Llevar adelante la gobernabilidad democrática supone compatibilizar los conflictos sociales y la preservación del régimen político, así como desenvolver la capacidad para gestionar la política, lo que supone tener mecanismos de representación adecuada y, lo más importante, confianza de la ciudadanía en las instituciones. La fuerte percepción, basada en hechos, de inseguridad que prevalece en buena parte de los grandes centros urbanos de América Latina, tiende a erosionar el régimen político, la actividad de gobierno y el tejido social.
La gobernabilidad puede ser afectada por numerosos factores, no sólo los problemas sociales que ponen de manifiesto necesidades insatisfechas y falencias del gobierno en el diseño e implementación, sino también en la existencia o no de una situación de seguridad pública, que reduzca al máximo el miedo del ciudadano en ese aspecto.
Toda actividad humana se basa en la probabilidad. Como se sabe, se puede hacer un manejo de la probabilidad al estilo del que plantean las compañías que ofrecen seguros, haciendo un cálculo actuarial. Normalmente esos cálculos actuariales se basan en datos más o menos "duros" y supone el manejo estadístico de información de base. En cuanto a seguridad pública se supone que la base está en información provista por organismos judiciales, policiales, hospitalarios, organismos de asistencia social, penitenciarios, etc. Toda esa masa de datos supone construir un modelo y de este modo obtener un contexto de seguridad o inseguridad de tipo "objetivo". Lamentablemente, no siempre se cuenta con esta información, y muchas veces no es consistente, siendo fuertes las discrepancias entre las diversas fuentes de datos.
Además, hay que tener en cuenta que ciertas formas de delictividad menor, que no suponen violencia, o cuyo efecto sobre la propiedad no implica la necesidad de obtener certificados o constancias, para presentar ante empresas de seguros, financieras, o emisoras de documentos, no suelen denunciarse.
Pero, hay otra forma de (in)seguridad, que podríamos denominar como subjetiva, producto de la percepción de la situación que tiene el habitante. La misma puede partir de encuestas de victimización, o simplemente de percepciones acerca de la situación y el ambiente de seguridad.
Esta (in)seguridad percibida suele diferir bastante de las mediciones provenientes de los datos que conforman la (in)seguridad objetiva, y es un punto que condiciona las políticas públicas, influye sobre como se imagina la convivencia comunitaria y cual es el tipo de "comunidad imaginada deseable" y refleja la situación de cohesión (o falta de) social.
Los delitos que afectan más la percepción de la población son de dos tipos, los que afectan a las personas, que incluyen el homicidio, fundamentalmente el de tipo doloso, las diversas formas de agresión que pueden provocar lesiones. Los delitos que suponen la pérdida de la libertad, como el secuestro. Otros tipos de delitos que influyen fuertemente en la sociedad son los de tipo sexual, las violaciones, o la trata de personas.
Un segundo tipo de delitos que incluye mucho, son los que afectan la propiedad, La modalidad varía pues hay distinguir el hurto de la rapiña, de la comisión de robos mediante el uso o la amenaza del uso de la violencia, que, en tal caso, pasa a ser delito contra la propiedad y contra la persona.
El crecimiento urbano, y la complejidad social ha dado origen a nuevos tipos de delitos, complejos, producto de la acción de organizaciones delictivas.
Muchos se asocian al comercio o provisión de drogas.
Con sin delito conexo uno de los problemas fuertes de la inseguridad es la de tipo vial, producto de accidentes de tránsito.
Otro tipo de acción delictiva a tener en cuenta es la situación deriva de desastres naturales, que afectan la capacidad de es respuesta, sea estatal o comunitaria y que puede tener, como resultado conexo la practica delictiva.
Hay otros delitos que no tienen la misma connotación, como el contrabando que, en muchos casos la población, sabiendo que es una conducta antijurídica, sin embargo, puede considerarlo como socialmente tolerado y es practicado abiertamente. Hay otras formas similares de conductas delictivas, que al no tener una "víctima aparente" tienen la misma consideración, pero no hay duda que causan perjuicios.
Casos muy difíciles de resolver se ven día a día, con la falsificación de productos, el consumo de servicios robados de todo tipo, desde la producción artística a la provisión de energía eléctrica.
