se concentran en las mayores aglomeraciones demográficas para beneficiarse de las economías de escala y otras conexas, generándose la concentración de oportunidades de trabajo, servicios y realización individual, y, por tanto, la depresión de las demás ciudades y regiones, y éxodo de la población a las grandes ciudades; (iv) para honrar al mercado –sobre todo el neoliberal en su versión de “capitalismo salvaje”–, la tierra y la economía urbana deben carecer de adecuada intervención reguladora del Estado, lo que significa dejar la urbanización en manos de los terratenientes urbanos y suburbanos, formales e informales, y los urbanizadores delincuentes, y la dinámica económica en manos de los explotadores, con la secuela de la continua ampliación del lumpen proletariat y el conflicto social; y (v) como resultado, el crecimiento y el desarrollo urbano y el funcionamiento de la ciudad se generan de modo anárquico, antiecológico, traumático, conflictivo y sin auténtica planificación urbana y regional. Por tal camino, Bogotá fue llegando al estado de insostenibilidad de hoy.
El segundo factor se relaciona con la incapacidad de la tradicional clase dirigente capitalina para entender y enfrentar el reto de la administración del desarrollo de la ciudad, en especial a partir de 1948, cuando “el bogotazo” –generado por el asesinato del líder popular bogotano Jorge Eliécer Gaitán– dejó semidestruido el centro de la ciudad, sacó a flote el conflicto social urbano e hizo aflorar una conciencia crítica sobre la ciudad del momento y del futuro. Para enfrentar la situación, se contrató a los mejores urbanistas internacionales de la época para planificar la ciudad en la perspectiva del año 2000, pero sus propuestas, aunque acogidas en decreto oficial, fueron pronto abandonadas [1]
Del desempeño de este segundo factor se puede concluir: (i) la profunda crisis que afecta a Bogotá no es imputable sólo a la actual administración ni a cada una de las sucesivas anteriores sino a la acumulación de omisiones, errores y aplazamiento de soluciones que el crecimiento y el desarrollo citadino requerían oportuna y eficazmente a lo largo de más de 50 años; (ii) con las excepciones de rigor, la falla básica de las varias administraciones radica en la falta de visión y un conocimiento profesional de la urbe, su naturaleza, su organicidad, su funcionamiento, su dinámica, su íntima relación de dependencia del ecosistema natural, y el relacionamiento sistémico de los factores que intervienen en su crecimiento y desarrollo; (iii) las sucesivas administraciones han carecido de la visión prospectiva de la ciudad y de construcción de su futuro, circunstancia que significa subestimar los cambios y las nuevas exigencias de la urbe contemporánea; (iv) las últimas Alcaldías no han advertido la amenaza para la ciudad y su población derivada del cambio climático, y esto deja a la ciudad y sus habitantes a merced de implacables desastres naturales, los primeros de los cuales ya hacen presencia con la inundación de la Sabana y cinco localidades bogotanas, y deslizamientos masivos en varias zonas de riesgo; (v) los alcaldes –también con excepciones– no han tenido una percepción clara de la naturaleza y las finalidades de su importante función pública, y han soslayado el mandato constitucional relativo a la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de la ciudad y la gestión de sus servicios públicos; (vi) los alcaldes –de nuevo, con excepciones– parecen haber concentrado su gestión en el ejercicio tradicional del gobierno local y el reparto burocrático de cargos y responsabilidades entre su clientela electoral. Y, con ello, la ciudad queda en manos de la improvisación y el afán de lucro de constructores y urbanizadores formales, informales e ilegales, y de asesores y contratistas irresponsables y corruptos; (vii) tampoco se han preocupado los alcaldes por introducir coherencia y eficiencia en el sistema nacional de planificación para las entidades territoriales –incluido el Distrito Capital–, que fragmenta inconvenientemente el ejercicio planificador en cuatro instrumentos sin la debida unidad y coherencia [2]; (viii) asimismo, no han hecho los esfuerzos necesarios para que el país institucionalice un esquema de ordenamiento del territorio nacional que le permitan al Distrito, los municipios y las regiones ordenar el territorio y el desarrollo de las ciudades, en especial las áreas metropolitanas, como Bogotá.