En cuanto a las estafas, en más de un caso son producto de la codicia de la víctima que se deja engañar, y normalmente sólo suelen provocar problemas en las víctimas, siendo que el resto de la sociedad, en más de un caso, hasta "comprende" a quién es el actor ejecutivo del delito.
El cohecho o el soborno, actividad corriente en toda sociedad en su relacionamiento con ciertos representantes estatales, puede ser tolerado, pero dependiendo de cada sociedad, es mal visto. La prédica constante de los últimos años ha sido eficaz para, poco a poco considerar que esas conductas no son aceptables. San Cipriano, uno de los Padres de la Iglesia, en el siglo V, notaba que los privilegios son aceptados por los sectores sociales subalternos si, a cambio hay protecciones, o se benefician por algún "resto" que cae de las mesas de los poderosos. Pero no los acepta si no hay nada a cambio. Ha corrido mucha agua desde entonces, y, cada vez más, lo que los poderosos transfirieron, en protecciones, servicios y prestaciones se considera un derecho y no una dádiva generosa y no suele tener buena prensa. El "clientelismo horizontal", la cobertura global de sectores desfavorecidos es a una practica constante con más de 80 años de antigüedad, que ha sustituido, en gran medida, el clientelismo vertical tradicional.
Hay diversos factores que favorecen la actividad delictiva. El fuerte crecimiento urbano, la existencia de un número importante de gente joven que sabe que no tendrán oportunidad de tener una actividad en el mercado laboral de tipo formal, la inexistencia de marcos de contención familiar. A su vez hay nuevas técnicas delictivas en proceso.
En lo cultural, hay que señalar el consumo de drogas y alcohol es otro factor de atracción hacia el delito., así como la introyección de pautas intolerantes, del uso de la violencia, del porte y uso de armas.
El ethos dominante en los sectores más jóvenes ha conducido a la creación de un sector "lumpen consumerista", compuestos por jóvenes "ni-ni" (ni trabaja ni estudia), que además considera que un empleo, un trabajo mal pago no debe aceptarse y que debe recorrerse otro camino.
(En un reciente viaje al sur, oí como una "barra de la esquina" de varios adolescentes le gritaba a un chico que hacía mandados para la farmacia en forma insultante: " alcahuete trabajas por dos mangos!", señalando que el camino no es aceptar trabajos de base con poca paga, sino subvertir el orden social promedios no legales). En términos del argot rioplatense, para muchos jóvenes el pensamiento dominante es "si aceptas un laburo por 4 mil mangos, sos un gil"(Si tienes un empleo que sólo te paga 8 mil pesos, un poco más de 200 dólares al mes, eres un estúpido)
Hoy muchos de los pequeños actos delictivos no son por una situación desesperada de falta de cobertura de necesidades básicas, sino por falta de posibilidades de alcanzar un estatus social que permite tener la ropa de marca y otros símbolos propios de la sociedad de consumo.
El fenómeno también se manifiesta en la pérdida de autoridad de parte de maestros y profesores en establecimientos educativos, en los que los alumnos los maltratan. Muchas de estas instituciones, "aguantaderos" de tensiones sociales, focalizan allí tensiones y problemas barriles y son centro constante de problemas, no instituciones educativas. Más que instruir, la tarea básica de maestros y profesores en ciertos contextos urbanos críticos es contener... cosa para la cual muchos no están preparados.
Aunque no es "todo" el problema, en un contexto de fuerte crecimiento demográfico, con sociedades jóvenes (y también se da en las envejecidas) este nuevo pensamiento lleva a dejar obsoletas muchas de las asunciones recientes sobre el problema delictivo.
La mano dura, las razzias, no cambian los valores. Es más acentúan luego el camino hacia la delincuencia como forma de vida permanente. Hay países donde se intenta bajar las edades de imputabilidad. Obviamente, si eso ocurre, los adultos manipularan, cada vez más a menores que estén por debajo de la edad establecida. Por otra parte los enfoques basados en la responsabilidad de la sociedad pura, por la existencia de sectores marginalizados o excluidos, tiende a ser no mucho más de un "mar de letras" y de buenas intenciones, mientras que el habitante está dispuesto a aceptar soluciones drásticas que afectan la convivencia en un marco democrático.
Muchas medidas han sido exitosas, como la constitución de redes ciudadanas en apoyo de la seguridad, los cambios realizados en el uso y conservación de espacios públicos. Pero son tareas que requieren constante acción y cuidado, y no siempre se cuenta con las ganas de los grupos sociales para seguir adelante con la tarea. Un ejemplo lo da Bogotá que logró un cambio sustancial en su situación bajo los alcaldes Peñaloza y Mockus, y hoy el destituido Moreno ve nuevamente un deterioro marcado de la situación.
Este panorama se complica aún más por el crecimiento de las actividades propias de la delictiva compleja, que supone la intervención de muchos actores. No sólo el tráfico de drogas, una de las actividades más cubiertas por los medios de comunicación es parte de ello. Aunque dados sus anexos violentos son uno de los puntos sustanciales cubiertos por media. Ya no sólo se provee de droga a sectores afluentes, ahora se han creado productos para sectores subalternos (crack, pasta base, "paco" son algunos de los nombres de estos productos). Para conseguirlos, o para garantizar bocas de expendio, se practica formas nuevas de violencia, que afectan no sólo al círculo de proveedores y consumidores sino al resto de la sociedad.
Asimismo supone el uso de "mano de obra" barata, sean estas "maras", personas marginales, etc. Que contribuyen al deterioro de la cohesión social.
También hay que señalar otras formas, como el robo de cables de cobre, para uso telefónico o trasmisión eléctrica, tapas de alcantarilla u otras partes de mobiliario urbano factibles de reciclar. El robo de servicios, como el de energía eléctrica, agua potable, TV cable y otros servicios. Robo de teléfonos celulares para revenderlos, en muchos casos para apoyar otras actividades delictivas. Robo desarmado de vehículos o de sus partes. Robo de combustibles y lubricantes. Abigeato, robo de semovientes. Tráfico de personas, sea la mera inmigración, o la prostitución, o de órganos Robo de información digital, o de tarjetas de crédito. Secuestros "express" para vaciar cuentas utilizando cajeros automáticos. Lavado de dinero y otros activos.
También hay que tener en cuenta el efecto de "aprendizaje" que se da en los centros de detención y las prisiones, donde es poco el éxito que se registra en la rehabilitación.
En forma más genérica hay que señalar los problemas que plantean los organismos judiciales y policiales que repercuten sobre la calidad del Estado de derecho y por ende de la democracia. La justicia es lenta y muchas veces puede ser manipulada o corrompida. La actividad policial vive constantemente bajo el acecho de la corrupción.
Los daños producidos por los delitos, refieren al derecho a la vida o a la integridad física, o la libertad personal, o la dignidad humana que puede ser agredida por conductas sexuales abusivas, por ejemplo.
Tiene costos, que pueden llegar desde la atención médica a la psicológica, así como las pérdidas que se trasmiten en el marco económico social por imposibilidad de desempeñar una tarea, devenir discapacitado, etc. Hay en esos casos una pérdida real de "capital social" que no es fácil de medir. Supone costos crecientes en seguros de salud, seguros financieros, y la posibilidad de perder inversiones o empleos por fuga de empresarios o capitales vista la inseguridad, real o percibida reinante.
Esto lleva ala pérdida de recursos para el Estado y la desconfianza en el Estado de derecho y, en la cohesión social. Los sectores altos apelan a mecanismos pasivos de defensa, alarmas, rejas, cámaras, etc. Y activos contratando agentes privados.
Los sectores situados más abajo en la escala social no tienen esa capacidad y eso lleva a desconfiar del Estado como proveedor de uno de sus fines primarios, asegurar al máximo la seguridad de sus habitantes.
---o---
La cohesión social se ve fuertemente afectada por la vigencia de un sistema económico que con aunque con restas impera en casi toda la región, el capitalismo, que conlleva fuertes desigualdades sociales, acentuada por el hecho que la mayoría de los países son productores de materias primas a través explotaciones agropecuarias fuertemente mecanizadas, o de minería, que ocupa directamente a poca mano de obra, dejando como principal fuente de empleo la provisión de servicios, muchos de ellos en condiciones de informalidad.
Para muchos de los integrantes de los sectores sociales subalternos esta situación se percibe como intolerable, es fuente de resentimiento y de conductas que llevan al camino del delito. La ausencia de capacidad de consumo, o del tipo de consumo deseado impulsa a sectores más decididos de la sociedad a recorrer caminos alternativos. Así como muchos lo hacen desempeñándose en la informalidad laboral, otros recorren el camino de la actividad delictiva.