El análisis de estos factores y sus expresiones permite llegar a la conclusión de que Bogotá no está afectada simplemente por la crisis de movilidad, la inseguridad y la gestión política-administrativa –como lo señalan los medios y parece que lo percibe la comunidad capitalina– sino por una auténtica crisis de sostenibilidad, que incluye y combina sistémicamente aspectos territoriales, ecológicos, sociales, económicos, político-administrativos, y de relaciones con las instancias nacional y regional de gobierno; así como por el efecto sobre la capital de los difíciles problemas que afectan al país en su conjunto.
En efecto, la ciudad invade y deteriora el ecosistema natural al ocupar en forma indebida y contaminar los recursos hídricos del río Bogotá y sus afluentes urbanos; ocupa y desestabiliza irresponsablemente los cerros y piedemontes urbanos, y con ello vulnera el sistema de recarga de acuíferos; genera la contaminación de las aguas y las tierras agrícolas, así como el aire, el ámbito sonoro y el paisaje urbano; permite la decuplicación del parque automotor –que hoy incluye casi dos millones de vehículos, de ellos alrededor de 1,3 millones particulares, más de 250.000 motocicletas y 10.000 de tracción animal–, y sólo ha ampliado la estructura vial en el 2 por ciento.
Bogotá contrató los estudios de “la primera línea del Metro” sin contar con un estudio integrado de la ciudad en su conjunto, su problemática de movilidad y los retos de su futuro desarrollo; no instauró un sistema vertebrado, articulado, jerarquizado, multimodal y eficiente de movilidad, y en cambio introdujo un sistema parcial de transporte público –Transmilenio– que se saturó en menos de 10 años y acumula elevados costos de infraestructura y mantenimiento; no ha organizado, integrado ni coordinado el funcionamiento anárquico e ineficiente del complejo parque automotor; no ha puesto en marcha un sistema integrado de transporte público; genera un estructura urbanística caótica, no funcional, segregada e ilegal en alrededor del 50 por ciento del área urbanizada.
La capital no establece lazos regionales de concertación, planificación e integración del desarrollo regional con los municipios sabaneros; no desarrolla una economía que ofrezca trabajo productivo –en 2010, el desempleo alcanzó el 12,4 por ciento, el subempleo el 40, la pobreza el 45,1 y la indigencia el 3–, ingreso justo, servicios eficientes y oportunidades de realización personal y colectiva, a pesar de que ostenta en el país la primacía en producción: 26,8 por ciento del PIB nacional, 80 de las operaciones bursátiles, 40 de los depósitos bancarios, 60 de los computadores, 55 de los contratos de seguro. Sus autoridades han carecido de visión de ciudad, y Bogotá de planificación y ordenamiento territorial que sean eficientes y efectivos; y su gestión administrativa ha sido sistemáticamente deficiente, burocratizada y afectada por el desgreño y la corrupción.
Al lado de este cuadro adverso, Bogotá y su entorno regional –así como muchas otras ciudades colombianas– comienzan a enfrentar la amenaza de inundaciones, deslizamientos, limitaciones en la disponibilidad de agua, y deterioro de las tierras y las actividades agrícolas e industriales. Esta circunstancia demandará la liberación territorial del valle aluvial y las rondas fluviales, y el traslado de la población, así como de las demás asentadas en condiciones de riesgo, lo que puede significar el desalojo de alrededor del 40 por ciento del área urbana hoy ocupada y el traslado de su población. Todo ello implica un descomunal e imprevisto costo, replanteamiento drástico de la estructura urbana y la movilización de la población, y el manejo de los complejos conflictos sociales que ello puede traer aparejado.
Resulta obvio que el Distrito Capital no puede enfrentar estos retos simultáneos con los valores, las actitudes, las motivaciones, la visión, y los recursos políticos y administrativos tradicionales de la dirigencia que asumió las administraciones de los últimos 60 años. He aquí el meollo de una auténtica crisis de sostenibilidad.
Por otra parte, tampoco se vislumbran en el horizonte político de la capital las fuerzas políticas y sociales organizadas, capacitadas, dispuestas a enfrentar la crisis. Y si “la verdadera crisis consiste en que la realidad existente se desploma y no se cuenta con algo nuevo para reemplazarla” –como la concibió Antonio Gramsci, hace precisamente 60 años–, no hay duda de que Bogotá es un metrópoli en crisis.
fuente:http://razonpublica.com/index.php/recomendado/2428-bogota-metropoli-en-crisis.html
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