La misma provoca reclamos societales fuertes, especialmente en los estratos medios y medios bajos que reclaman "mano dura".
La misma, a veces se implanta, en forma simplista, y su resultado es la agudización y no la solución del conflicto y, en tiempos en que se han afianzado libertades no se puede recurrir a la fuerza bruta que ahoga reclamos como ocurría en tiempos autoritarios no tan lejanos en el tiempo.
Una pregunta central del vínculo entre seguridad y gobernabilidad democrática es cómo desarrollar las distintas dimensiones de la seguridad en condiciones de gobernabilidad. Preservar la gobernabilidad es fundamental para el mantenimiento de la democracia. Esto se va tornando cada vez más complejo, por el proceso de inflexión y cambio que está experimentando en muchos países de América Latina.
Si consideramos que la democracia debe ser vista no sólo como un régimen institucional, sino como una forma de vida que supone la vigencia de garantías propias del Estado de derecho y la tolerancia, una situación de inseguridad, fuertemente percibida por los ciudadanos, es una fuente de desestabilización y no favorece la cohesión social.
La pobreza afecta la libertad, las oportunidades de empleo limitadas y la marginalización, el deterioro constante de la infraestructura pública, especialmente el mobiliario urbano y las vías de tránsito, la intolerancia, que se manifiesta en actos cotidianos, en eventos deportivos, la sensación que el sistema educativo no proporciona herramientas de integración social, no son sólo síntomas, ni creaciones exclusivas de los medios de comunicación social. Es cierto que éstos multiplican las sensaciones de inseguridad, pero es un hecho que ésta existe y condiciona la vida de la sociedad y la acción de los gobiernos deteriorando la calidad de la democracia.
---o---
El concepto corriente a emplear es el de seguridad pública, la necesidad de que el Estado proteja a los habitantes de la acción delictiva. Se trata de un concepto basado en la acción del Estado, en la cual los habitantes son un sujeto pasivo no participante.
Se diferencia del orden público, que supone la existencia de normas de convivencia y so de los espacios públicos, y que normalmente se consideran cuando tiene efectos negativos, por su alteración en casos de protesta que implicaría la pérdida de la "tranquilidad publica". Sin embargo, poco a poco, como se considera parte de la protesta social, producto de la existencia de desigualdad social y marginalidad, la tolerancia ante el "desorden" ha crecido fuertemente.
La noción de seguridad ciudadana, supone la participación de la comunidad y más aún apunta a una posición "garantista" de libertades y, en la práctica supone que se defiende al colectivo ciudadano, apuntando a cada individuo en particular. Aunque se habla de ciudadanos, el concepto realmente abarca a todos los habitantes, sea o no jurídicamente un ciudadano
Muchos de los países han logrado introducir una diferencia entre el concepto de defensa nacional, el mantenimiento de la soberanía, frente a amenazas provenientes del exterior. Se la distingue de la seguridad del Estado, que tiene un alcance mayor, pues las amenazas que recibe el Estado, se refieren a su estructura. Hay también una seguridad gubernamental, en este caso referida a cada conducción política específica del Estado.
En cuanto a la cohesión social, importa, entonces manejar un concepto adecuado de seguridad ciudadana, y partir de allí, delinear políticas de acción, que suponen una importante participación.
Con ello es posible mantener una gobernabilidad con contenido democrático, que permita mantener el Estado de derecho.
----o---
Se trata de un tema que constantemente preocupa la atención de los habitantes y tiene connotaciones políticas fuertes, dado que los organismos estatales encargados de proporcionar seguridad no pueden hacerlo.
Confesar que no es sólo un problema del Estado, sino de la sociedad, tratar de lograr el involucramiento de la misma es muy relevante y por esa vía se han logrado algunos buenos resultados. Pero, los proyectos llevados adelante suelen tener alcance limitado, local. Sin un cambio en la conducta de las generaciones venideras el problema se agudizará. Supone tener en cuenta no sólo la adecuada combinación entre prevención y represión, no sólo las políticas de manejo adecuado de lugares públicos y la expansión de los consejos ciudadanos de seguridad pública y la lenta acción de los organismos judiciales y policiales sino un cambio de valores, para reducir el "lumpen consumerismo" Los medios pueden hacer mucho al respecto, pero los intereses en contrario, por el momento siguen dominando.
La gobernabilidad puede ser afectada por numerosos factores, no sólo los problemas sociales que ponen de manifiesto necesidades insatisfechas y falencias del gobierno en el diseño e implementación, sino también en la existencia o no de una situación de seguridad pública, que reduzca al máximo el miedo del ciudadano en ese aspecto.
Toda actividad humana se basa en la probabilidad. Como se sabe, se puede hacer un manejo de la probabilidad al estilo del que plantean las compañías que ofrecen seguros, haciendo un cálculo actuarial. Normalmente esos cálculos actuariales se basan en datos más o menos "duros" y supone el manejo estadístico de información de base. En cuanto a seguridad pública se supone que la base está en información provista por organismos judiciales, policiales, hospitalarios, organismos de asistencia social, penitenciarios, etc. Toda esa masa de datos supone construir un modelo y de este modo obtener un contexto de seguridad o inseguridad de tipo "objetivo". Lamentablemente, no siempre se cuenta con esta información, y muchas veces no es consistente, siendo fuertes las discrepancias entre las diversas fuentes de datos.
Además, hay que tener en cuenta que ciertas formas de delictividad menor, que no suponen violencia, o cuyo efecto sobre la propiedad no implica la necesidad de obtener certificados o constancias, para presentar ante empresas de seguros, financieras, o emisoras de documentos, no suelen denunciarse.
Pero, hay otra forma de (in)seguridad, que podríamos denominar como subjetiva, producto de la percepción de la situación que tiene el habitante. La misma puede partir de encuestas de victimización, o simplemente de percepciones acerca de la situación y el ambiente de seguridad.
Esta (in)seguridad percibida suele diferir bastante de las mediciones provenientes de los datos que conforman la (in)seguridad objetiva, y es un punto que condiciona las políticas públicas, influye sobre como se imagina la convivencia comunitaria y cual es el tipo de "comunidad imaginada deseable" y refleja la situación de cohesión (o falta de) social.
Los delitos que afectan más la percepción de la población son de dos tipos, los que afectan a las personas, que incluyen el homicidio, fundamentalmente el de tipo doloso, las diversas formas de agresión que pueden provocar lesiones. Los delitos que suponen la pérdida de la libertad, como el secuestro. Otros tipos de delitos que influyen fuertemente en la sociedad son los de tipo sexual, las violaciones, o la trata de personas.
Un segundo tipo de delitos que incluye mucho, son los que afectan la propiedad, La modalidad varía pues hay distinguir el hurto de la rapiña, de la comisión de robos mediante el uso o la amenaza del uso de la violencia, que, en tal caso, pasa a ser delito contra la propiedad y contra la persona.
El crecimiento urbano, y la complejidad social ha dado origen a nuevos tipos de delitos, complejos, producto de la acción de organizaciones delictivas.
Muchos se asocian al comercio o provisión de drogas.
Con sin delito conexo uno de los problemas fuertes de la inseguridad es la de tipo vial, producto de accidentes de tránsito.
Otro tipo de acción delictiva a tener en cuenta es la situación deriva de desastres naturales, que afectan la capacidad de es respuesta, sea estatal o comunitaria y que puede tener, como resultado conexo la practica delictiva.
Hay otros delitos que no tienen la misma connotación, como el contrabando que, en muchos casos la población, sabiendo que es una conducta antijurídica, sin embargo, puede considerarlo como socialmente tolerado y es practicado abiertamente. Hay otras formas similares de conductas delictivas, que al no tener una "víctima aparente" tienen la misma consideración, pero no hay duda que causan perjuicios.
Casos muy difíciles de resolver se ven día a día, con la falsificación de productos, el consumo de servicios robados de todo tipo, desde la producción artística a la provisión de energía eléctrica.
En cuanto a las estafas, en más de un caso son producto de la codicia de la víctima que se deja engañar, y normalmente sólo suelen provocar problemas en las víctimas, siendo que el resto de la sociedad, en más de un caso, hasta "comprende" a quién es el actor ejecutivo del delito.
El cohecho o el soborno, actividad corriente en toda sociedad en su relacionamiento con ciertos representantes estatales, puede ser tolerado, pero dependiendo de cada sociedad, es mal visto. La prédica constante de los últimos años ha sido eficaz para, poco a poco considerar que esas conductas no son aceptables. San Cipriano, uno de los Padres de la Iglesia, en el siglo V, notaba que los privilegios son aceptados por los sectores sociales subalternos si, a cambio hay protecciones, o se benefician por algún "resto" que cae de las mesas de los poderosos. Pero no los acepta si no hay nada a cambio. Ha corrido mucha agua desde entonces, y, cada vez más, lo que los poderosos transfirieron, en protecciones, servicios y prestaciones se considera un derecho y no una dádiva generosa y no suele tener buena prensa. El "clientelismo horizontal", la cobertura global de sectores desfavorecidos es a una practica constante con más de 80 años de antigüedad, que ha sustituido, en gran medida, el clientelismo vertical tradicional.
Hay diversos factores que favorecen la actividad delictiva. El fuerte crecimiento urbano, la existencia de un número importante de gente joven que sabe que no tendrán oportunidad de tener una actividad en el mercado laboral de tipo formal, la inexistencia de marcos de contención familiar. A su vez hay nuevas técnicas delictivas en proceso.
En lo cultural, hay que señalar el consumo de drogas y alcohol es otro factor de atracción hacia el delito., así como la introyección de pautas intolerantes, del uso de la violencia, del porte y uso de armas.
El ethos dominante en los sectores más jóvenes ha conducido a la creación de un sector "lumpen consumerista", compuestos por jóvenes "ni-ni" (ni trabaja ni estudia), que además considera que un empleo, un trabajo mal pago no debe aceptarse y que debe recorrerse otro camino.
(En un reciente viaje al sur, oí como una "barra de la esquina" de varios adolescentes le gritaba a un chico que hacía mandados para la farmacia en forma insultante: " alcahuete trabajas por dos mangos!", señalando que el camino no es aceptar trabajos de base con poca paga, sino subvertir el orden social promedios no legales). En términos del argot rioplatense, para muchos jóvenes el pensamiento dominante es "si aceptas un laburo por 4 mil mangos, sos un gil"(Si tienes un empleo que sólo te paga 8 mil pesos, un poco más de 200 dólares al mes, eres un estúpido)
Hoy muchos de los pequeños actos delictivos no son por una situación desesperada de falta de cobertura de necesidades básicas, sino por falta de posibilidades de alcanzar un estatus social que permite tener la ropa de marca y otros símbolos propios de la sociedad de consumo.
El fenómeno también se manifiesta en la pérdida de autoridad de parte de maestros y profesores en establecimientos educativos, en los que los alumnos los maltratan. Muchas de estas instituciones, "aguantaderos" de tensiones sociales, focalizan allí tensiones y problemas barriles y son centro constante de problemas, no instituciones educativas. Más que instruir, la tarea básica de maestros y profesores en ciertos contextos urbanos críticos es contener... cosa para la cual muchos no están preparados.
Aunque no es "todo" el problema, en un contexto de fuerte crecimiento demográfico, con sociedades jóvenes (y también se da en las envejecidas) este nuevo pensamiento lleva a dejar obsoletas muchas de las asunciones recientes sobre el problema delictivo.
La mano dura, las razzias, no cambian los valores. Es más acentúan luego el camino hacia la delincuencia como forma de vida permanente. Hay países donde se intenta bajar las edades de imputabilidad. Obviamente, si eso ocurre, los adultos manipularan, cada vez más a menores que estén por debajo de la edad establecida. Por otra parte los enfoques basados en la responsabilidad de la sociedad pura, por la existencia de sectores marginalizados o excluidos, tiende a ser no mucho más de un "mar de letras" y de buenas intenciones, mientras que el habitante está dispuesto a aceptar soluciones drásticas que afectan la convivencia en un marco democrático.
Muchas medidas han sido exitosas, como la constitución de redes ciudadanas en apoyo de la seguridad, los cambios realizados en el uso y conservación de espacios públicos. Pero son tareas que requieren constante acción y cuidado, y no siempre se cuenta con las ganas de los grupos sociales para seguir adelante con la tarea. Un ejemplo lo da Bogotá que logró un cambio sustancial en su situación bajo los alcaldes Peñaloza y Mockus, y hoy el destituido Moreno ve nuevamente un deterioro marcado de la situación.
Este panorama se complica aún más por el crecimiento de las actividades propias de la delictiva compleja, que supone la intervención de muchos actores. No sólo el tráfico de drogas, una de las actividades más cubiertas por los medios de comunicación es parte de ello. Aunque dados sus anexos violentos son uno de los puntos sustanciales cubiertos por media. Ya no sólo se provee de droga a sectores afluentes, ahora se han creado productos para sectores subalternos (crack, pasta base, "paco" son algunos de los nombres de estos productos). Para conseguirlos, o para garantizar bocas de expendio, se practica formas nuevas de violencia, que afectan no sólo al círculo de proveedores y consumidores sino al resto de la sociedad.
Asimismo supone el uso de "mano de obra" barata, sean estas "maras", personas marginales, etc. Que contribuyen al deterioro de la cohesión social.
También hay que señalar otras formas, como el robo de cables de cobre, para uso telefónico o trasmisión eléctrica, tapas de alcantarilla u otras partes de mobiliario urbano factibles de reciclar. El robo de servicios, como el de energía eléctrica, agua potable, TV cable y otros servicios. Robo de teléfonos celulares para revenderlos, en muchos casos para apoyar otras actividades delictivas. Robo desarmado de vehículos o de sus partes. Robo de combustibles y lubricantes. Abigeato, robo de semovientes. Tráfico de personas, sea la mera inmigración, o la prostitución, o de órganos Robo de información digital, o de tarjetas de crédito. Secuestros "express" para vaciar cuentas utilizando cajeros automáticos. Lavado de dinero y otros activos.
También hay que tener en cuenta el efecto de "aprendizaje" que se da en los centros de detención y las prisiones, donde es poco el éxito que se registra en la rehabilitación.
En forma más genérica hay que señalar los problemas que plantean los organismos judiciales y policiales que repercuten sobre la calidad del Estado de derecho y por ende de la democracia. La justicia es lenta y muchas veces puede ser manipulada o corrompida. La actividad policial vive constantemente bajo el acecho de la corrupción.
Los daños producidos por los delitos, refieren al derecho a la vida o a la integridad física, o la libertad personal, o la dignidad humana que puede ser agredida por conductas sexuales abusivas, por ejemplo.
Tiene costos, que pueden llegar desde la atención médica a la psicológica, así como las pérdidas que se trasmiten en el marco económico social por imposibilidad de desempeñar una tarea, devenir discapacitado, etc. Hay en esos casos una pérdida real de "capital social" que no es fácil de medir. Supone costos crecientes en seguros de salud, seguros financieros, y la posibilidad de perder inversiones o empleos por fuga de empresarios o capitales vista la inseguridad, real o percibida reinante.
Esto lleva ala pérdida de recursos para el Estado y la desconfianza en el Estado de derecho y, en la cohesión social. Los sectores altos apelan a mecanismos pasivos de defensa, alarmas, rejas, cámaras, etc. Y activos contratando agentes privados.
Los sectores situados más abajo en la escala social no tienen esa capacidad y eso lleva a desconfiar del Estado como proveedor de uno de sus fines primarios, asegurar al máximo la seguridad de sus habitantes.
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La cohesión social se ve fuertemente afectada por la vigencia de un sistema económico que con aunque con restas impera en casi toda la región, el capitalismo, que conlleva fuertes desigualdades sociales, acentuada por el hecho que la mayoría de los países son productores de materias primas a través explotaciones agropecuarias fuertemente mecanizadas, o de minería, que ocupa directamente a poca mano de obra, dejando como principal fuente de empleo la provisión de servicios, muchos de ellos en condiciones de informalidad.
Para muchos de los integrantes de los sectores sociales subalternos esta situación se percibe como intolerable, es fuente de resentimiento y de conductas que llevan al camino del delito. La ausencia de capacidad de consumo, o del tipo de consumo deseado impulsa a sectores más decididos de la sociedad a recorrer caminos alternativos. Así como muchos lo hacen desempeñándose en la informalidad laboral, otros recorren el camino de la actividad delictiva.
La misma provoca reclamos societales fuertes, especialmente en los estratos medios y medios bajos que reclaman "mano dura".
La misma, a veces se implanta, en forma simplista, y su resultado es la agudización y no la solución del conflicto y, en tiempos en que se han afianzado libertades no se puede recurrir a la fuerza bruta que ahoga reclamos como ocurría en tiempos autoritarios no tan lejanos en el tiempo.
Una pregunta central del vínculo entre seguridad y gobernabilidad democrática es cómo desarrollar las distintas dimensiones de la seguridad en condiciones de gobernabilidad. Preservar la gobernabilidad es fundamental para el mantenimiento de la democracia. Esto se va tornando cada vez más complejo, por el proceso de inflexión y cambio que está experimentando en muchos países de América Latina.
Si consideramos que la democracia debe ser vista no sólo como un régimen institucional, sino como una forma de vida que supone la vigencia de garantías propias del Estado de derecho y la tolerancia, una situación de inseguridad, fuertemente percibida por los ciudadanos, es una fuente de desestabilización y no favorece la cohesión social.
La pobreza afecta la libertad, las oportunidades de empleo limitadas y la marginalización, el deterioro constante de la infraestructura pública, especialmente el mobiliario urbano y las vías de tránsito, la intolerancia, que se manifiesta en actos cotidianos, en eventos deportivos, la sensación que el sistema educativo no proporciona herramientas de integración social, no son sólo síntomas, ni creaciones exclusivas de los medios de comunicación social. Es cierto que éstos multiplican las sensaciones de inseguridad, pero es un hecho que ésta existe y condiciona la vida de la sociedad y la acción de los gobiernos deteriorando la calidad de la democracia.
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El concepto corriente a emplear es el de seguridad pública, la necesidad de que el Estado proteja a los habitantes de la acción delictiva. Se trata de un concepto basado en la acción del Estado, en la cual los habitantes son un sujeto pasivo no participante.
Se diferencia del orden público, que supone la existencia de normas de convivencia y so de los espacios públicos, y que normalmente se consideran cuando tiene efectos negativos, por su alteración en casos de protesta que implicaría la pérdida de la "tranquilidad publica". Sin embargo, poco a poco, como se considera parte de la protesta social, producto de la existencia de desigualdad social y marginalidad, la tolerancia ante el "desorden" ha crecido fuertemente.
La noción de seguridad ciudadana, supone la participación de la comunidad y más aún apunta a una posición "garantista" de libertades y, en la práctica supone que se defiende al colectivo ciudadano, apuntando a cada individuo en particular. Aunque se habla de ciudadanos, el concepto realmente abarca a todos los habitantes, sea o no jurídicamente un ciudadano
Muchos de los países han logrado introducir una diferencia entre el concepto de defensa nacional, el mantenimiento de la soberanía, frente a amenazas provenientes del exterior. Se la distingue de la seguridad del Estado, que tiene un alcance mayor, pues las amenazas que recibe el Estado, se refieren a su estructura. Hay también una seguridad gubernamental, en este caso referida a cada conducción política específica del Estado.
En cuanto a la cohesión social, importa, entonces manejar un concepto adecuado de seguridad ciudadana, y partir de allí, delinear políticas de acción, que suponen una importante participación.
Con ello es posible mantener una gobernabilidad con contenido democrático, que permita mantener el Estado de derecho.
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Se trata de un tema que constantemente preocupa la atención de los habitantes y tiene connotaciones políticas fuertes, dado que los organismos estatales encargados de proporcionar seguridad no pueden hacerlo.
Confesar que no es sólo un problema del Estado, sino de la sociedad, tratar de lograr el involucramiento de la misma es muy relevante y por esa vía se han logrado algunos buenos resultados. Pero, los proyectos llevados adelante suelen tener alcance limitado, local. Sin un cambio en la conducta de las generaciones venideras el problema se agudizará. Supone tener en cuenta no sólo la adecuada combinación entre prevención y represión, no sólo las políticas de manejo adecuado de lugares públicos y la expansión de los consejos ciudadanos de seguridad pública y la lenta acción de los organismos judiciales y policiales sino un cambio de valores, para reducir el "lumpen consumerismo" Los medios pueden hacer mucho al respecto, pero los intereses en contrario, por el momento siguen dominando.
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